PLAN A Y B DE CORREA (29 JUNIO 2015)

Las marchas del 24, 25 y 26 de junio representan un hito en lucha de la mayoría de ecuatorianos por la restauración de la democracia en el país en contra del régimen correísta.

La lucha en las calles denota un alto grado de conciencia cívica de parte de los ciudadanos que en pocas semanas han logrado inclinar la balanza del poder político a su favor.

La dinámica de la lucha deja entrever que el gobierno ha perdido la iniciativa, que ya no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población y que cada medida que toma incrementa la crisis política con efectos negativos para la economía también. Es evidente que Correa no tiene credibilidad, y que su otrora inmenso poder no sólo que ha sido mermado considerablemente por las demostraciones multitudinarias y diarias de rechazo, sino que está a punto de desmoronarse como un castillo de naipes.

Correa a regañadientes ha reconocido sus derrotas y su precaria situación, política y económica, lo que se refleja en su errático, contradictorio y apesadumbrado discurso aunque esto no signifique un cambio sustancial en su forma despótica de gobernar y aferrarse al poder. Así, aunque a ratos parecería haber tomado conciencia de que sus días como líder mesiánico terminaron, y de que las probabilidades de que no llegue a cumplir su período presidencial son muy altas a menos de que realice la larga lista de rectificaciones demandada por la ciudadanía, es su identidad egocentrista y autoritaria la que termina por prevalecer en su discurso, reiterando como si hablara consigo mismo: “no nos vencerán, no vencerán a la revolución ciudadana, somos más, muchísimos más”.

Correa sabe que el pueblo lo ha derrotado en las calles, y que exige su salida del poder. Intuye que la aguda crisis por la que atraviesa se debe no solamente al rechazo a las políticas antipopulares de su gobierno, la corrupción desmedida, sino y sobre todo por el desprecio que la mayoría de ciudadanos sienten por él como persona, por su discurso estigmatizante de la sociedad, por su forma despótica de ejercer el poder, por su manera ruin de ser y escudarse en la “majestad del poder”. Desprecio que dicho sea de paso se extiende a su larga lista de serviles colaboradores. Correa comprende que los actores políticos han tomado conciencia de este hecho social y de que han empezado a actuar en consecuencia, como él mismo lo habría hecho y reconoce desde su óptica de realista pragmático, lo que significa mayores movilizaciones ciudadanas de protesta.

Ante esta situación el disminuido caudillo opta como estrategia política de salvación por apostar a la amenaza de un supuesto “golpe de Estado” y su salida “anticonstitucional” del poder. Correa pretende aprovecharse de los traumas políticos del pasado, que persisten en el imaginario social, formulando una especie de chantaje a la conciencia ciudadana, invocando al fantasma de un supuesto quebrantamiento de la democracia que dañaría la imagen del país.

Por eso en la última sabatina a la vez que dio a entender que si bien la oposición contaba con apoyo popular (población desinformada y engañada según él), la “única manera de sacarme” del poder sería violando la constitución, elevando la beligerancia y confrontación de su discurso. Bajo este plan y estratagema estima que va a lograr cansar y desalentar las marchas y plantones ciudadanos, desarmar a los dirigentes de la oposición y de los sectores sociales, lo que le permitiría ganar tiempo y si tiene suerte ganar incluso las elecciones del 2017 gracias a su sumiso consejo electoral y el nuevo “sistema venezolano” de voto electrónico. En caso de que este plan A no resulte, cuenta por supuesto con un plan B, cual es el de precisamente provocar y aparentar un “supuesto golpe de estado” que sería presentado ante los ojos del mundo como su derrocamiento “inconstitucional”. Como sabemos, Correa es proclive al simulacro político y no tiene ningún escrúpulo en aparentar aunque sea burdamente un supuesto golpe de Estado con tal de cumplir su objetivo, como lo demostró durante los trágicos acontecimientos del 30 de septiembre del 2010. Desde su perspectiva maquiavélica, éste plan le permitiría argüir que fue victima de una conspiración internacional de la ultraderecha y el imperialismo, evadir la justicia, y gozar de su “patrimonio” y “departamento” en Bruselas, además de recibir el apoyo de su amplia red internacional chavista de “amigos” del socialismo del siglo XXI. Como buen populista oportunista esperaría el momento adecuado para volver por sus fueros a intentar cooptar con sus enormes recursos el poder político en el Ecuador. Cabe aclarar que Correa y sus asesores optaron por la estrategia descrita (plan A y B) luego de que los militares ecuatorianos, comprometidos con su tradición de no reprimir al pueblo en las calles, rechazaron su pedido de implantación del Estado de excepción.

