ANALISIS DE COYUNTURA: LA EROSION DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA

ANALISIS DE COYUNTURA: LA EROSION DE LA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA

Por Gustavo Palacio Urrutia

En la actual coyuntura de crisis política y económica del país se observan manifestaciones de crisis generalizada de legitimidad democrática del régimen correísta y de su proyecto totalitario.

El creciente descontento de la población es sin duda una de las señales más importantes de esta situación. Este se venía manifestando desde hace varios años en las calles, sin embargo fue a partir de junio del 2015, como reacción a las propuestas de ley de plusvalía y herencia, que adquirió niveles preocupantes. Como lo registran varias encuestas en las últimos meses y semanas dicho descontento se viene acelerando y profundizando.

El incremento de la disconformidad de la población con el régimen a niveles que amenazan socavar por completo su ya escasa legitimidad democrática, tendría su origen en varios factores: Por un lado es una consecuencia de la galopante corrupción que involucra al propio jefe de estado y sus más íntimos colaboradores. El reciente escándalo de la venta de los pases de la policía, acompañado de denuncias de ex miembros del Ministerio del Interior, es un buen ejemplo de ello. Por otro, es el resultado del desmejoramiento de las condiciones de vida de la población. Situación que se ha agravado debido a la severa crisis económica provocada por el régimen, así como por erróneas políticas anticrisis, lo cual ha incidido en el cierre de numerosas empresas, ha incrementado el desempleo y ha minado la confianza empresarial, nacional y extranjera. Un tercer elemento es sin lugar a dudas la actitud y el discurso prepotente del primer mandatario y la violación sistemática de los derechos humanos.

La situación de descontento, no solo ha provocado que importantes sectores sociales vuelvan a salir a las calles a expresar su indignación sino que lo hagan dando claras señales de que no guardan ningún respeto por la figura del presidente y su gobierno y que no se sienten representados por estos. Hay que tomar nota de que la protesta airada de la ciudadanía en las calles, bajo el liderazgo de grupos sociales organizados, se produce luego del aparente apaciguamiento de los ánimos políticos y sociales que supuestamente habría logrado la dirigencia correísta tras negociar con determinados grupos de poder la decisión del caudillo de no participar en las próximas elecciones de 2017.

El rechazo al régimen, con expresiones de desprecio pero con una dosis importante de ironía, arte y humor negro, también se hace latente en las siempre activas redes sociales a través de ingeniosos chistes, videos, memes que se nutren de la discusión política y cultura popular. Redes sociales que constituyen una real alternativa para obtener e intercambiar información, frente a la represión que sufren los medios de comunicación, intimidados por la aplicación de la ley mordaza de comunicación.

Una clara expresión del descontento creciente y perdida de legitimidad del régimen lo constituyó la reciente Marcha del 17 de marzo convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la cual fue un éxito en términos de participación de la ciudadanía. Además de miles de trabajadores de diferentes sindicatos, fue notoria la presencia de estratos medios, gremios de profesionales, estudiantes y jóvenes universitarios, así como de individuos y grupos de la sociedad civil. Destacó la presencia de grupos de jubilados, militares en servicio pasivo, así como de amplios grupos de jóvenes, que con música y alegría reivindican temas de genero, ecológicos, derechos humanos. El movimiento indígena también se hizo presente a través de varios de sus representantes.

La demostración del 17 de marzo hizo notar el grado de concientización política alcanzado por la ciudadanía., en particular respecto de la necesidad de mantener una presencia ciudadana en las calles, como único mecanismo para luchar por reivindicaciones ciudadanas y combatir el proyecto autoritario correísta. Posición que va mas allá de los intereses particulares de los dirigentes políticos, y de si el gobierno corrupto termina de manera anticipada o vía elecciones en 2017. La multitudinaria marcha, que se reprodujo en diversas ciudades a nivel nacional, representa también un desafío abierto al aparato coercitivo del gobierno que, pesar de la cruenta persecución y represión que realiza, no logra callar las voces de las organizaciones sociales, de la sociedad civil y de sus líderes, que luchan por la restauración de la democracia.

Un elemento adicional que habla de la crisis de legitimidad del régimen tiene que ver con la incapacidad de reacción y recuperación del régimen frente a la situación de crisis. Las desacertadas medidas del gobierno, tanto en lo político como económico, sólo contribuyen a agravar el malestar y su delicada situación de desprestigio, lo cual no puede ser maquillado y peor aún revertido ni siquiera por el otrora poderoso y temido aparato de propaganda fascista del régimen. Aparato institucional de comunicación correísta que había elevado a categoría de ideología el principio populista de la imposición de la voluntad de las mayorías sobre las minorías a través del poder coercitivo y represor del caudillo. En términos concretos se hizo palpable en las últimas semanas, con ocasión de la marcha del 17 de marzo, la incapacidad del régimen de convocar y organizar concentraciones (pagadas) a favor de su proyecto político.

Para muchos analistas la disminución del apoyo popular, está vinculado directamente con el descontento y mantiene directa relación con la disminución de recursos petroleros, lo que ocasiona que el régimen populista ya no pueda asegurar el bienestar de la población. Sin embargo de ello, y de la base estadística que la respalda, hay serios motivos para pensar que también existe una relacion entre la falta de apoyo popular y motivaciones de carácter ético. Este aspecto es sumamente importante pues revela una erosión y devaluación del correísmo en términos de su significación social en el ámbito de la cultura, de la cosmovisión de los ecuatorianos, de su escala de valores.
Un ejemplo de lo indicado es la reciente decisión, sin precedentes, de un grupo de coroneles de las Fuerzas Armadas de pedir la baja de forma anticipada de la institución militar, lo que ha sido interpretado como un mensaje de rechazo a servir a un gobierno corrupto que busca minar la moral institucional para cooptarla y ponerla al servicio de su proyecto antidemocrático. Otro ejemplo en la misma línea, de gran significación social, ha sido la protesta valiente de los estudiantes y padres de familia del Colegio Montufar en respaldo a un grupo de profesores separados arbitrariamente del colegio. Protesta que como se conoce fue reprimida sin contemplaciones por el régimen autoritario. En el ambito académico y profesional las derrotas del correismo en las elecciones de la Universidad Andina y recientemente en el Colegio de Abogados en Quito corroboran  también lo mencionado.

En las sabatinas es cada vez más difícil ver gente que demuestre algún entusiasmo genuino por lo que escucha. En su mayoría son personas que asisten persuadidas y/o obligadas por el gobierno; que no lo hacen por iniciativa propia ni por un apoyo ciudadano legítimo al correísmo. En las calles la mayoría de la gente opina de manera muy dura contra Correa, sus colaboradores, su movimiento, sus vínculos con la corrupción, lo cual es corroborado por la mayoría de taxistas; que son en el país una suerte de termómetro político informal por la cantidad de información que a diario reciben de todo tipo de sectores sociales. Todo lo cual además coincide con las demostraciones políticas de protesta en las calles, y la imagen solitaria casi sepulcral de la sede principal de Alianza País en la avenida de los Shyris.

En las conversaciones sobre política, a nivel de los más variados círculos y estratos sociales, en las redes sociales, se ha convertido en una suerte de ofensa ser considerado correísta. Parecería como si identificarse con el correísmo se hubiera constituido en un estigma del que huyen avergonzados los propios correístas, como resultado del rechazo social. Esto explica su preocupación por ocultar en la medida de lo posible los beneficios obtenidos durante los 10 anos en el poder. Fue muy revelador en este sentido escuchar al propio líder correísta en una entrevista en televisión expresar su preocupación por la “sed de venganza” que ha surgido contra él, lo que pone en riesgo su vida, así como su temor porque no lo dejen salir del país inmediatamente después de que entregue el poder en mayo de 2017. Igualmente revelador fue su comentario sobre lo bueno que es “ser borregos”, por “borrar el pasado, y subir el ego”.

Desde una perspectiva más amplia, de conjunto, se trata también de una crisis del discurso populista correísta en la que se hace patente la imposibilidad de proveer de contenido y significado la retórica “revolucionaria” y los “símbolos” de la revolución ciudadana, de los “corazones ardientes, las manos limpias y mentes lúcidas” que alguna vez encantaron a una masa heterogénea que apoyó el modelo correísta.

Construcciones discursivas que por la fuerza de los magros resultados obtenidos, la corrupción galopante y el fracaso de las políticas del gobierno luego de casi 10 anos en el poder, con recursos exorbitantes provenientes de los altos precios del petróleo, han devenido en objeto de crítica diaria y muchas veces de burla de parte de la sociedad ecuatoriana que en su gran mayoría rechaza al régimen de Rafael Correa.

El propio discurso de las sabatinas, considerado el medio de propaganda de mayor impacto del régimen, al quedar desposeído de los símbolos de la falsa revolución, aparece desnudo en su esencia grotesca y vulgar, con sus incesantes vituperios, racismo y ofensas a la identidad de la población, produciendo un efecto de bumerang en contra del caudillo.

