EXIGIR LA RENUNCIA A CORREA Y SU GOBIERNO
Por Gustavo Palacio Urrutia
El multitudinario plantón de protesta de ayer, 7 de abril, en Quito y varias ciudades del país, confirma los señalamientos realizados en el análisis de coyuntura publicado con fecha 30 de marzo pasado en este medio digital, en el sentido de que se está produciendo de manera acelerada un proceso de erosión de la legitimidad democrática del régimen correísta.
Considero que como resultado de dicha erosión, en el seno de la sociedad ecuatoriana ha surgido una creciente demanda social para que Correa y su gobierno dejen el poder de forma anticipada. En la manifestación en Quito (ver videos), efectuada en la avenida de los Shyris, fueron innumerables las expresiones airadas de reclamo pidiendo la terminación del régimen correísta. Se trata de una demanda que gran parte de la ciudadanía aspira tenga efecto de manera inmediata, lo antes posible, no en mayo del 2017 como lo han venido afirmando ciertos líderes políticos y medios de comunicación que prefieren no profundizar en el tema, y que al parecer recién empiezan a percibir el alto grado de indignación popular contra el régimen.
Con el fin de contribuir a la discusión de la ciudadanía sobre este importante tema, me permito presentar un análisis comparativo de las argumentaciones discursivas a favor y en contra de que Correa y su gobierno dejen el poder de manera anticipada, vía la renuncia conforme lo contempla la constitución.
Los principales argumentos que se han ido decantando de quienes consideran que Rafael Correa debe terminar su período en mayo de 2017 son tres:
a) Correa debe permanecer en el poder para que el pueblo aprenda su lección. Según este argumento el problema político del país (la elección de un caudillo y un gobierno populista) radica en la falta de educación del pueblo ecuatoriano. Se asume que la experimentación de la situación de crisis y descalabro económico y político permitirá que el Pueblo escarmiente en carne propia el peso de sus errores por haber elegido un caudillo populista que atenta contra la democracia y el bienestar nacional. Dicho escarmiento dejará al final una valiosa enseñanza que será de provecho para el futuro de la sociedad.
El doloroso proceso de aprendizaje político contribuirá además a poner fin a la tragedia social producida por el correísmo una vez que se efectúen las elecciones de febrero de 2017. Una opinión un poco más moderna pero similar a la del ex presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, de postura liberal pero excluyente, quien consideraba que el pueblo ecuatoriano no era muy lúcido y que era por lo tanto deber de la élite ecuatoriana guiarlo. Postura que, dicho sea de paso, comparte plenamente Rafael Correa, desde su posición de líder populista mesiánico.
b) Correa debe permanecer en el poder hasta el final de su período por razones de tipo jurídico, de preservación del orden democrático y constitucional. Conforme esta perspectiva, el Ecuador debe guiarse por la constitución y las leyes del país, que no permiten la destitución del Jefe de Estado. Se trata de una posición rígida y esquemática, que no considera lo estipulado en la propia constitución correísta respecto del “derecho a la resistencia” del pueblo ecuatoriano.
Visión que sobre todo deja a un lado el aspecto Meta Jurídico, clave para cuestionar y poner término a una dictadura de corte civil que ha quebrantado el estado de derecho, que atenta contra los intereses nacionales y bienestar de la población. Posición Meta jurídica que, conviene aclarar, prioriza los derechos civiles e individuales de la población, como esencia del derecho y como condición sine qua non de la democracia.
c) No hay quien se quiera hacer cargo del país. Debido a la difícil situación del país, tanto en lo económico como en lo político, se estima no existe ninguna posibilidad de que una persona “decente” con características de líder quiera hacerse cargo de los destinos de la Patria en reemplazo de Correa. En este mismo orden de pensamiento bajo la premisa mencionada se considera que en consecuencia tampoco cabe permitir que políticos oportunistas asuman el poder. Esto, se teme, podría resultar como el remedio que es peor que la enfermedad y terminar por desatar una debacle social. El argumento plantea como imprescindible la existencia de un líder, de grandes atributos, para sacar al país del atolladero. Visión sesgada, propia de la cultura politica caudillista, que obviamente excluye cualquier posibilidad de liderazgo democrático compartido, construido en base a consensos entre los diferentes sectores de la sociedad. Hay que resaltar sin embargo, que este tercer argumento, es tal vez el más importante para la evaluación que hace la ciudadanía frente a la coyuntura política.
