LECCIONES DE LA PROTESTA SOCIAL EN EL ECUADOR (16 de agosto del 2015)

Son varias las lecciones que nos dejan las recientes protestas que han estremecido al país.

Se han registrado conjuntamente uno de los levantamientos  del movimiento indígena, paro de trabajadores y movilizaciones de los sectores sociales de mayor significación en las últimas décadas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Son innumerables las imágenes, captadas por los lentes de cámaras, teléfonos inteligentes y drones, publicadas en internet, de ríos de gente (con cálculos que superan las 200.000 personas en Quito) que han salido a las calles en varias ocasiones para expresar su descontento y que amenazan con continuar la protesta hasta ser escuchados por el régimen correísta. Hecho social que se corresponde con el malestar mayoritario registrado en las redes sociales.

En las calles del país, en particular en Quito, se ha observado multitudes altamente concientizadas, consecuencia de un proceso de maduración política de varios años, que propugnan un cambio de políticas públicas y si es necesario de gobierno, y cuya energía rebasa las posibilidades de contención del régimen. Energía social que se deriva de la unidad del movimiento indígena con el movimiento de los trabajadores, así como de muchísimos gremios y  movimientos de ciudadanos, tanto de sectores populares como de la clase media, que si bien reivindican diferentes intereses,  tienen en común la lucha por la libertad y la democracia, lo que incluye el ser tratados de manera digna,  como mandantes de un gobierno, y no como entes oprimidos por un régimen autoritario.

Unidad solida que se evidencia en muestras inéditas de respeto mutuo, solidaridad, compañerismo que fortalece nuestra identidad de ecuatorianos y en la que influye de manera importante la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas.

La respuesta del gobierno corrupto y mafioso de Correa, caracterizado por un discurso intolerante y racista, ha sido como se esperaba llena de prepotencia; ciega y sorda ante el clamor popular para que archive las enmiendas constitucionales con las que pretende dejar la puerta abierta para permanecer indefinidamente en el poder, o poner un gobierno títere para después él volver. Nadie de sus cercanos colaboradores o coidearios se atreve a contradecirlo y peor indicarle que la protesta social contra el correísmo se está convirtiendo en un enorme tsunami que amenaza con arrasar su gobierno y movimiento político. Reacción incontenible que también rebasa a la de la mayoría de líderes de oposición, en particular de centro y derecha, que salvo ciertas excepciones han manejado un discurso conciliador con la dictadura, pero que conscientes de la situación ya dejan entrever la posibilidad de terminación anticipada del correísmo.

La ácida y torpe reacción del gobierno autocrático de Correa contra el pueblo ecuatoriano provoca que cada día pierda aún más legitimidad democrática, lo que le resta autoridad para dirigir los destinos del país, en particular en una situación de crisis política y económica como la que vivimos. En lo personal pienso que dicho proceso comenzó el mismo día de las elecciones de Febrero de 2013, cuando supuestamente Correa “ganó” las elecciones, pues dichos comicios se produjeron con “la cancha inclinada” en medio de escándalos de corrupción y denuncias de fraude con la complicidad de un consejo electoral dependiente de Correa, que permanecen en la conciencia popular hoy en día. Desde esta perspectiva, no sería coincidencia que tan sólo un año después el gobierno perdiera rotundamente las elecciones de gobiernos locales, como ocurrió en febrero de 2014. Las movilizaciones han ido fortaleciéndose e incrementándose desde entonces.

Al punto anterior hay que agregar los preocupantes síntomas de desequilibrio de la personalidad y conducta de Correa frente a la crítica situación a la que ha llevado al país: negación de la realidad, delirios de persecución y grandeza, cambios súbitos de estado de ánimo, alto grado de agresividad, que se manifiestan en su animadversión hacia la población, y se expresa en injustificadas órdenes de represión y criminalización de la protesta social. Cuadro que amerita que el mandatario sea atendido por especialistas en el campo de la psicología y/o psiquiatría de manera urgente.

La situación de crisis crea un país dividido, de manera antagónica, entre el pueblo soberano, representado por la mayoría de ciudadanos y sectores sociales, que expresan su descontento en la calle por ya varios meses,  después de varios años de resistencia, y un gobierno déspota, representado por un caudillo desequilibrado, montado sobre una estructura clientelar desvencijada.

El primero, el pueblo, cuenta con la legitimidad que emana de sí mismo, con la fuerza de la razón que surge de la democracia participativa y del derecho a la resistencia contemplado en la constitución; pueblo que ha dado muestras de valor y de arriesgar su vida si es necesario (varios lamentables sucesos, resultado de la represión del gobierno, ya se han registrado) para lograr un cambio en la política del gobierno o su destitución. El segundo, el caudillo, controla todos los poderes del Estado gracias a una constitución hecha y violentada a su medida, con su popularidad y legitimidad por los suelos, pero prevalido de las bayonetas y la militarización de los alrededores de Carondelet, único factor que le permite mantenerse en el poder. Autócrata represor que se empecina en continuar su políticas antipopulares sin escuchar al pueblo y/o a la oposición, sin importarle las consecuencias para la nación.

Ante dicha situación antagónica, que no puede prolongarse de manera indefinida por el bien del país, se torna imprescindible la intervención de las Fuerzas Armadas, institución que se ha resistido a la manipulación política del régimen, y  que como ha ocurrido en el pasado, en similares circunstancias, sería la única capaz de plantearle de manera frontal y realista al caudillo y su camarilla que ha llegado la hora de decidir: o acepta las demandas del pueblo sublevado en las calles, esto es archivar las enmiendas constitucionales y su pretensión de permanecer indefinidamente en el poder, o renuncia tal como lo contempla la constitución.

Disyuntiva que, cabe recordar, ha sido insinuada por el propio Rafael Correa aunque planteada a sus mandantes, al comentar en varias de sus alocuciones sobre las protestas sociales que “es el pueblo ecuatoriano el que ahora tiene que elegir”. Elección que como indicamos ha sido expresada de manera categórica en las calles, por lo que es  al  dictador a quien corresponde decidir.

Conociendo el talante intolerante del caudillo lo más probable es que se victimice y se vea “obligado” a optar por la segunda opción (para no exponerse a la “humillación” de ceder ante el pueblo ecuatoriano).  Si así fuera dicha renuncia requeriría se amplíe a todos los órganos del Estado cooptados artificiosamente por el correísmo, para dar paso a la constitución de un gobierno provisional de representantes de la sociedad civil y a elecciones anticipadas y/o una nueva Asamblea Constituyente, todo lo cual permitiría restaurar la tranquilidad en el país y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una intervención de esa naturaleza no provocaría un deterioro de la ya seriamente afectada imagen del país, como algunos analistas estiman. Por el contrario, en vista del record acumulado de violación de los derechos humanos del régimen correísta, de medidas anti democráticas, de políticas clientelares, de la escandalosa corrupción gubernamental, de una política exterior de alianzas con gobiernos dictatoriales, y tomando en cuenta la tradición de democracia participativa anti autoritaria del pueblo ecuatoriano, aunque todavía imperfecta, la medida sería recibida con beneplácito por la mayoría de gobiernos democráticos a nivel internacional.  Muy importante será el rol que pudieran cumplir en este sentido los diplomáticos del servicio exterior de carrera, que no han actuado como colaboradores cercanos del régimen mafioso correísta, para explicar la delicada situación del país, así como las mencionadas medidas para la restauración del sistema democrático, ante la comunidad internacional.