Cabe destacar que la crisis del movimiento y discurso correísta es también objeto de análisis y crítica de parte de las más relevantes figuras, miembros de la cúpula partidaria e ideólogos del correísmo que desmoralizados no atinan a plantear soluciones a su fracasado proyecto totalitario. En una reciente entrevista, publicada en el Universo, Rene Ramírez, miembro del buro político de Alianza País, cercano al grupo español Podemos, Secretario de Ciencia y Tecnología y a cargo del desprestigiado proyecto Yachay, reconoce el fracaso de la llamada “revolución ciudadana” al señalar que el problema político mayor del correísmo ha sido apoyar un modelo consumista y la creación de una clase media de consumidores, sin ideología, más no de ciudadanos. Ramírez se atreve incluso a descalificar la propuesta política correísta al señalar que “En vez de crear una sociedad solidaria y cooperativa que se preocupa por el otro, se crea una sociedad individualista y egoísta”. Objetiva o no, la crítica de Ramírez suena irónica tomando en cuenta que varios miembros de su familia se encuentran en posiciones relevantes dentro de la red clientelar correísta.

Por su parte Samuele Mazzolini, editorialista de El Telégrafo, estudiante de la Universidad Essex y seguidor del profesor argentino Ernesto Laclau, comparte la visión del fracaso “revolucionario” de Ramírez. A diferencia de este, sin embargo, se atreve a plantear el retiro de Rafael Correa y su dirigencia de la conducción de Alianza País. En un reciente artículo se refiere a dicha entrevista y señala que: “la admisión que el modelo organizativo de AP, apoyándose demasiado en el marketing, ha resultado deficitario…(Ramírez)subraya que las consignas de hace 10 años ya no pueden surtir el mismo efecto y que hace falta un espíritu innovador que sepa avanzar nuevas propuestas seductoras”. En abierta crítica a Ramírez y al caudillo de la revolución ciudadana añade: “La innovación del ideario que invoca Ramírez solo puede llegar desde abajo a través de un genuino proceso participativo. Por eso es vital que AP deje de cooptar a los movimientos, estableciendo una dinámica de mayor respeto, la cual necesita a su vez de un nuevo modelo interno. Para conseguir estos objetivos, y sobre todo para cambiar el espíritu neoliberal que nos atraviesa, es fundamental alterar la naturaleza personalista del proceso. Por eso no es saludable, sino indispensable que Correa y el grupo dirigente se aparten definitivamente”.

Sin embargo de lo anterior, conviene recordar que en el seno del correísmo conviven con el ala llamada de “izquierda” los revolucionarios pragmáticos “halcones capitalistas” que apuestan a las tradicionales prácticas y discurso populistas, lo que incluye la posibilidad de fraude gracias al control, previsto con anticipación, del consejo electoral.
La mayoría de ellos, constreñidos por el miedo a rendir cuentas a la justicia en caso de que un nuevo gobierno asuma el poder, en lugar de dedicarse a las disquisiciones éticas e ideológicas del grupo de “izquierda”, prefieren ocuparse de preparar el terreno para participar en las elecciones del 2017 con Lenin Moreno como figura títere de reemplazo de Correa, con un binomio que pudiera servir en caso de que las condiciones lo ameriten como recambio y continuidad que asegure la supervivencia del proyecto. Optan por esta decisión a pesar del riesgo que en términos políticos conlleva continuar indefinidamente en el poder y asumir una crisis que desde ya se pronostica se agudizara y estallará en el siguiente período presidencial. Curiosamente, conforme lo han expresado conspicuos miembros de dicha ala de “derecha”, tales como Natalie Cely, ellos también coinciden con sus socios de la “izquierda” correísta en que “el modelo ha fracasado”.

El desprestigio del correísmo se evidencia también en el hecho de que la mayoría de las figuras relevantes que participaron en la construcción originaria del proyecto correísta y su gobierno hoy en día están en la oposición. Buena parte de ellos se encuentran haciendo méritos por participar en las próximas elecciones de 2017. Llama la atención por supuesto y genera desconfianza entre la población que muchos excorreístas, de cuestionada calidad moral, aparezcan ante los medios sin ningún pudor para cuestionar al régimen y al proyecto que ellos mismos apoyaron en su momento.

Afortunadamente la mayoría de la población rechaza a dichos políticos y no acepta el falaz argumento de que “el régimen correísta traicionó la revolución” y/o que los ex correístas dejaron sus filas por concepciones ideológicas o consideraciones éticas. Tampoco acepta su propuesta de una sociedad dividida entre correístas y anticorreístas, y de una “tercera vía” representada por los “salvadores” ex correístas.

Para finalizar es importante considerar que la crisis de legitimidad del correísmo es parte de la crisis que a nivel regional afecta a los gobiernos aliados del llamado “Socialismo del Siglo XXI”, hundidos en una grave crisis económica y escándalos de corrupción. Como podemos observar en las últimas semanas el descalabro de los gobiernos de los países grandes como Argentina y Brasil tiene un efecto en cadena que impacta directamente a la dictadura Correísta.

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ARTICULO COYUNTURA. A un año de las elecciones: el falso dilema

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A un año de las elecciones: el falso dilema. Por Gustavo Palacio Urrutia.

Desde que Correa formalizó su anuncio de que no participaría en los comicios del 2017, como resultado de las crecientes protestas ciudadanas que se oponían a las enmiendas y a su reelección indefinida al grito de Fuera Correa Fuera, los dirigentes de la oposición dejaron de coordinar acciones para la recuperación de la democracia.

Esta tregua inesperada le convino al régimen, el cual ha optado por una estrategia de sobrevivencia hasta el 2017, que incluye acciones reñidas con la constitución y la ley, que afectan los intereses nacionales, con miras a colocar un gobierno títere para asegurar la continuación del proyecto de la “revolución ciudadana”.

En las últimas semanas sin embargo, debido a la profundización de la crisis tanto económica como política provocada y agravada por el gobierno, a la que se suman alarmantes actos de corrupción, empiezan a pronunciarse voces a favor de una terminación anticipada del mandato de Correa. Así, en algunos medios de comunicación se ha empezado a debatir la disyuntiva de si se debe permitir que Rafael Correa continúe y termine su mandato en mayo del 2017 o si conforme lo han señalado multitudes de ecuatorianos en las calles, para evitar la debacle del país, se lo obligue a dejar el cargo, tal como ha ocurrido con otros líderes antipopulares en el pasado.

Para hacer un análisis sobre la disyuntiva señalada, conviene ponderar los pro y los contra de cada una de las dos alternativas. A favor de la primera se argumenta que de esta manera se lograría desgastar hasta su mínima expresión al correísmo en el país, a la vez que se garantizaría la estabilidad democrática y se precautelaría la imagen internacional del país. Esto bajo el cálculo de que la debacle económica sería de tal magnitud que la imagen del caudillo quedaría por los suelos al punto de que no podría aspirar jamás a ningún cargo público. El reparo a esta perspectiva es sin embargo que el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues se corre el riesgo de que Correa siga cometiendo temerarios desafueros que afecten aún más al país, agudizando el resquebrajamiento de su economía, su institucionalidad democrática e integridad moral.

Escépticos consideran incluso que Correa podría ser candidato, gracias al control de la Corte Institucional, y que finalmente optaría por hacer fraude a favor de él o de un candidato títere que continúe con el correísmo y le cuide las espaldas. Para aquello no tiene que sino hacer uso del poder efectivo que ejerce sobre el Consejo Electoral. Igualmente los analistas económicos no descartan la posibilidad de que Correa siga acumulando deuda externa y pública, u opte por mecanismos de apropiación impune de fondos institucionales privados, como es el caso de las aportaciones del IESS, los ahorros del gremio de los maestros, o el fondo del ISSFA de las Fuerzas Armadas; o empiece a usar dinero inorgánico o incluso los fondos de los depositantes en el sistema financiero privado, depositados parcialmente en el Banco Central. Actos ilegales que se justifican al interior de Alianza País por la necesidad de obtener los recursos financieros para cubrir el “bache” del presupuesto del 2016 y llegar airosos a las elecciones de febrero de 2017. Un escenario posible a la vez que dramático que permitiría a Correa con algo de suerte decir como Luis XV “después de mi el diluvio” y asegurar su impunidad.

Cabe señalar que dicha estrategia política de Correa coincide con los intereses de actores económicos y políticos, incluso dentro de las propias filas de la oposición. Como lo hemos señalado en artículos de coyuntura anteriores, sobran los intereses de negocios y cálculos electorales entre líderes políticos y miembros de la élite empresarial para este efecto, que consideran que pueden controlar e incluso utilizar a un Correa débil y asustado.

Correa por su parte calcula que con una buena propaganda y palo en las calles logrará acallar la voz de descontento generalizado en el país. Correa y algunos de sus asesores estiman que en el país no existe el número adecuado de líderes ni sectores organizados lo suficientemente valientes para desenmascararlo y enfrentarlo, incluidas las Fuerzas Armadas.

Más allá de los diferentes elementos negativos señalados, considero dicha alternativa equivocada, parte de un falso dilema y una falsa disyuntiva. Para comenzar no tiene sentido dejar que se destruya el país, hasta mayo del 2017, por cálculos sobre un supuesto desgaste del populismo. Si permitimos que se destruya el país (para destruir a Correa) simplemente pierde razón de ser la lucha por la democracia, sea que se haya acabado o no con la imagen política de Correa. En otras palabras, la auto destrucción para eliminar a Correa es una premisa que se auto descarta.