Existe un cuarto argumento, pero al que la ciudadanía ya no le asigna mayor valor, producto del descontento y que hace relación con la hipótesis de que Correa en caso de verse obligado a renunciar, aprovecharía para victimizarse. Como se observa en las últimas demostraciones de protesta (incluidas las que se producen a través de las redes sociales) la ciudadanía exige, para que esto no ocurra, que sea cual sea la salida a la actual situación no se permita a Correa abandonar el país, a fin de que rinda cuentas a la justicia. Demanda social que amenaza como una “espada de Damocles” al caudillo.
Veamos ahora en contraposición a lo antes mencionado, cuales son los principales argumentos que justificarían la salida anticipada del poder del caudillo correísta, recogidos de la profusa discusión política que se desarrolla en el país.
1) Correa ha violado la constitución innumerables ocasiones con el fin de concentrar más poder, al punto de haber violentado los principios y las bases que garantizan el sistema de derecho. El ejemplo más importante de lo indicado es la falta de división de poderes y la existencia de unos órganos de control y una justicia sometidos a los intereses del caudillo. No se puede permitir que dicha situación, de violacion permanente de los principios esenciales de la democracia, continúe hasta mayo de 2017.
2) El gobierno de Correa con su equivocada política económica ha arrastrado al país a una terrible crisis económica, la cual podría agravarse aún mucho más hasta mayo de 2017. Se conoce que el gobierno está haciendo todo lo posible para, vía endeudamiento, aplazar la agudización de dicha crisis hasta que asuma una nueva administración. No es posible aceptar que un gobierno que no cuenta con la suficiente legitimidad democrática, de manera irresponsable juegue a trasladar el peso de la crisis al próximo gobierno y a dejar hipotecado el país en detrimento de la población. Se considera que es la obligación moral de la ciudadanía impedir que el gobierno continúe con su manejo inescrupuloso de la crisis. Se torna imprescindible por ello exigir la renuncia de Correa y el término anticipado de su gobierno.
3) Correa ha incrementado la deuda externa y pública a niveles sin precedentes, en condiciones onerosas que comprometen la las posibilidades de subsistencia de la población. Situación que va a retrasar al país en su desarrollo en varias décadas y que afectará seriamente las posibilidades de salir del subdesarrollo. No conviene por lo tanto a los intereses del país retrasar hasta el 2017 un cambio de timón en el manejo de las finanzas públicas.
4) El gobierno de Correa es considerado uno de los más corruptos de la historia. La lista de los casos de corrupción es muy extensa e involucra a las más altas autoridades del régimen. Un buen resumen de la situación se puede encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=p7p0arBskDI
La reciente reciente filtración y publicación de los “Panamapapers” así como el escándalo de los pases de la policía, que involucran a altos funcionarios del gobierno, son un buen ejemplo del nivel de corrupción gubernamental. Poner fin a la corrupción es un tema urgente, de alto interés nacional, y que sólo es posible conseguirlo con un nuevo gobierno democrático. Por ello es un imperativo inmediato que Correa y su gobierno renuncien lo antes posible.
5) El gobierno de Correa no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, como lo revelan encuestas recientes. Si bien no se han realizado encuestas específicas sobre el tema -lo que llama la atención- es claro que la ciudadanía no sólo que no apoya al régimen correísta, sino que preferiría que otro gobierno este a la cabeza del país. Cabe señalar que el gobierno correísta a lo largo de los años se ha jactado de subrayar que su legitimidad radica en el apoyo de la mayoría de la población. Más allá de este principio que excluye a las minorías, de acuerdo a este argumento, no es saludable para la sociedad ecuatoriana que un gobierno dictatorial que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía continúe hasta mayo de 2017 en el poder.
6) El gobierno de Correa controla todos los poderes del Estado, incluido el Consejo Electoral. Existe suficiente evidencia para sospechar que el régimen autoritario cometió fraude en ocasiones anteriores y que estaría dispuesto a hacerlo nuevamente en 2017. Se trata de un riesgo para la democracia ecuatoriana que no se debe aceptar, pues pone en peligro el futuro de la soberanía y democracia del país.
