TRAGEDIA NACIONAL Y FALTA DE LEGITIMIDAD DEMOCRATICA, por Gustavo Palacio Urrutia

En un reciente artículo de coyuntura me permití exponer las razones a favor y en contra por las que Rafael Correa debería o no renunciar. El resultado de la comparación de argumentos, tomados de la discusión que a nivel nacional existe sobre el tema en los distintos sectores de la sociedad, fue de forma abrumadora a favor de su salida anticipada.

Pienso que a raíz del terrible terremoto que enlutó al país, dicha discusión y conclusiones cobran aún mayor fuerza por razones complementarias de peso. A continuación  presento un análisis de este nuevo aspecto de la coyuntura.

Básicamente serían dos las razones adicionales, que en opinión de una buena parte de la ciudadanía existen para que Rafael Correa renuncie  tras la tragedia del terremoto:

1) El país está viviendo una terrible crisis, que además de política y económica ahora es también humanitaria. Para salir de dicha situación se requiere de un gobierno con gran capacidad de gestión y liderazgo, cualidades que Rafael Correa y su gobierno no poseen.

2) Rafael Correa y su gobierno están agudizando las crisis mencionadas. El caudillo y su régimen populista son el problema y no la solución al mismo. La solución de las crisis por lo tanto demanda en primer lugar la salida anticipada del régimen.

Veamos varios de los elementos que sirven de apoyo a estos planteamientos. En primer lugar hay que referirse a la ineptitud del gobierno para actuar frente al propio desastre. Desde el primer día se hizo evidente que el gobierno no tenía un plan de acción, un protocolo a seguir para este tipo específico de desastres, como ocurre en países como Chile, Japón u otros donde también hay un record histórico de terremoto, lo que determinó que se actuara de manera improvisada.

En el caso del país, es triste constatar que el gobierno no sólo que no se preparó para dicha eventualidad, sino que dicha falta de prevención ocurrió a pesar de que existía una profusa documentación con recomendaciones sobre el tema, de acuerdo a la cual desde 1906 aproximadamente cada 20 años se produce un sismo altamente destructivo, de alrededor de 8 grados en la escala de Richter. Es ampliamente conocido, tanto para el mundo académico como para la opinión publica en general, que el Ecuador se encuentra en una zona geográfica de alto riesgo sísmico por efecto del continuo choque entre las placas tectónicas de Nazca y Sud América. Patrón que hace suponer que en cualquier momento en los tiempos actuales puede ocurrir una catástrofe en la Costa Ecuatoriana, como efectivamente ocurrió el 16 de abril pasado.

Es sorprendente saber que importantes estudios actualizados, de carácter técnico sobre el riesgo sísmico del Ecuador, producidos por instituciones de prestigio como lo es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador, así como por varias universidades nacionales y extranjeras, incluida la controvertida Universidad Yachay, con profesores especializados en el tema y que en su mayoría forman parte de una red nacional de monitoreo de riesgo sísmico, no hayan sido tomados en cuenta por el régimen correísta para la elaboración y aplicación de políticas de prevención de riesgo.

Desde fines de los años 80 se han venido realizando varios seminarios internacionales con el aporte de varias universidades ecuatorianas, con el respaldo de la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos (UNISDR) así como con el apoyo de la banca multilateral de desarrollo. Dichos eventos académicos han servido para desarrollar planes y programas de prevención de riesgos en los que se advierte de manera categórica sobre el inminente peligro de que se produzca un terremoto de 8 o 9 grados según la escala de Richter en el país. Como ejemplo cabe mencionar el “Proyecto Radius” impulsado en 1999 por la Universidad Católica de Guayaquil, para la creación de un Plan de reducción de riesgo de la ciudad; el seminario “Gestión de riesgos y prevención de desastres” realizado en la FLACSO, en Quito, en enero del 2001; el seminario “Gestión de riesgos y reducción de impactos de Desastres” realizado por la Municipalidad de Cuenca en 2008. En estos documentos, así como en el documento “Plan Nacional del Ecuador”, que forma parte de los documentos gubernamentales presentados al UNIDSR  se advierte sobre el inminente peligro sísmico que amenaza al Ecuador y la necesidad de contar con un programa nacional de prevención de riesgos y reducción de impactos.