Respecto de la segunda alternativa, se ponderan asimismo sus posibles beneficios y los altos riesgos de la misma. Se considera que sería de gran beneficio para el país pues permitiría recuperar la confianza de los agentes económicos. Sobre todo se terminaría con la destrucción sistemática, diaria, tanto de la democracia como de la economía. Se podría recuperar la libertad de expresión, la división e independencia de poderes. Se lograría poner fin al endeudamiento externo oneroso, así como a la amenaza de extinguir el sistema de seguridad social existente en el país, incluido el de las Fuerzas Armadas.

Entre los aspectos negativos, se considera que Correa aprovecharía de esta situación para victimizarse y hacer aparecer su destitución (ó renuncia) como un golpe de estado, tal como lo hizo el 30 de septiembre del 2010, lo que le permitiría salir del país sin rendir cuentas a la justicia por los arbitrariedades de su dictadura. Salida que además le permitiría regresar al Ecuador en un futuro cercano para postularse nuevamente, en calidad de líder populista carismático y de izquierdas a la presidencia y restablecer el reinado de la revolución ciudadana.

Considero que al igual que la primera alternativa, la segunda tampoco es válida para los intereses del Ecuador, justamente porque no se requiere dar un golpe de Estado para que el país recupere su democracia. Se debe recordar que todos los políticos de oposición estiman que el régimen de Rafael Correa atenta de manera permanente contra la democracia y que forma parte de un proyecto internacional de carácter autoritario y/o totalitario en la región, vinculado a su vez a un juego de poder hegemónico que busca menoscabar a occidente desarrollado. A esto se añade que una buena parte de la oposición de base y de la opinión pública lo considera como dictatorial. Es debido precisamente a la ausencia de libertad y democracia, esenciales para el convivir nacional, que se vuelve imperativo, y en derecho para la sociedad, su restablecimiento por las vías legales posibles. En el caso particular de nuestro país significa la renuncia o destitución del dictador y su gobierno.

Por lo expuesto, podemos afirmar que las dos alternativas planteadas constituyen un falso dilema que no brinda alternativas válidas al país.

Es necesario resaltar que plantearse la coyuntura actual, como una disyuntiva de dos opciones negativas, es hacerle el juego a Correa, pues es eso precisamente lo que él quiere que piensen en las actuales circunstancias tanto los políticos como la población. La esencia de su plan es precisamente que escojan entre dos alternativas que de una u otra manera lo benefician: “o me aguantan, y cometo cuanto desafuero me de la gana hasta el 2017, ó me botan (Plan B) con un golpe de Estado inconstitucional”. La conclusión en ambas situaciones es obvia, él dictador saldría ganando.

Cabe añadir que la disyuntiva y alternativas señaladas coinciden con la actuación del régimen correísta para reafirmar su autoritarismo y control del poder total. Del análisis de ambas alternativas se desprende que Correa aspira continuar en el poder, de una manera u otra, sea él directamente o con un títere figurando como presidente, tanto para el período 2017 como para el de 2021. Contexto que explica a su vez la feroz arremetida de Correa y su camarilla en contra de las Fuerzas Armadas, institución que el régimen quiere cooptar, pues teme que conforme la tradición de garantes de la democracia, opte por apoyar la voluntad de la mayoría de ecuatorianos que demandan el fin del correísmo.

Cabe subrayar también, que no es coincidencia que dicha cooptación, conforme lo demostró Hugo Chávez, representa un elemento clave para la aplicación de un proyecto fascista de largo plazo, tanto por el uso monopólico de las armas como por la capacidad para ejercer control sobre la sociedad y los individuos.

Es interesante notar en este sentido los esfuerzos del régimen por construir un enconado discurso de antagonismo y división social con el ánimo de menoscabar la moral de la institución, así como de posicionar la idea de que las Fuerzas Armadas representan el nuevo “enemigo de la revolución”. Mensaje que, no por casualidad, está dirigido especialmente a los sectores más amplios de la pirámide institucional, así como de la sociedad en general.

 

EXISTE UNA SALIDA AL FALSO DILEMA CORREISTA?

Estimo que en este momento existe la suficiente conciencia social y argumentos jurídicos para pensar en una alternativa legal que conjugue el interés nacional con las aspiraciones de la población para restaurar la democracia. Esto es preservar al país de la destrucción correísta, a la vez que desmontar el correísmo mediante una salida democrática y constitucional, que incluso ayude a mejorar la deteriorada imagen internacional del país y contribuya a recuperar la confianza para brindar estabilidad económica.

Esta salida consiste en demandar la destitución de Rafael Correa por haber violado la constitución y las leyes del país, en el contexto del derecho a la resistencia establecido en la constitución. Dicho pedido podría ser realizado por un grupo de dirigentes y líderes sociales comprometidos, incluidos miembros de las Fuerzas Armadas, con el debido respaldo de la ciudanía movilizada para el efecto, ante la Corte Constitucional del Ecuador.

Es necesario hacer conciencia de que la mencionada salida constitucional para el restablecimiento de la democracia, argumentada desde una perspectiva doctrinaria del derecho, podría cristalizarse a través de un gobierno provisional que convoque a una nueva Asamblea Constituyente y a elecciones adelantadas. Para este propósito sirve muy bien el ejemplo de Clemente Yerovi, quien lideró la transición del país a la democracia, luego de que terminó la dictadura militar en el año 1966.

Dicho gobierno además contaría con la legitimidad y el apoyo popular suficiente para introducir varias reformas que permitirían desmontar el entramado jurídico autoritario de la dictadura correísta, y desactivar el control sobre el sistema de justicia y los organismos de fiscalización. Podría asimismo convocar a un referéndum para adoptar medidas de emergencia económica para salvar la dolarización y lanzar un plan de ayuda a los sectores sociales más necesitados.

Es necesario destacar que planteamientos de similares características han sido formulados y difundidos a través de algunos medios independientes por varias figuras políticas: Francisco Huerta, Enrique Herrería, Enrique Ayala, Carlos Pérez Guartambel. Siguiendo esta línea, recientemente Lucio Gutiérrez planteó que se adelanten las elecciones. Guillermo Lasso lo ha mencionado, aunque con la reserva de que esta iniciativa lamentablemente no esta estipulada en la constitución, pero dejando entrever la posibilidad de que la idea tome cuerpo.

Es claro que la mencionada alternativa es valida en término teóricos, pero que en la práctica demandará de una condición absolutamente necesaria: la movilización, participación y apoyo de la ciudadanía, así como del apoyo de las Fuerzas Armadas.

Al parecer la tradición de las Fuerzas Armadas, tal como quedó demostrado recientemente, se mantiene íntegra, es decir que en los momentos decisivos estarían del lado del pueblo ecuatoriano.

Con relación a la movilización y participación de la ciudadanía, es necesario tomar en cuenta que existen dos sectores de masas politizadas importantes en el Ecuador en la actual coyuntura: Por un lado está la clase media, con todas sus capas, desde las altas hasta las medias y bajas, y que se ubica tanto en el sector público, como privado e informal. Dicha clase media, que se destacó por su vigorosa protesta en Quito en contra de la dictadura a lo largo del 2015, así como en otras ciudades del país, está lista a salir a las calles de darse una amplia convocatoria con objetivos concretos. Deberá ser una convocatoria que trasmita confianza y credibilidad, pues como otros sectores dicha clase media resiente que durante las jornadas de verano del 2015 no haya existido una dirección con objetivos claros para poner fin al correísmo, y de que se haya querido desvirtuar el grito de la protesta popular de “Fuera Correa Fuera”.

Un segundo grupo igual o más importante, altamente politizado, lo constituyen los sectores sociales de trabajadores, y otros gremios afines, así como el movimiento indígena. Dichos grupos, en particular el movimiento indígena, están conscientes de que su participación en términos de movilización y protesta social es clave en la actual coyuntura, para poner fin al correísmo. Asimismo comprenden la importancia de sentar las bases para una negociación que va más allá del peligro del correísmo en la coyuntura, que supera lo electoral, que es de largo plazo y que tiene que ver con el modelo de desarrollo económico y político que se requiere en el Ecuador.

Los indígenas y los movimientos sociales están conscientes de que en la actual crisis política y económica es imprescindible plantear los términos de una unidad en función de los cambios que la sociedad requiere para que las condiciones de exclusión que dieron luz al correísmo, y su modelo autoritario y extractivista, no vuelvan a repetirse. En el caso del movimiento indígena, dicho sector está además llamado a ejercer un liderazgo en el ámbito de la lucha por reducir las causas y los efectos devastadores del cambio climático, en términos de adaptación y mitigación, lo que atañe directamente a la forma de producir y de consumir de la sociedad capitalista actual y que demanda la búsqueda urgente de alternativas de desarrollo.

Es evidente que ningún acuerdo nacional ni modelo nuevo de país puede prescindir de sus planteamientos para la preservación de la biodiversidad, para superar el extractivismo y para construir una sociedad más justa y equitativa, tolerante, no racista.

Dicho acuerdo y modelo de país exige que los movimientos sociales, así como el movimiento indígena, de trabajadores, y pequeños comerciantes, se sienten a la mesa de negociación con iguales derechos que la élite política, los grandes empresarios y partidos tradicionales.

No está lejos tampoco la posibilidad de que de dichas negociaciones surja una alianza fortalecida que cubra el amplio espectro de la centro izquierda, llamada a jugar un rol fundamental en la restauración democrática del país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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FASCISMO Y MODERNISMO CORREISTA

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ENSAYO (borrador): FASCISMO Y MODERNISMO CORREISTA por Gustavo Palacio Urrutia

EL profesor inglés Roger Griffin (2005,2006,2009) ha realizado un amplio y reconocido trabajo de varios años sobre el origen y la naturaleza del fascismo en Italia y Alemania, el cual resulta pertinente para el análisis de fenómenos de similares características en la etapa contemporánea.