7) El gobierno de Correa ha tenido una política internacional de apoyo a regímenes corruptos y dictatoriales, que contradice el tradicional apoyo del Ecuador a gobiernos democráticos amigos y a la defensa de los derechos humanos. El movimiento Alianza País desde sus inicios y luego desde el poder ha sido parte de una red internacional de regímenes corruptos antidemocráticos, con un plan totalitario a nivel regional. Dejar que la política exterior del país continúe en manos de un gobierno corrupto de tendencia totalitaria es hacerle daño a la democracia a nivel regional y mundial.
8) El gobierno de Correa ha denigrado la imagen del Ecuador tanto a nivel nacional como internacional, con un discurso populista autoritario, a menudo cáustico y procaz, acompañado de actitudes ofensivas a la dignidad de las personas, que lo ha convertido en objeto de crítica y burla de parte de la opinión pública mundial. Es preferible que el gobierno antidemocrático de Correa termine su mandato de forma anticipada, a que se siga ofendiendo a los ecuatorianos y se deteriore aún más la imagen del país a nivel internacional.
9) El gobierno del Ecuador ha fomentado el racismo, así como la intolerancia política y social. El discurso populista de Rafael Correa se caracteriza por denigrar a los indígenas, afro descendientes y mestizos del Ecuador. Dejar que continúe en el poder un gobierno dictatorial cuyo discurso oficial agrede la dignidad humana es inaceptable en democracia.
10) El gobierno del Ecuador ha violado de manera sistemática los derechos humanos, siendo considerado por reconocidos activistas defensores de los derechos humanos como uno de los regímenes más represivos de la historia moderna del Ecuador. En especial ha destacado la violación de la libertad de expresión, acompañada de una abierta persecución a los periodistas críticos al gobierno. Igual de vergonzosa ha sido la política de criminalización de la protesta social, así como la persecución a líderes de los movimientos sociales, de la sociedad civil, del movimiento indígena y de los trabajadores. Como es conocido, durante varios años el gobierno de Correa ha tratado incluso de desmantelar el sistema interamericano de Derechos Humanos. No se puede permitir que un régimen antidemocrático que menoscaba los derechos humanos continúe en el poder hasta mayo de 2017.
11) El régimen de Correa ha destruido la institucionalidad del país, fundamental para asegurar el desarrollo económico y social. El régimen correísta utilizó a los diferentes Ministerios del país con fines políticos. Creo una red clientelar de funcionarios públicos, como base de apoyo social, que violentó el principio de la meritocracia que existía en el país. Un caso revelador del tema es el de la Cancillería Ecuatoriana, donde la nómina de funcionarios se incrementó de 700 más de dos mil funcionarios. Muchos de dichos nuevos funcionarios, seleccionados sobre la base de su lealtad incondicional al régimen correísta, no cuentan con los requisitos mínimos de admisión que han existido en la carrera. Cabe recordar que la Academia Diplomática, creada en 1982 y encargada de los exámenes de admisión y del curso para la formación de terceros secretarios, fue abolida por el gobierno correísta.No conviene a los intereses del país esperar hasta mayo de 2017 para iniciar la tarea de la reconstrucción institucional.
12) Como parte de su plan de destrucción de la institucionalidad democrática, el régimen correísta ha tratado por diferentes medios ilegítimos de cooptar a las fuerzas armadas. Es de suponer que en su afán de colocar un gobierno títere, gracias a contar con una “cancha inclinada” a su favor y un Consejo Electoral correísta, el régimen buscará controlar y manipular politicamente la institución militar. Para conjurar tal amenaza resulta urgente exigir la renuncia del régimen correísta.
13) El gobierno correísta se ha caracterizado por una política extractivista, de destrucción de la mega diversidad del Ecuador. Pese a haber contado con enormes recursos económicos, gracias a los altos precios del petróleo, el régimen no ha sabido fomentar la construcción de un modelo de desarrollo sustentable. En su lugar ha fomentado, con fines políticos populistas, el consumo y el endeudamiento improductivo. El país no puede esperar 14 meses para parar la destrucción de la biodiversidad, en lugares de incalculable valor ambiental como es el caso del Yasuní.