Varias fueron las advertencias también en el sentido de que el cálculo del PIB ecuatoriano debe considerar obligatoriamente el riesgo de un desastre natural. Situación que debe ser prevista mediante la adquisición de los respectivos seguros tanto para el sector público como privado y de la ciudadanía en general. Así, es un acto de negligencia del gobierno correísta no haber puesto en práctica las recomendaciones pertinentes presentadas en dichos informes académicos y técnicos, incluidas las relativas a las normativas para construcción antisísmica y una adecuada contratación de seguros para obras de infraestructura. Sorprende también que dichos expertos no hayan colaborado con el régimen para la elaboración de un plan de prevención y mitigación en caso de terremoto en las diversas regiones del país. Tal falta de coordinación entre entidades gubernamentales y de la sociedad civil para el buen uso de los recursos científicos y técnicos refleja la negligencia e irresponsabilidad de un régimen populista que está más interesado en resaltar supuestos logros y obras de relumbrón, muchas veces con infraestructura de mala calidad y con sobre precios, que fortalecer la institucionalidad y coordinación con la sociedad civil para el progreso social.

El acto de negligencia señalado es sólo un ejemplo del insuficiente y mal trabajo realizado por el gobierno de Correa respecto de la necesidad de contar con un esquema de prevención y mitigación de desastres naturales en el país. Resulta paradójico y cínico que durante nueve años el aparato propagandístico de Correa haya hecho creer a la población que con la creación a inicios de su gobierno de la “Secretaria Nacional de Riesgos” posteriormente denominada “Secretaria de Riesgos” en reemplazo de la “Defensa Civil”, se había montado uno de los mejores “sistemas de prevención de riesgos”  y que “El Ecuador está mejor preparado que antes para enfrentar los desastres naturales”.

Contrariamente a lo divulgado por la propaganda oficial, y del ingente gasto realizado anualmente en materia de gestión de riesgos, la tragedia del terremoto demostró que el país no cuenta con un sistema eficaz de prevención y mitigación de desastres naturales que permita precautelar y salvar la vida de los ciudadanos. La mayoría de  los expertos extranjeros que vinieron al país para asistir en el rescate de víctimas y atención del desastre coinciden en constatar tan deplorable situación. Son varios los pronunciamientos que coinciden en destacar que de haber existido un mínimo de preparación y coordinación se habría podido salvar la vida de muchas más personas. Llamó la atención, por ejemplo, que los rescatistas ecuatorianos en su mayoría no contaran con herramientas de uso común e indispensable en casos de desastre, como son los equipos electrónicos para detectar a personas con vida, sepultadas bajo los escombros, los cuales afortunadamente fueron facilitados por los equipos de rescatistas de países amigos.

Después de varias semanas desde que ocurrió el desastre es penoso ver las condiciones de vida de los damnificados, de extracción humilde la mayor parte, sin adecuados campamentos ni servicios de atención; lo que hace prever que el país enfrenta un serio problema social que tiende a agravarse.

Hay que resaltar que el gobierno populista de Correa agravó la falta de prevención y preparación del país ante este tipo de desastres al haber destruido la institucionalidad y conformación de una burocracia, basada en la meritocracia, para el manejo profesional de estos temas. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con la tan venida a menos Cancillería Ecuatoriana, la desaparición de la defensa Civil, así como la eliminación de un fondo de ahorro y contingencia para prevención de desastres naturales, efectuada por decreto por el propio Rafael Correa.

El pésimo manejo del terremoto del 16 de abril se agrava además por el manejo político y económico del siniestro. Actualmente existe un rechazo generalizado a la pretensión del gobierno de utilizar con fines partidistas y electorales la tragedia nacional. Elemento que afecta el estado de ánimo y desconfianza de la sociedad en el régimen, lo que ha provocado serios roces con la población y las propias Fuerzas Armadas, institución encargada de supervisar y llevar alivio a las víctimas, y que el gobierno pretende cooptar para sus fines populistas.

En cuanto al aspecto económico, existe un consenso de parte de la mayoría de expertos y actores políticos en que los llamados “paquetazos económicos” que contemplan impuestos “regresivos” van en contra del interés nacional, que agravarán la crisis y afectarán en especial a los más pobres. De igual manera se estima que el endeudamiento sin precedentes en la historia nacional, recientemente incrementado con pretexto de la reconstrucción, es parte de la política económica irresponsable y oportunista del gobierno orientada a mantener su modelo populista, corrupto, autoritario y clientelar a costa de hipotecar el futuro económico del país y las próximas generaciones. Una reciente encuesta de CEDATOS reveló que el 67% de la población está en contra de las recientes medidas económicas del gobierno correísta. No es casual tampoco que la mayoría de la población, que ha expresado de forma contundente su solidaridad con las víctimas del terremoto, tenga desconfianza en el gobierno y en el manejo de los fondos públicos para la reconstrucción nacional. La gran mayoría desearía que se constituya un fideicomiso para el manejo de dichos recursos.