En su particular estudio sobre el “fascismo y el modernismo”, en Italia y Alemania, Griffin plantea que el fascismo puede ser considerado como una propuesta alternativa de “modernismo”, en respuesta a las angustias y trastornos ocasionados por la crisis de la modernidad y su fallida promesa de uso de la ciencia y la razón para alcanzar el mito liberal de la felicidad y el progreso social. Es importante destacar que el interesante enfoque presentado por Griffin es compartido en muchos aspectos por varios otros autores, entre los que cabe mencionar a Emilio Gentile (2003) y Stanley Payne (1980).

Griffin señala que la forma concreta como se expresó el fascismo italiano y alemán fue mediante el “modernismo revolucionario” populista y ultranacionalista, de cambio y transformación social, de creación del hombre nuevo (Ubersmersch), encarnado en la figura del caudillo carismático, como alternativa política para enfrentar la anomia social provocada por las continuas crisis del sistema capitalista, la decadencia de la cultura de la sociedad burguesa, la burocratización del “moderno” Estado Nación descrito por Max Weber.

Según la interpretación de Griffin, en términos más concretos, el fascismo se encubó en medio de una larga crisis política y económica, a lo largo de un período de gran efervescencia social y cultural, que propició el surgimiento de innumerables propuestas (modernistas) de contenido rebelde y cambio social, que tenían en común el afán de trascendencia, para generar una nueva modernidad.

En Alemania, muchas de ellas tuvieron lugar durante la “República de Weimar”, como fue el caso de la constitución del mismo nombre, considerada una de las más progresistas en la Europa de comienzos de siglo. Con esta se creó la república federal de Alemania, se aprobó el derecho al voto de la mujer, y se introdujo el llamado constitucionalismo social, que consagraba los derechos sociales en particular en lo atinente a la salud y al derecho al trabajo. La constitución de Weimar fue adoptada bajo el liderazgo de la social democracia alemana, justo al finalizar la primera guerra mundial y luego de la fallida revolución de los “espartaquistas” de enero de 1919, liderada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, asesinados por grupos paramilitares (Freikorps) de ultraderecha.

Una segunda ola de efervescencia, en búsqueda de un “aufbruch” bajo el liderazgo fascista, tuvo lugar, luego de estallar la grave crisis del 29, con el ascenso de Hitler al poder en 1933.

Si usamos una de las definiciones de “consenso” presentadas por Griffin sobre fascismo: “Una forma palingenésica de populismo ultranacionalista”, es posible deducir que su esencia “modernista revolucionaria”, fue la propuesta de carácter político, populista y ultranacionalista, de mayor éxito gracias a que supo articular bajo su discurso de la identidad nacional al resto de planteamientos de izquierda y derecha, muchas incluso postmodernas, a la par que otras pre modernas, retrógradas y arcaicas, pero que en buena medida constituían el reflejo de legítimas reivindicaciones del amplio espectro social y de la “crisis de conciencia” de la época.

Griffin argumenta, sobre la base de una abundante bibliografía, como los intelectuales y artistas de Italia, Alemania y otros países de Europa, abrazaron el fascismo, alrededor de la promesa de regeneración espiritual, pero también de modernidad de su “madre patria”.

En el caso de Italia, políticos, artistas e intelectuales de renombre de diversas corrientes como Garibaldi, De Annunzio, Gentile, Papini (creador del influyente medio “la voce” y autor de “Para el Duce, amigo de la poesía y de los poetas” ) , Soficci, Piacentini, Pagano, brindaron su talento para pavimentar el ascenso de Mussolini al poder. Este, gracias a su pensamiento pragmático y capacidad de sincretismo, construyó un discurso ultranacionalista con ideas de la izquierda y la derecha contemporáneas, así como del totalitarismo estalinista, e impulsó un movimiento multiclasista, de tendencia autoritaria, el “nacional socialismo”.

En la Alemania nazi es notable observar una línea de acción similar. El régimen fascista alemán promovió abiertamente diversos movimientos artísticos que abarcaron desde la arquitectura y las artes plásticas, donde predominaban la línea modernista de la Bau Haus de Walter Gropius y el arte revolucionario del movimiento Dada, hasta el cine, la literatura, el teatro, y la música moderna, en especial el jazz y el swing llegados de Norteamérica, la cual se difundía a través de programas de radio con audiencias de masas e individuos ávidos por disfrutar de la explosión de oferta cultural. En el ámbito industrial el régimen nazi también buscó estimular e incorporar a la producción nacional el desarrollo de nuevos y originales diseños vanguardistas que representaran el renovado espíritu de la Patria revolucionaria.

Un buen ejemplo de esta política es el de la cooperación del ingeniero checo nacionalizado alemán, Ferdinand Porsche, con el régimen de Hitler. Porsche, quien también fue tentado por el propio Joseph Stalin para que desarrolle un plan de industrialización para la URSS, recibió el reconocimiento internacional por sus modelos de avanzada y por el ingenioso diseño del automóvil del pueblo: el Volkswagen. Si bien debido a la guerra el proyecto no pudo cristalizarse, este simbolizaba en el ámbito de la tecnología industrial el ideal nacional socialista de modernidad. En lo social es importante mencionar el fortalecimiento del rol de la mujer en la sociedad, lo que iba de la mano de la revolución sexual de la sociedad. Este era el contexto de desarrollo e ímpetu cultural modernista en el que se construía el discurso fascista de culto a la superioridad de la raza aria, y se preconizaba al “volk” como unidad primordial de la nación y la Madre Patria.

Fue esta avalancha de propuestas “revolucionarias” modernistas, de un nuevo inicio en todos los ámbitos, de rechazo al pasado oprobioso, lo que causó la sensación de conmoción y de cambio social, de “aufbruch” y permitió mantener a la sociedad en vilo y bajo control durante largo tiempo, a pesar de la catástrofe a la que fue conducida bajo la égida de la irracionalidad nazi.

Griffin señala que paradójicamente dicha modernidad política revolucionaria se fusionaba para su legitimación con elementos simbólicos arcaicos e irracionales como la raza, la sangre, la Patria, el caudillo. Una forma moderna de sacralizar la política, de convertirla en la nueva religión, mediante la construcción de mitos, ritos y liturgias, usando las técnicas modernas de la propaganda de masas, sobre todo a través de la radio y el cine, así como del ejercicio de la política en forma de espectáculo.

Griffin explica que en el fascismo la representación simbólica y primitiva del poder se combina con la admiración y exaltación de la tecnología. Cita a Guy Debord (1967) para explicar que se trata del “arcaísmo técnicamente equipado. Su “erzsats” descompuesto del mito es retomado en el contexto espectacular de los medios de condicionamiento e ilusión de masa modernos”. Añade y aclara que, a diferencia de la concepción marxista que considera dicha relación como una aberración del capitalismo reaccionario, él concibe el fascismo como una expresión del “modernismo revolucionario…entendido como fuerza que perpetúa elementos arcaicos de la conciencia humana”. Dicho concepto según Griffin, sirve también para entender otros fenómenos revolucionarios (conservadores) de la época como el estalinismo.

Con el ánimo de brindar una visión holística del tema Griffin combina su visión sociológica y política de dicha relación con elementos de la psicología y antropología. Considera por ello que además del estudio del modernismo como una reacción a la frustrada modernidad, es importante tomar en cuenta que la mayoría de las disciplinas sociales concuerdan en que existe un instinto por la trascendencia que se activa en situaciones de amenaza al orden establecido. Dicho instinto está relacionado directamente con la construcción de identidad, auto estima, el sentimiento de pertenencia al grupo, que son fundamentales en la formación de los individuos y la sociedad humana y que adquiere especial importancia en la modernidad, cuando el ser humano puede gracias a la educación de masas y la cultura “mirarse a sí mismo”. Aspectos que coinciden perfectamente con el análisis concreto de la relación histórica del fascismo y el modernismo en Alemania e Italia fascistas.

Es cierto y es conveniente aclarar que de manera paralela al fascismo surgió un vigoroso pensamiento crítico libertario de izquierda, alternativo también al estalinismo, representado fundamentalmente por la Escuela de Frankfurt, cuyos miembros, la mayoría intelectuales judíos, fueron enemigos acérrimos y víctimas del régimen nazi. Es interesante notar que en el trabajo de Griffin sobre fascismo se percibe la visión crítica de dicho movimiento, sintetizada en el trabajo sobre “El Iluminismo” de Horkheimer y Adorno.

Cabe recordar también respecto de las propuestas modernistas de la época, que el fascismo coincide con la publicación de la magnífica obra de Heidegger, Ser y Tiempo, decisiva para el surgimiento del existencialismo, reivindicado por Sartre. La visión de Heidegger sobre el ser humano y su crisis existencial, coincide con la crisis de la modernidad, con la toma de conciencia de la sociedad, del individuo, que por primera vez se observa a sí mismo, pero en una situación de conflicto.

Estimo que el estudio de Griffin sobre la relación entre fascismo y modernismo, en base a un relevante escrutinio de la literatura académica sobre el tema, no sólo es revelador para comprender el proceso histórico del fascismo en Italia y Alemania, sino que es perfectamente aplicable y pertinente para entender el proceso de populismo autoritario que ha tenido lugar en los últimos años en varios países de América Latina, en particular en los países autodenominados como del Socialismo del Siglo XXI.