14) Uno de los rubros en que más despilfarra el gobierno, a pesar de la grave crisis por la que atraviesa el país, es el de propaganda. Con fines netamente políticos, el régimen mantiene un costoso aparato de propaganda que difunde de manera atosigante un discurso populista binario de confrontación social, que polariza la sociedad. Es necesario poner fin de manera inmediata a este dañino aparato de propaganda fascista y no esperar hasta mayo de 2017.
15) En su desesperación por tener mayor liquidez, el régimen ha empezado a “meter la mano” (como lo hizo con la justicia) a diversos fondos de ahorro de diversos sectores sociales. Esta política ha puesto en riesgo el funcionamiento del sistema de seguridad social. Las nuevas medidas anunciadas de utilización del dinero electrónico son consideradas por la mayoría de analistas como una amenaza que pone en riesgo a la dolarización. Este es un riesgo innecesario y de potenciales funestas consecuencias que el país debe evitar. Por ello es necesario exigir la renuncia de Correa y su gobierno ahora, y no esperar hasta mayo del 2017.
16) Existe suficiente evidencia para considerar que el caudillo sufre de serios trastornos psicológicos, que lo afectan negativamente en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de interés nacional. No se justifica por lo tanto, que en las actuales condiciones del país, de menoscabo de su democracia y economía, continúe al frente del país una persona que no está en capacidad mental para gobernar, y que por el contrario, por el enorme poder que ha concentrado en sus manos, constituye un verdadero peligro para la sociedad.
Es claro que existe un desbalance discursivo argumental abrumador, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a favor de la tesis de la salida anticipada del gobierno, vía la renuncia. Resulta obvio que los riesgos que entraña la terminación anticipada del gobierno son muchísimo menores a los de la opción contraria. Esto a pesar de la carga ideológica y ética de dicha argumentación, por una salida democrática e inmediata a la crisis política.
Sin embargo de lo señalado, y de las lógicas conclusiones que arroja el análisis comparativo, no es fácil que este se traduzca en acciones concretas en la práctica política y social. El ejercicio subjetivo de la política, como expresión discursiva del poder político y social, parecería indicar que si bien la mayoría de la ciudadanía ha procesado y comparte la abrumadora argumentación a favor de una salida democrática anticipada, como lo es la renuncia del primer mandatario; una buena parte de la misma aún se muestra dubitativa sobre cómo lograr que esta aspiración por rescatar al país se convierta en realidad.
En otras palabras, aunque muchos ciudadanos están convencidos de que Correa debe irse, no está claro cómo se puede lograr este objetivo sin que se produzca un daño mayor al país. Desazón que refleja que aún gravitan y conviven en la mente de la ciudadanía elementos que pugnan a favor y en contra de la salida anticipada del régimen.
Estimo que parte de la respuesta a esta interrogante de la ciudadanía ya fue anticipada en el párrafo concerniente a la crítica al argumento C a favor de que Correa permanezca en el poder hasta el 2017. El comentario sobre el tema alude a la posibilidad de conformar un gobierno con un liderazgo compartido, en base a consensos de los actores políticos y sociales.
Se refiere a la posibilidad concreta de un nuevo gobierno interino, que con la legitimidad que brinda el apoyo de la mayoría de la población, tal como ocurrió con la figura de Clemente Yerovi en 1966, se haga cargo de manera temporal de los destinos del país. Un gobierno provisional pero con la participación de mujeres y hombres probos que convocaría a elecciones anticipadas, y que además llame a un referéndum y/o a una nueva Asamblea Constituyente, para rescatar la democracia y la economía nacional. Cabe recordar que este planteamiento ha sido formulado tanto desde la perspectiva jurídica como política por varias figuras de la vida pública nacional (ver artículo de 15 de febrero de 2016).
Cuando la mayoría de la ciudadanía, que expresa su indignacion en las calles, tome conciencia de esta alternativa de que sí es factible un liderazgo compartido, representativo de toda la sociedad, con o sin la participación de los líderes políticos tradicionales, sólo será cuestión de días la renuncia del dictador. No está por demás señalar que en tales circunstancias, debido a su erosionado poder, tendría que inevitablemente rendir cuentas a la justicia.
Libre Ecuador 