A los aspectos señalados se suma la incapacidad personal de Rafael Correa de ejercer un liderazgo fraterno a la altura de las trágicas circunstancias, de inspirar confianza y tranquilidad a la población, de brindar alivio y esperanza a quienes han sufrido de manera terrible el embate de la naturaleza. En pocas semanas Correa ha exhibido una actitud prepotente y deshumanizada ante las víctimas del desastre, desesperadas por la falta de organización y de ayuda oficial. Correa de manera descontrolada, con actitudes propias de un demente, ha incluso llegado al extremo de amenazar con encarcelar a quienes protesten por la difícil situación, lo que ha indignado aún más a la ciudadanía que no se resigna a vivir sin libertad.

Todos los aspectos mencionados de manera resumida, llevan a un gran tema que tiene que ver con un concepto mencionado también en artículos anteriores, relativo a la “legitimidad democrática” del gobierno de Correa. Para muchos analistas, el hecho de que la población considere que Correa no sólo es el causante de la crisis generalizada del país, sino también el obstáculo para la resolución de la misma es un reflejo del alto grado de conflictividad política y de dicha falta de legitimidad democrática. Coinciden en que, en las circunstancias de conflicto y falta de legitimidad del régimen, la mejor y posiblemente única alternativa posible para que el país pueda salir lo antes posible de su grave crisis económica, política y humanitaria es que Rafael Correa renuncie.

Para concluir es  importante resaltar que en la actual coyuntura se ha producido un aumento significativo de la concienciación de la ciudadanía respecto de la necesidad de una salida anticipada de Correa. Este aspecto se ha reflejado tanto en el aumento de la protesta de numerosos grupos ciudadanos críticos al régimen tanto en las calles como a través de las influyentes redes sociales.

Un gran ejemplo de lo primero lo constituyó la reciente marcha del primero de mayo, donde numerosos grupos de la sociedad civil se hicieron presentes para acompañar en su protesta a la clase trabajadora. En la multitudinaria demostración hubieron expresiones claras de rechazo al gobierno dictatorial, a su oportunismo político y sus políticas económicas. El tradicional grito de Fuera Correa Fuera fue acompañado de pedidos de fin de la dictadura, así como de prisión para el gobernante y su régimen.  La multitudinaria marcha del 1 de mayo, sorprendió a muchos analistas que estimaron  tendría un carácter apagado, sin contenido político, en virtud de los escasa convocatoria realizada para la marcha caracterizada por un tímido llamado a la solidaridad en abstracto. Actitud de la dirigencia sindical que ha optado por  “no hacer olas” en la actual coyuntura, y que no tomó en consideración que la solidaridad debe expresarse sobre la base de la participación política en las calles, pues la situación de los damnificados así como de la mayor parte de la población será afectada negativamente por la recesión económica provocada y agravada por la fallida política económica del régimen.

Con relación a las redes sociales, donde participan de forma activa un gran número de grupos ciudadanos de la amplia clase media, es interesante observar como durante las últimas semanas se han posicionado varios “hashtag” pidiendo de forma masiva la renuncia de Correa y la salida anticipada de su gobierno:  #RenunciaCorrea #QueremosTuRenuncia, #FiscalizarCorrrea.

A pesar del aumento de la indignación popular expresada con actos de protesta en las calles, acompañadas de exhortaciones para que Correa renuncie, aún persisten voces  influyentes de alto poder mediático, vinculadas a diferentes tiendas políticas de oposición y grupos de poder, que con una posición híper constitucionalista y fervor legalista arguyen que en bien del país, y para que el pueblo ecuatoriano escarmiente sus errores, Correa debe terminar su período.

Para ellos, la posibilidad de fraude y la pretensión del gobierno de aprovecharse políticamente de la tragedia nacional para obtener mayor respaldo clientelar no constituyen una amenaza real. Tampoco les resulta preocupante el aumento del endeudamiento ni la perdida de la institucionalidad democrática. Estas influyentes voces basan su postura (optimista en términos electorales) en el agravamiento de la situación política y económica en desmedro de la popularidad del gobierno y de que, a pesar del costo que la dictadura implica para el futuro del país, después de más de un año de protestas permanentes, ahora sólo faltan 8 meses para las elecciones de febrero del 2017, lo que permitiría cambiar el rumbo del país.

Llama la atención sin embargo que recientemente representantes de dichos grupos reconozcan abiertamente que Rafael Correa es la “enfermedad” y no parte del remedio. Es interesante también notar que en vista de la creciente indignación popular, sin canales para expresarse salvo las calles, llamen a la tranquilidad de la ciudadanía, a no salir a las calles,  y a esperar de manera estoica hasta las elecciones de febrero para derrotar a la dictadura.