Dicha propuesta de análisis en base al enfoque de la reacción modernista resulta sumamente interesante tomando en cuenta la multiplicidad de coincidencias existente entre los mencionados procesos históricos. Fundamentalmente es necesario resaltar el hecho de que en ambos casos se presentan condiciones históricas similares de crisis económica, política y social, que preparan el terreno para el surgimiento del fascismo y del socialismo del Siglo XXI. De igual manera en las dos situaciones se produce una reacción social similar en términos de propuestas modernistas de cambio social, que son aglutinadas bajo lo que Griffin denomina como “Modernismo revolucionario”, en el marco de la crisis de modernidad del sistema capitalista mundial, la cual se ha mantenido latente a lo largo del siglo XX y del recién iniciado siglo XXI.

Es muy interesante constatar también que tanto en la Italia y Alemania fascista, como en las sociedades del Socialismo del Siglo XXI se produce un continuo reordenamiento de la estructura de clases, el surgimiento de nuevos y amplios sectores medios que irrumpen en el escenario político; la existencia de una cultura autoritaria, la prevalencia del discurso populista binario de la sociedad.

En ambos casos los regímenes supieron aprovechar dichas circunstancias históricas para articular a su conveniencia todo tipo de meta relatos y discursos tanto modernos, como pre modernos (arcaicos) y postmodernos, de derecha e izquierda bajo la égida de un proyecto político autoritario, ultranacionalista, populista y caudillista que reivindica sobre todo la identidad nacional y el mito de la Nación y la “Madre Patria”.

En el caso específico del Ecuador, fue a partir de los años 90 que empezó a gestarse una grave crisis económica y política que culminó con el congelamiento bancario y la debacle del sistema financiero a fines de siglo. Fue justamente durante el gobierno de Jamil Mahuad, cuando se adoptó la dolarización y que el Ecuador firmó la paz con el Perú, lo que dejó una sensación de derrota y pérdida de territorio, de degradación de la dignidad y orgullo nacional, en la conciencia social. El desánimo de la población se reflejó en un éxodo significativo de ecuatorianos al Exterior.

Cabe recordar además que fue en los años 90 cuando empezó a incursionar con gran fuerza el Movimiento Indígena en el Ecuador, el cual contribuyó a derrocar a varios regímenes antipopulares, así como a llegar al poder a varios movimientos populistas, incluido el de Rafael Correa.

En pocos años, desde 1996, en el Ecuador se sucedieron gobiernos depuestos por la ciudadanía en las calles, cuyas promesas de modernidad eran siempre incumplidas. El sistema de partidos políticos se resquebrajó, dando paso al surgimiento de movimientos ciudadanos y sociales, aunque también al resurgimiento del populismo y caudillismo. Estos contaron con la participación activa de nuevos actores políticos y sociales, las “nuevas clases medias”, que emergieron en toda la región latinoamericana en diferentes momentos del siglo XX pero que habían estado excluidos del quehacer político.

Poco a poco en el país se fue gestando un sentimiento de búsqueda de cambio del sistema político, económico y social. La actividad política fue de la mano de la vida cultural, en cuyos espacios se gestaron propuestas de transformación y modernización (algunas incluso postmodernas) que en conjunto simbolizaron el anhelo por una nueva sociedad y un país más justo e incluyente. No es casualidad que Alfredo Palacio, al asumir el mando en 2005, tras la “caída” de Lucio Gutiérrez, en medio de un acto político en las calles de Quito, hiciera un dramático llamado a “refundar el Ecuador”. Tampoco lo es el hecho de que Rafael Correa y muchos de sus colaboradores sean ex funcionarios del gobierno de la mencionada administración de Alfredo Palacio. Algunos de éstos funcionarios y tecnócratas incluso habían sido parte de los gobiernos de Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, período durante el cual se registró una gran participación de los sectores sociales y surgieron expectativas de cambio.

Desde el primer día como Ministro de Economía Correa aprovechó para construir su plataforma electoral en base a la efervescencia política que se vivía en el país, lo que generó un conflicto al interior del gobierno y determinó su salida.

Correa, con el asesoramiento de un grupo importante de intelectuales de izquierda y de centro izquierda (social democracia) ilusionó al país con un discurso renovador que gustaba por su multiplicidad de propuestas modernistas, destinado a todas las audiencias y sectores sociales del país, y que al igual que en el fascismo europeo se aglutinaban alrededor del mito del resurgimiento de la patria y la reconstrucción nacional. En la campana electoral del 2006 si bien se negó cualquier simpatía por el socialismo marxista, sí se puso énfasis de manera pragmática en temas emblemáticos calculados en despertar sentimientos ultranacionalistas y chauvinistas: la salida de la base norteamericana de Manta, el no pago de la “deuda ilegítima”, la amenaza de enjuiciamiento al gobierno del Presidente Alfredo Palacio si no se declaraba la caducidad de la compañía Occidental, etc. De manera curiosa, posteriormente se llegó al extremo de presentar varias de los medidas tomadas por el gobierno de Alfredo Palacio en materia petrolera, como “logros” del régimen de Correa.

La profusión de propuestas e ilusiones modernistas fue objeto de discusión pública durante la Asamblea constituyente dirigida por los revolucionarios correístas. Una buena parte de ellas fueron recogidas en la nueva constitución del 2008: Derecho de la naturaleza, derechos de los grupos LGBTI, derechos de la mujer, derechos de los pueblos indígenas, derechos colectivos, entre muchos otros.

Un caso similar al de Ecuador, de crisis económica y política, de surgimiento de “modernismo revolucionario”, es el ocurrido en Venezuela, en donde el “Caracazo” de 1989 y el posterior intento de golpe de estado liderado por Hugo Chávez, prendieron las alarmas sobre la fragilidad del sistema democrático en la región. En general fue la antesala de una era de populismo autoritario y de propuestas modernistas en varios países de la región, incluidos Brasil y Argentina, con regímenes afines al socialismo del siglo XXI.

Un elemento adicional que abona a la lista de elementos comunes, que llama la atención por su carácter cualitativo, tiene que ver con las coincidencias ideológicas de ambos procesos. Un ejemplo relevante en este sentido lo proporciona la concepción del Ernesto Laclau sobre populismo como potencial agente del cambio social, inspirada en el pensamiento del ideólogo fascista Carl Schmidt.

Según el filósofo argentino, considerado uno de los más importantes ideólogos del Socialismo del Siglo XXI, el populismo consiste en un “conjunto de prácticas discursivas que construyen un sujeto popular” sobre la base de una cadena equivalencial de demandas sociales. Es claro que Laclau, con su propuesta de construcción de una ideología populista, deseaba resolver el problema de la falta de una fuerza revolucionaria como la “clase obrera”, lo suficientemente numerosa y decidida para producir los cambios sociales requeridos, conforme lo había previsto Marx en el siglo XIX pero que el curso de la historia se había encargado de desvirtuar.

El aporte teórico de Laclau y su esposa Chantal Mouffe, evidencia sobre todo el alto grado de colaboración brindado por instituciones y grupos de académicos e intelectuales latinoamericanos en la elaboración del discurso autoritario, populista y ultranacionalista, como eje aglutinador de las diferentes propuestas modernitas. Aporte que al igual que ocurrió con el régimen nazi, se extendió al ámbito jurídico y constitucional para la implementación de un sistema dictatorial y totalitario.

Finalmente, tanto en el fascismo europeo como en el socialismo del Siglo XXI dicha producción del discurso populista y nacionalista se vio acompañada del montaje de un aparato de propaganda sin precedentes que buscaría seducir pero también fomentar el miedo para forjar la lealtad de la población al régimen. En Ecuador se siguió prácticamente al pie de la letra el esquema de propaganda ejecutado por Hugo Chávez, en particular de su programa “Halo Presidente”, mediante los llamados “enlaces ciudadanos”.

Tanto en el chavismo como en el correísmo se invirtieron enormes recursos para montar un enorme aparato de propaganda estatal, que reproduce la política del espectáculo fascista ideado por Mussolini y perfeccionado por Hitler a través de Joseph Goebbels. Resulta muy interesante notar que los hermanos Alvarado, conocidos publicistas del correísmo, han hecho público la determinación del régimen de “podar” a los medios de comunicación, y de esa manera restringir la libertad de expresión, a través de un “Estado Jardinero”. Metáfora que fue popularizada por Federico el Grande de Alemania, representante insigne del despotismo ilustrado, y que fuera también utilizada posteriormente por el nazismo.

Es claro que para la implementación del esquema populista revolucionario y modernizador de ambos procesos históricos resultó fundamental el manejo de la economía y la obtención de recursos económicos. El caso de Hitler resulta en este sentido paradigmático. Este impulsó una política de gasto público acelerado y endeudamiento abultado con miras a fortalecer el proceso de industrialización que aunque tardío había sido altamente eficiente desde mediados del siglo XIX.

Un eje fundamental de esta estrategia de desarrollo fue la construcción de un complejo militar industrial con la participación del sector estatal y privado que respondía a la visión geopolítica ultranacionalista del caudillo alemán. Parte fundamental de su esquema fueron la emisión de bonos para pagos a la empresas, las expropiaciones, el saqueo de la riqueza de la burguesía judía y de las naciones ocupadas por el ejército alemán, así como la explotación de mano de obra esclava impuesta a los millones de prisioneros del régimen. Con la guerra dicho modelo de economía militarizada y de guerra, no sustentable, terminaría por colapsar.

