Agravación de la crisis y Paro Nacional. (19 JULIO 2015)

La situación de crisis del Ecuador continúa agravándose. El gobierno correísta, frente a un escenario que parecería haberlo desbordado, luce desconcertado, sin saber como actuar, optando por aferrarse a viejas tácticas y estrategias que lejos de ser una tabla de salvación profundizan la crisis.

En lo económico, por ejemplo, lo más preocupante sin duda lo constituye el acelerado y peligroso endeudamiento público (incluida la deuda externa), así como la utilización de mecanismos de pago con dinero inorgánico que junto con las medidas de salvaguardia aumentan las interrogantes sobre la sostenibilidad de la dolarización en el país. Medidas desesperadas que buscan suplir la falta de liquidez en las arcas fiscales, claves para la perpetuación del proyecto totalitario, pero que no abordan los problemas de fondo del país: desaceleración de la actividad económica, (con afectación de sectores de gran significación por su dinamismo y efecto multiplicador como el de la construcción), incremento del desempleo, déficit de la balanza comercial y de pagos, disminución del índice de competitividad del país y aumento del riesgo país, incremento del costo de vida, fuga de capitales, entre los más significativos. Cuadro tremendamente negativo e injustificable tomando en cuenta los ingentes recursos con los que ha contado por más de ocho años el régimen correísta.

Cabe indicar que la mencionada situación de la economía podría complicarse aún más de continuar la contracción de la demanda de materias primas a nivel mundial, acompañada del incremento de la oferta en el caso del petróleo, así como por un clima de intranquilidad en el sistema financiero internacional, con China y la eurozona como protagonistas principales.

En el ámbito político, la actitud del gobierno es igualmente poco innovadora y exitosa. Como en el pasado, continúa aferrado a su discurso populista de representación binaria de la realidad, de amigos y enemigos de la revolución. Su llamado al dialogo es presentado bajo dicho esquema: los de buena y mala fe, los que hablan con la verdad y los que mienten. Con esta perspectiva toma asimismo medidas de amedrentamiento y división de la oposición, amparado en el control del andamiaje de todos los poderes del Estado. Este ha sido claramente el caso de su política hacia los trabajadores, el movimiento indígena, los estudiantes, los empresarios, aunque con magros resultados. Por un lado Correa se ufana en denostar públicamente a aquellos dirigentes y representantes de los sectores que son críticos con su gobierno, buscando deslegitimar y menoscabar la institucionalidad de su gremio. Por otro hace todo lo necesario para reafirmar la relación de lealtad y obediencia de parte de los pocos dirigentes leales a él, cuyas conciencias son compradas mediante “favores” económicos y políticos provistos por el aparataje clientelar estatal de Alianza País.

Asimismo, respecto de los actores y movimientos políticos, Correa confía en mantener dividida a la oposición vía la estigmatización, calificándolos como los representantes de la derecha, ultraizquierda ó izquierda infantil, en oposición a él, como encarnación del interés popular. Utiliza viejas prácticas de amenaza y chantaje con el fin de inmovilizar a varios de sus detractores y evitar nuevas convocatorias. Un ejemplo importante es el caso de las denuncias contra los alcaldes de Guayaquil y Quito y varios dirigentes políticos. Existen igualmente amenazas de acciones judiciales contra varios de los representantes del centro izquierda e izquierda, así como de los diferentes gremios, movimientos sociales y activistas de las redes sociales. Como años atrás continúa la censura sistemática a los medios de comunicación y se reanudan los ataques cobardes a plena luz del día contra los periodistas. La última víctima fue Christian Zurita, enemigo jurado de Correa por haber revelado los pingues contratos de su hermano Fabricio, ex tesorero de campaña y miembro fundador de Alianza País. Dicha persecución y ataques sin embargo, generan solidaridad y abonan a la decisión ciudadana de continuar su lucha por la libertad.

Las arremetidas de Correa contra sus detractores, en algunos casos con fines propagandísticos, chantaje y cálculo político rayan en el absurdo. Tal es el caso de la risible acusación de golpe de Estado contra varios asambleístas realizada por el Ministro del Interior, José Serrano, con ocasión de una de las marchas recientes y que se enmarca en una estrategia de victimización y justificación de la represión que ya ha sido denunciada. Igual de disparatada es la maniobra propiciada por la Asambleísta de Alianza País, Rosana Alvarado, de presentar una ley para retirar la pensión de los ex presidentes que se ausentaron del país sin el permiso del Congreso Nacional, con clara dedicatoria en contra de los ex presidentes Abdalá Bucaram, y Lucio Gutiérrez. Bucaram ha denunciado en varias ocasiones que se vio obligado a brindar su apoyo y a pactar con Correa al inicio de su gobierno, pero que éste luego lo traicionó, incumpliendo la promesa de facilitar su retorno al país.