Debemos añadir que la estrategia del político aparentemente frío y calculador no está exenta de exabruptos y drama, en especial en situaciones de crisis como la actual, dada su personalidad inestable, cambiante, en ocasiones delirante, y que genera contradicciones de manera recurrente. Es por eso que en estos días despojado de su “carismático” poder le resulta muy difícil fingir y no mostrarse tal como es en su fuero interno: como un dictadorzuelo asustado que presiente que el día de rendición de cuentas a la justicia podría estar muy cerca, y que no sabe si es el momento de correr o si debe continuar aparentando fortaleza en medio de la crisis. Esto ayuda a explicar sus múltiples cambios respecto de la ley de herencia, y plusvalía, su reciente llamado al “dialogo” con la sociedad, su relación oportunista con los empresarios, con la cúpula militar y la iglesia. Daba vergüenza ajena verlo en su último show mediático de los sábados agobiado de rabia e impotencia por el giro inusitado de los acontecimientos, frente a una audiencia de las redes clientelares gubernamentales que daba señales de aburrimiento y fastidio por su cansina retórica. En su alocución se comparó con quienes considera sus principales detractores políticos e invocó a los diversos sectores sociales para que los juzguen por no pagar impuestos. Casi implorando pidió que revisen y comparen las aportaciones de años recientes y pasados, como diciendo “no me juzguen a mi, hay dirigentes políticos iguales o más corruptos que yo”. Actitud audaz e impúdica pues todo el país conoce que la mayor corrupción proviene de Carondelet.

Lo acontecido en esta semana y la respuesta irresponsable del régimen de querer imponer su voluntad e intereses de grupo por encima de la voluntad popular determina un cambio radical de la agenda política nacional. Así, por ejemplo, en la nueva coyuntura ya no cabe plantear rectificación ni diálogo, pues no existe ni voluntad ni credibilidad en Correa y su camarilla, como lo han señalado varios dirigentes de distintos sectores. Resulta completamente obvio que la larga lista de reivindicaciones (rectificaciones) que la ciudadanía demanda: archivo definitivo de las leyes de herencia y plusvalía, archivo de las enmiendas constitucionales para aprobar la reelección, restablecer el aporte del 40% al seguro social, derogación del nuevo código del trabajo, devolución del Fondo de Pensiones del gremio de maestros, no pago de la nueva deuda ilegitima del gobierno correísta, término de la criminalización de la protesta social, fin de la explotación del Yasuní, no a la minería a cielo abierto, etc., etc., jamás serán aceptadas por el régimen despótico de Correa.

Afortunadamente, ante el panorama descrito que amenaza en sumir al país en la violencia e ingobernabilidad, se empiezan a multiplicar las voces de líderes políticos y de opinión que plantean la renuncia de Correa, como alternativa de solución democrática de la grave crisis política y económica, tal como lo prevé la constitución actual en su artículo 145 relativo a la terminación del mandato presidencial, conforme lo demanda la ciudadanía en las calles. Renuncia a la presidencia que debe ser acompañada por la del Vicepresidente Glass, y de todas las autoridades que conforman el Estado correísta. La renuncia del Presidente y miembros del gobierno impediría que Correa y su camarilla puedan evadir la justicia y evitaría que continúen destruyendo y endeudando ilegítimamente el país.

Cabe añadir a lo indicado que la institucionalidad democrática del país, en particular en lo que concierne a su andamiaje jurídico, su sistema de justicia, sus órganos de control, ha sido completamente contaminada y cooptada por el poder autocrático de Correa y su camarilla, lo que exige que la discusión sobre cómo resolver la terminación de la dictadura deba realizarse en el espacio meta constitucional, de los fundamentos y valores básicos de la sociedad democrática, del derecho a la resistencia y terminación del período presidencial consagrado en la constitución, y no en el espacio reducido y amañado de los mecanismos y reglamentos ilegítimos que forman parte del andamiaje jurídico de control del Estado autocrático.

Debemos estar conscientes que la restauración de la democracia debe construirse día a día. Nos espera un período de transición que debe iniciarse el mismo día de la salida constitucional de Correa mediante la conformación de una Junta de Notables, de hombres probos, de trayectoria transparente, que represente y refleje nuestra diversidad social, que asuma temporalmente el poder y convoque a una nueva Asamblea Constituyente y/o elecciones anticipadas, con un tribunal electoral diáfano.