Los países del Alba aplicaron un modelo de gasto aún menos eficiente, no productivo, basado en el alto precio de las materias primas, así como en la existencia de una economía subterránea vinculada a la corrupción y el narcotráfico, que si bien incentivó el consumo de las masas y permitió un mayor apoyo de la población, terminó por evidenciar su poca sostenibilidad.

En el caso del Ecuador los ideólogos del Socialismo del Siglo XXI plantearon el desarrollo de una “nueva matriz productiva” basada en el “conocimiento” siguiendo supuestamente el ejemplo de Corea del Sur y los “Tigres del Asía”. Los resultados sin embargo, a pesar de los ingentes recursos recibidos por los altos precios del petróleo, son totalmente negativos. El régimen correísta siguió un esquema de gasto público acelerado pero ineficiente que se concentró en la construcción de obras de infraestructura que respondían más a los delirios de grandeza ultranacionalistas del caudillo que a un plan de desarrollo sostenible.

El gasto sin control si bien benefició por varios años al sector financiero, la construcción, el comercio, el turismo, el sector de la salud (con fines políticos), terminó por tener un impacto inflacionario y encarecer los costos de producción a nivel global, afectando a toda la economía, en particular a la industria y agricultura. Por otro lado, la falta de inversión privada por casi una década, el abultado y costoso endeudamiento externo, el exceso de tasas impositivas, y la reducción obligada del gasto público producto de la caída de los precios del petróleo, han creado una situación de crisis inmanejable que amenaza con hacer colapsar al otrora beneficioso esquema de la dolarización.

Cabe indicar que al igual que ocurrió en el fascismo europeo, las reformas políticas, económicas y sociales introducidas por los países del Socialismo del Siglo XXI produjeron un proceso de redistribución de la riqueza importante. En Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua (así como en Argentina y Brasil), se observa el surgimiento de la llamada “Alba burguesía”, el cual está vinculado también a procesos de acumulación vía la corrupción o la vinculación con sectores de la economía ilegal y subterránea de la sociedad.

Me permito señalar que en varios artículos y ponencias publicadas he señalado el tema de la crisis de modernidad y de identidad nacional como una de los elementos clave a considerar para el análisis del correísmo. Fundamenté dicha opinión en los trabajos de Benedict Anderson, Erik Hobsbawn, Jorge Larraín. Expuse desde la perspectiva del análisis crítico del discurso elaborada por Teu Van Dic, Norman Fairclough, Ruth Wodak, que en sus inicios el correísmo represento el ideal de la identidad nacional de manera binaria, pero siempre desde un sesgo étnico y racista.

Así, sobre la base del estudio realizado identifiqué como Correa presentó a los “pelucones” blanco mestizos como los enemigos de la revolución y el pueblo. Mencioné que poco a poco dicho discurso empezó a descomponerse en varias identidades contradictorias, en las que predominaba una identidad blanco mestiza hibrida central, encarnada en él, así como otras consideradas enemigas de la revolución y/o inferiores, en particular en términos de su etnicidad: cholos, longos, negros, indígenas. Plantee que el régimen correísta había representado un nuevo intento, infructuoso, de la sociedad ecuatoriana por construir una identidad nacional “moderna”, multicultural y multiétnica, con la cual pudiera identificarse. Esperanza que había sido parte de un proceso regional latinoamericano, que se había desvanecido y que había dado lugar a un nuevo ciclo de crisis identitaria.

Respecto de la identidad híbrida, representada por Rafael Correa,  en  un trabajo anterior indiqué que ésta revelaba la existencia de un determinado sector de la sociedad, de estratos medios y de grandes apetencias de poder acumulados, que abrigaban un sentimiento contradictorio de amor y odio respecto de lo que en el imaginario de la estructura social ecuatoriana representa el sector “blanco” (blanco mestizo) que ha detentado el poder económico y político en el país previo la revolución ciudadana. Dicha identidad híbrida estaría articulada alrededor de una visión profundamente racista, donde se exalta al “nuevo hombre ecuatoriano” asumiendo como referente el ideal etnocéntrico anglosajón, al que se pretende negar y emular simultáneamente. Visión que también explica el reiterado discurso y la campaña civilizatoria por parte del caudillo para “modernizar” (al estilo de occidente desarrollado) al Ecuador multiétnico (mestizo e indio) y pre moderno.

Este elemento podría ser importante para entender también las diferencias entre los líderes fascistas europeos y el caso de Rafael Correa. En el caso de los primeros explicaría el porqué de la total identificación del líder carismático con su pueblo. En el caso del caudillo ecuatoriano, sirve para entender como el otrora líder de masas, considerado a si mismo ente superior a su pueblo, devino en un fantoche arrogante despreciado por las masas e incluso la propia clase media blanco mestiza.

En base a la comparación y análisis presentado, más allá de las reflexiones señaladas, pienso que existe suficiente evidencia que justifica un estudio académico serio y extenso sobre la relación que existe entre el trabajo de Griffin con relación al modernismo y el fascismo y la experiencia de los regímenes del socialismo del siglo XXI, en particular en el Ecuador. Dicho estudio debería incluir y abordar el debate entre los cientistas sociales sobre si existe una relación significativa entre populismo y fascismo a la luz de la crisis de modernidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ANALISIS DE COYUNTURA: “SALIDA HONROSA”

imageANALISIS DE COYUNTURA: “SALIDA HONROSA”

En la cambiante situación de crisis económica y política del Ecuador se puede observar una nueva coyuntura, en la que se registran varios elementos de importancia para el devenir del país en el corto y mediano plazo.

Por un lado se observa una notable recuperación de la participación política de la sociedad, expresada mediante marchas de protesta en las calles, en particular de parte de los sectores sociales y el movimiento indígena, contrarios al régimen autoritario correísta, a los que se empiezan a sumar diferentes estratos de la clase media.

Participación de la ciudadanía que comienza a organizare, convocar y ampliar su radio de acción, luego de un período de desmovilización producto de la falta de unidad y claridad de varios de los líderes de oposición que no supieron o no quisieron canalizar (ni capitalizar) el descontento generalizado y la protesta social de los meses de junio, julio y agosto para exigir la renuncia de Rafael Correa, lo que permitió al caudillo mantenerse en el poder, aunque enormemente debilitado.

La nueva y creciente protesta en el país, parecería adquirir fuerza y superar dichas deficiencias como consecuencia del empeoramiento de la crisis económica provocada por el régimen, y del proceso de concientización política de la población en relación al peligro que representa para el futuro democrático del país la reelección indefinida de un régimen autoritario vía la eventual aprobación en la Asamblea Nacional de varias reformas anti constitucionales en diciembre próximo.

No es casualidad por ello que en la reciente y vigorosa marcha del 11 de noviembre se escuchara con fuerza consignas en contra del modelo extractivista de desarrollo (fallido), la política económica causante del desempleo y aumento de la pobreza, así como contra las mal llamadas enmiendas, acompañadas del grito de “Fuera Correa, Fuera”. Protesta que continuará conforme nuevas convocatorias a marchas y a una huelga general durante las semanas venideras.

De otra parte, derivado de la crisis económica y política, así como del creciente descontento popular, se observa un proceso de debilitamiento del poder político y de erosión de legitimidad democrática del régimen. Esta situación de gran debilidad, simulada por la propaganda gubernamental, se puso en evidencia tras el sorpresivo anuncio efectuado por Rafael Correa de que no participará en las próximas elecciones. En pocos días Correa ha reiterado a los medios de comunicación que ha propuesto al interior de Alianza País que la enmienda de la “reelección indefinida” sea aprobada con una transitoria que le impediría postularse para presidente para el próximo período, la cual afectaría también a otros representantes de elección popular y a una buena parte de la bancada oficialista dentro de la Asamblea Nacional. En su lugar, Correa propone que sea candidato otro miembro de su partido, habiendo expresado de manera categórica su preferencia por las candidaturas de Lenin Moreno y/o Jorge Glas. Ambos personajes oscuros de la actual política ecuatoriana, que no aseguran continuidad del “Proyecto” y menos aún lealtad, incluso si su actual jefe y caudillo continúa activo políticamente.

No hace falta ser muy profundo en el análisis para apreciar la falta de coherencia y sindéresis en las infantiles e incongruentes explicaciones que sin ningún rubor ha soltado Correa y su régimen a la prensa, sobre su supuesto derecho a la “sana vanidad” para de manera por demás cínica “explicar” su nuevo cambio de actitud sobre su no postulación en las elecciones de 2017. Argumento deleznable al que añade la ilusoria propuesta, al más viejo estilo velasquista, de volver a postularse en el 2021 “en caso de que las cosas vayan mal”.

Más allá de la aberrante retórica populista del caudillo, barnizada con falsas ilusiones, para toda la población ha quedado claro que este cambio oportunista de actitud obedece a la imposibilidad de revertir el proceso de deterioro político de su gobierno, y que al parecer es la antesala del fin del Correísmo. Fin doloroso que lo obliga a optar por una “salida honrosa” que de lograr articularse con la elección de un gobierno títere que le cubra las espaladas, le permitiría eso sí disfrutar de un cómodo retiro de la política después de una década de usufructo del poder sin controles de ningún tipo.