Como se sabe, la propaganda es uno de los pilares fundamentales de la política del régimen correísta. Sin embargo, contrario a lo que sucedía en los primeros años de popularidad del caudillo, el aparato de propaganda montado por los hermanos Alvarado ya no rinde los resultados esperados. Esto se evidenció de manera clara durante la reciente visita del Papa Francisco, cuando el régimen trató burdamente de manipular la figura y doctrina de la iglesia con fines políticos, lo que causó el rechazo y la ira de la población que desafiante pifió a Correa en presencia del ilustre visitante y de toda la prensa internacional.

El fracaso del discurso, propaganda y accionar político del régimen en la actual situación de crisis se refleja no sólo en la debilidad de sus ataques contra la oposición, sin ninguna victoria digna de mencionar, sino también en la persistente caída de su popularidad, como lo indican varias encuestas, y su muy reducido poder de convocatoria en las calles. Un ejemplo de lo señalado fue la escuálida manifestación organizada por Alianza País en contra del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Después de varios años de resistencia a la dictadura de parte de diferentes sectores sociales, la indignación social contra Correa y su gobierno se presenta mucho más fuerte que su política de propaganda, división y amedrentamiento. El atribulado caudillo parecería no entender que salvo contadas excepciones, es la ciudadanía la que convoca a las calles, que los dirigentes de manera consecuente se suman a la misma y no al revés, como tradicionalmente ha sido la práctica populista en Alianza País.

Un elemento adicional a considerar en el análisis sobre la actuación del régimen es el renovado afán de Correa de endurecer su política de control y represión social, lo que constituye una grave amenaza a la paz en el Ecuador de parte del Estado correísta. El régimen no sólo que ha montado un aparato de inteligencia y espionaje para dicho fin, con la asistencia de compañías como Hacking Team, sino que ahora anuncia de forma descarada la creación orgánica de sus propias fuerzas de choque, lo que deja entrever su desconfianza en las Fuerzas Armadas para reprimir el descontento popular. Un movimiento de “camisas pardas” que estaría dirigido por su hombre de mayor confianza, Ricardo Patiño. Militante de servilismo probado, de no muchas luces, pero igualmente ávido de poder, como lo revela su paso por diferentes ministerios, incluida la destruida Cancillería Ecuatoriana, convertida en nueva fuente de poder clientelar de Patiño. Los ahora importantes funcionarios Rommy Vallejo, Pablo Romero, Bayron Valle, Pedro de la Cruz, Octavio Villacreces, Patricia Dávila, son justamente, entre muchos otros, leales miembros de redes patiñistas creadas con la participación de su hermano Raúl.

Hay que recordar que Correa siempre ha contado con fuerzas de choque de inspiración fascista, provenientes de las redes clientelares de Alianza País, pero no en el número como requiere hoy, atemorizado por la numerosa presencia de la ciudadanía descontenta en las calles, cerca de Carondelet.

En resumen, se trata de un cúmulo de medidas políticas que al igual que las económicas resultan irresponsables e inescrupulosas, que buscan desactivar la protesta social y ganar tiempo para aprobar la reelección indefinida. Medidas que van de la mano con la política de violación de los derechos humanos de la dictadura, que agravarían la crisis y aumentarían el descontento de la gran mayoría de los ciudadanos.

Frente a la situación descrita es reconfortante observar que los sectores sociales, con el sector obrero e indígena a la cabeza, junto a los maestros, médicos, jubilados, estudiantes y la ciudadanía en general, empiezan a dar señales de actuar unidos, bajo planteamientos concretos de común interés, esenciales para la recuperación de la democracia, comenzando por el archivo de las enmiendas a la constitución, incluida la reelección indefinida y varias otras que cuestionan de raíz la legitimidad del régimen correísta. Son amplios sectores ávidos de iniciar el diálogo y la discusión sobre qué país queremos los ecuatorianos, pero que están conscientes de que el mismo sólo será posible efectuarlo cuando se restaure la democracia, en la etapa del post correísmo.

Las múltiples reivindicaciones sociales planteadas se perfilan como ejes de una estrategia de unidad de los ecuatorianos que permitiría cristalizar la consigna de “Fuera Correa Fuera” que grita la ciudadanía en las calles y plazas del país, en las redes sociales, con miles de miembros activos conscientes del peligro que corre la Patria.

En dicha ciudadanía y colectivos se observa un creciente y legítimo compromiso por poner término a la dictadura civil de Correa, como principal objetivo para superar la actual crisis nacional, mediante la protesta pacífica, incluido el paro indefinido, plantones y marchas. El anunciado próximo paro nacional será sin lugar a dudas un evento histórico que pondrá a prueba la posibilidad de unidad del pueblo ecuatoriano en su lucha por la democracia.