La posición del caudillo, sin embargo, podría complicarse más debido a su conflictiva relación con las Fuerzas Armadas, la cuales a pesar de las presiones del gobierno se han resistido a ser parte de un proyecto totalitario a todas luces fallido. La deteriorada relación se hizo notoria la semana anterior a raíz del juicio montado por el régimen en contra de varios ex militares ecuatoriano, por su participación en actos que habrían constituido una violación de los derechos humanos durante la lucha contra la insurgencia armada en los anos ochenta, con el claro objetivo de dividir y manipular a la institución armada. Una utilización burda de la justicia con fines políticos, respecto de un tema sensible que debe ser tratado de manera imparcial, pero que afortunadamente ha sido rechazada de manera frontal por la institución castrense, lo que ha infringido un duro golpe al ego encumbrado del caudillo.

La actitud audaz y manipuladora de Correa respecto de la institución militar, producto seguramente de su estado de preocupación combinado con su forma utilitaria de ejercer el poder, no deja de llamar la atención, tomando en cuenta que fueron precisamente las Fuerzas Armadas y la Policía quienes en buena medida impidieron que el pueblo airado del Ecuador lo obligara a dejar el poder en los meses pasados.

Es interesante notar, en la misma línea de lo antes señalado, que el anuncio de Correa de no participación en la próxima contienda electoral se produce poco después del malogrado debate sobre la crisis económica del país, y de que el interlocutor que se suponía era uno de sus mejores aliados lo desafiara y le increpara que durante la campaña  electoral de 2006 se benefició del aporte de los hermanos Isaías. Hecho político que será recordado entre las anécdotas del fin del correísmo y como señal unívoca de la perdida de autoridad del alicaído caudillo a todo nivel.

La derrota reciente del corréismo en las elecciones de rector, en la Universidad Andina, en Quito, es sin duda otra muestra del estado de debilitamiento y de perdida de influencia política del gobierno.

Una situación en definitiva difícil de manejar, en la que ni las “alianzas” del régimen con ciertos sectores empresariales, ni la complicidad de analistas e intermediarios para tranquilizar a los mercados y organismos internacionales, o los pactos con algunos dirigentes políticos, le aseguran al régimen la consecución de la ansiada salida “honrosa” del poder.

Para finalizar cabe un comentario sobre la situación del régimen a nivel internacional. En el ámbito regional es cada vez más claro el terrible golpe que significa para el falaz “Socialismo del Siglo XXI” la ya anunciada y próxima derrota electoral del Kirchnerismo y Chavismo en Argentina y Venezuela, con las consecuencias que a nivel personal esto representa para sus otrora poderosos líderes. En un plano más general, es evidente que la “marca” del “Socialismo del siglo XXI” ha perdido brillo y atractivo para las posibles bloques y potencias emergentes, interesados en los juegos de poder regionales en contra de Occidente desarrollado, tal como se demostró en la conferencia cumbre lde países Árabes y América Latina, en donde los gobiernos de Venezuela y Ecuador, tuvieron un rol intrascendente y marginal.

Lamentablemente para Rafael Correa las elecciones de 2017 distan aún muy lejos en el tiempo. Queda aún un difícil y pedregoso camino por recorrer, a lo largo del cual se mantiene latente la amenaza de un estallido popular en su contra, y la posibilidad de pasar a la historia como uno de los peores presidentes de las últimas décadas, por haber dilapidado enormes recursos sin precedentes en la historia moderna y por destruir la institucionalidad democrática del país.

En las próximas semanas y meses se verá cuál es la suerte del régimen en este sentido, pero lo que si está claro es que se ha iniciado el fin del Correísmo, con todas las consecuencias que esto entraña y que metafóricamente nos evoca el naufragio de un barco, en medio de una tempestad, con un capitán fuera de control, y cuyos tripulantes tienen pocas probabilidades de sobrevivir.

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ARTICULO: REFLEXIONES DE COYUNTURA por Gustavo Palacio Urrutia

En la actual coyuntura de crisis política y económica hay tres aspectos del régimen correísta que llaman la atención.

En primer lugar considero importante subrayar la virulencia tanto verbal como física con la que actúa el régimen correísta en respuesta al creciente descontento y a la protesta popular.

Durante varios días el país y la comunidad internacional fueron testigos de la brutal represión de amplios sectores sociales, pero en particular del movimiento indígena, la cual no tiene precedentes en términos de violación de los derechos humanos en la historia reciente del país y que fue posible gracias a la manipulación de un sector de la Policía y las Fuerzas Armadas. Represión que fue además acompañada de acusaciones judiciales, enunciados racistas y de una supuesta supremacía blanco mestiza contenida en el discurso oficial.

La virulencia verbal del régimen correísta, con su retórica de división y antagonismo social, adquirió asimismo niveles preocupantes tanto a nivel nacional como internacional, por el conflicto diplomático surgido recientemente con la Iglesia Católica. Me refiero a la inusitada agresión en contra de Monseñor Antonio Arregui por haberse “atrevido” a reiterar su llamado a un verdadero diálogo y al archivo de las enmiendas para restaurar la paz social. Dicho ataque verbal a uno de los representantes más importantes de la Iglesia Católica en el Ecuador, al que se acusa de “hacerle el juego a la derecha” fue iniciado por Alexis Mera pero lo continuó el propio Correa en su última sabatina. En su alocución Correa hizo extensivo su reclamo a la Iglesia Católica y al propio Vaticano, para lo cual citó una supuesta violación al “Derecho Romano” (en lugar de Derecho Canónico como corrigió después) mostrando su atolondramiento cuando es presa de sus arrebatos de ira.

La agresión contra la iglesia se formalizó mediante un comunicado de la Presidencia de la República a la Santa Sede. Sin embargo, lo que más llamó la atención y que quedará marcado como un acto bochornoso de manipulación de la información de la diplomacia correísta fue la exposición pública que hizo Correa del contenido de las notas personales que, en cumplimiento del protocolo de Jefes de Estado, ha recibido del Papa Francisco en agradecimiento por las atenciones recibidas en el Ecuador. Actitud antiética que pretende mostrar supuestas “inconsistencias” del Vaticano con la intención de restar valor al pedido de rectificación y diálogo hecho por la Iglesia Católica al régimen. El ataque del gobierno resulta chocante además por su permanente actitud oportunista frente a la Iglesia, a la que ha tratado de utilizar para legitimar su política económica y social.

En segundo lugar es necesario destacar que como parte de una estrategia para perpetuarse en el poder Correa combina la represión y fomento del antagonismo social, con elementos de división de la oposición, chantaje y propaganda política. Consciente de las diferencias de intereses de la oposición, Correa intenta provocar confusión y división alrededor del tema de las enmiendas, su llamado al diálogo y su eventual salida del poder. Por un lado lanza mensajes confusos que dan lugar a especulación sobre su participación o no en los comicios del 2017, por otro realiza declaraciones de apertura y acercamiento al sector empresarial, dirigidos en particular a los “hombres fuertes” de mayor influencia económica y política, con quienes le interesa construir alianzas, sobre una posible reducción del aparato del Estado e introducción de medidas económicas compensatorias para favorecer la inversión privada. Esto acompañado de su política clientelar para escindir los sectores populares y cooptar movimientos políticos. Paralelamente, mediante su retórica tecnocrática pretende justificar la grave crisis económica generada por su gobierno, así como el incremento de la ya abultada deuda externa y pública, en base a la caída del precio del petróleo y la revalorización del dólar. En ese marco, se atreve incluso a criticar la dolarización, como causante de la agravación de la crisis, para justificar un posible paquetazo económico de ajuste, conforme lo anunció Alberto Dahik en un panel conjunto, organizado por el gobierno, con Fander Falconí y Pavel Muñoz.

Los aspectos antes mencionados pienso configuran una realidad política que debe ser interpretada de manera clara por los ecuatorianos: vivimos bajo una Dictadura, que construye la verdad a su antojo, que controla todos los poderes del Estado y que no tiene miramientos con nada ni con nadie que ose “desafiar” al endiosado dictador. Régimen que se mantendrá indefinidamente en el poder, haciendo caso omiso de las advertencias de la sociedad y que continuará la destrucción sistemática de la economía nacional así como de su institucionalidad democrática, a menos que el pueblo ecuatoriano se una y lo derrote en las calles haciendo uso de su derecho a la resistencia y exigiendo la renuncia del “presidente”, conforme lo contempla la constitución.

Dictadura civil que no respeta la voluntad popular y que no por coincidencia compagina con el carácter y forma de ser de Correa. Cabe recordar que Fabricio Correa en varias ocasiones ha comentado sobre el hecho de que su hermano desde pequeño ha tenido un carácter violento, intolerante e irascible y que en varias ocasiones se vio obligado a defenderlo de otros chicos a los que buscaba pleito, y/o sujetarlo hasta que se calme de sus ataques de rabia. Fabricio también ha comentado sobre la obsesión que tenía de niño su hermano de jugar con sus amigos a ser presidente; “cargo” que sólo admitía sea representado por él. Fabricio ha alertado que a su hermano se le diagnosticó un problema de personalidad congénito, que no ha cambiado y que debido a la violencia que se podría desatar teme por su vida. (Apreciación que no dista de ser verdad si consideramos los acontecimientos provocados por Correa el 30 de septiembre de 2010). En entrevista a periodistas del diario “Die Zeit” Fabricio Correa señala adicionalmente que según expresiones de la propia esposa de Rafael Correa, éste se considera predestinado a conducir los destinos del Ecuador con un proyecto que necesariamente debe ser totalitario. https://www.youtube.com/watch?v=cqGqNjMuY7c

Es necesario resaltar finalmente que a pesar de las bravatas de Correa y de sus esfuerzos por retomar la iniciativa con gestos de agresión e intimidación, producto del repliegue temporal de las múltiples fuerzas de oposición, su situación como político al mando de la dictadura civil continúa deteriorándose. El tema central continúa siendo el creciente desagrado con la figura prepotente de Rafael Correa y su discurso denigrante de la sociedad; la concentración de todos los poderes, la violación de los derechos fundamentales, su mala conducción de la economía, la corrupción galopante y su empecinamiento en permanecer indefinidamente como presidente. Hay que añadir que como reacción a la represión desatada y la virulencia verbal propia de la retórica correísta, así como por el agravamiento de la crisis económica, los ánimos de la población lejos de calmarse se han incrementado. Hoy son muchísimos los ecuatorianos que esperan la ocasión oportuna para volver a expresar su descontento en las calles, lo que posiblemente ocurrirá en septiembre y que coincide con el nuevo paro anunciado por los sectores sociales y el movimiento indígena.

De otra parte, y de la mano con lo anterior, al haberse devaluado el poder carismático de Correa, se afecta su capacidad para forjar alianzas y lealtades duraderas. Limitación de especial importancia en la actual coyuntura en vista de las aspiraciones de Correa de contar con el respaldo de la cúpula de las Fuerzas Armadas y la “elite” empresarial. En el primer caso, existe conciencia de que tarde o temprano, en las actuales circunstancias internas y externas, Correa con su actitud intemperante se verá obligado a dejar el poder, y tendrá que rendir cuentas por corrupción, violación de la constitución y de los derechos humanos. Estigma político que nadie desea compartir por más apetecible que sea la recompensa. La cúpula sabe además que en la mayoría de mandos medios y tropa existe un creciente descontento con el tirano que demanda también el archivo de las enmiendas. Una situación similar se da en el caso de los empresarios, que saben que en el actual panorama de debacle económica anunciada nadie quiere que lo identifiquen como cómplice del Correísmo, peor si se trata de un régimen que no negocia ni discrimina cuando se le ocurre encontrar enemigos de la revolución. Para ellos son pocos los beneficios que se pueden obtener en condiciones de una severa recesión económica manejada por una Dictadura corrupta.

Situación en suma de ingobernabilidad que también se ve agravada por fenómenos naturales del país: la posible erupción del Cotopaxi y el Fenómeno del Nino, así como por un desfavorable clima económico y político internacional, de decadencia acelerada de los regímenes autoritarios del socialismo del siglo XXI en la región latinoamericana.

Es fundamental por todo ello que los sectores de oposición continúen con su estrategia de unidad, que propugne una gran Acuerdo Nacional, y que impida al dictadorzuelo continuar jugando con los destinos de la nación. No hay que descartar sin embargo, como lo hemos señalado anteriormente, que ante una protesta masiva de la población, Correa opte por dejar el poder haciéndose pasar como “víctima” de un supuesto golpe de Estado.

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UNICA ALTERNATIVA NACIONAL: UNIDAD SOBRE LAS DIFERENCIAS por Gustavo Palacio Urrutia

El agravamiento de la crisis política y económica ha deslegitimado de manera significativa al régimen caudillista de Rafael Correa. Sin una base popular de apoyo, la ola creciente de protesta social lo coloca en una delicada situación de ingobernabilidad que podría obligarlo a concluir  de manera anticipada su mandato, como ha ocurrido con varios regímenes anteriores.

 Situación política grave y que, de manera similar a lo sucedido en el pasado, podría desembocar en su salida, de producirse la unidad y presión política conjunta de todos los sectores de la oposición amparados en el “derecho a la resistencia” consagrado en la constitución vigente. Unidad que llegaría a contar con el apoyo y legitimación democrática de la mayoría de la población, así como con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, todo lo cual facultaría la salida constitucional del régimen vía la renuncia al cargo.

 La posibilidad de dicha unidad, sin embargo, aunque a simple vista parecería natural y lógica, tiene sus bemoles de complicación. Principalmente hay que considerar que si bien todos los representantes de la oposición respaldan las demandas de la  protesta popular en las calles, incluida la no reelección, catalogadas por el gobierno como inaceptables ya que presuponen el fin del correísmo, éstos difieren respecto de cuándo y cómo Correa debería dejar el poder.

 Las últimas semanas de agitación política han servido precisamente para que los diferentes líderes y sectores políticos de oposición expresen y justifiquen tanto discursivamente como mediante sus consignas y participación en las calles, con argumentos a favor y en contra, su posición respecto del fin del gobierno de Correa.

 Para comenzar observamos un grupo numeroso que continúa creyendo que, a pesar de la represión y el derramamiento de sangre provocado, hay que seguir insistiendo en el pedido (en las calles) de “rectificación” al “Presidente” de la República.  Son varios los políticos  y analistas que en dicho grupo plantean el tema desde una perspectiva netamente jurídica, de orden constitucional. Reproducen con acuciosidad el discurso legalista formal tan arraigado en la cultura política del país. Arguyen que a Correa se lo eligió por un determinado período y que la “voz del Pueblo” debe respetarse, sin importar las consecuencias. Hay otros que tienen una perspectiva similar, pero que argumentan desde el ámbito de la sociología y las ciencias políticas. A ellos les parece necesario que el pueblo ecuatoriano se mantenga dentro de los carriles de la “gobernabilidad democrática” y se supere la vergonzosa tradición de “tumbar presidentes”, que tanto daño, según ellos, le hace a la imagen del país, sin importarles las consecuencias de vivir bajo un régimen antidemocrático dirigido por un déspota dictador, para colmo claramente desequilibrado. Estiman que Correa, aunque sea un inepto, debe hacerse cargo de la grave crisis política y económica creada por su gobierno. Calculan que así se desgastará aún más y terminará arruinado políticamente.

Entre ambos grupos hay muchos ex correístas que guiados por la teoría populista de Laclau, puesta en práctica en Venezuela y luego en Ecuador con la ayuda de asesores españoles, contribuyeron a construir un andamiaje jurídico constitucional apropiado para que Correa pueda cooptar todos los poderes. Algunos de ellos incluso obtuvieron beneficios y prebendas durante su participación en el gobierno. Temen que apoyar la destitución inmediata de Correa pudiera ser interpretado como un reconocimiento de su responsabilidad respecto del creciente modelo autoritario y represivo.

 También hay quienes desde una  óptica discursiva aún más conservadora consideran que la presencia de Correa hasta el 2017 serviría de “lección política” para que “el Pueblo” aprenda a elegir (“la letra con sangre entra”)  bien a sus mandantes pues éste está mal acostumbrado y siempre elige caudillos populistas corruptos.

 Asimismo son varios los políticos que se escudan en sus funciones públicas, por considerar la situación poco clara, y optan por el silencio: piensan que en este momento no es un “buen negocio” sacar a Correa pues no recibirían nada en el “reparto del poder”, forma tradicional de ver la política en Ecuador. Estiman que en el 2017, cuando la cuota del poder se corresponda con el volumen de exposición mediática, posicionamiento de la imagen, nivel de popularidad, aportes económicos recibidos, capacidad de movilización de recursos, alianzas efectuadas, en lo que sería una elección muy dividida, tendrían más posibilidades que ahora.

 Saben que en términos de la democracia electoral, en medio de la crisis y de la fragmentación social que existe en el país, bajo las actuales reglas vigentes, con incluso menos del 40% de los votos podrían aspirar a llegar al poder. Hay finalmente políticos, analistas, así como empresarios preocupados pero escépticos, que estiman que el pueblo no ha madurado lo suficiente para plantear la salida anticipada de Correa, y que el riesgo de ser acusados de  “conspiración” y sufrir posibles represalias del régimen es alto.

 Para todos ellos, el grito de “Fuera Correa Fuera” expresado por las multitudes de ecuatorianos que protestan en las calles, debe ser interpretado (sin que haya claridad ni homogeneidad en su explicación) no como lo que literalmente significa, sino como el pedido de rectificación y permanencia en el poder hasta 2017 antes mencionado.  Interpretación, a mi modo de ver, sin sustento, en particular si se analiza el contenido del resto de consignas que el pueblo grita contra el gobierno de Correa, que coinciden con el pedido de salida del poder.

 Un segundo grupo pienso lo constituyen la mayoría de ecuatorianos que salen a protestar, que va más allá de los líderes políticos y sociales salvo importantes excepciones, que plantean la consigna de  “Fuera Correa Fuera” y están convencidos de su mensaje de manera literal. Para ellos la posibilidad de que Correa permanezca en el poder hasta el 2017 constituye un peligro de agravamiento de la crisis  política y económica, así como de la represión y de fortalecimiento de un proyecto autoritario (incluso totalitario) de permanencia indefinida en el poder. Según su entender Correa ha dejado de ser un Presidente que goza de credibilidad y legitimidad democrática. Lo catalogan como un dictador que ha violado la constitución en varias ocasiones, que ha cooptado todos los poderes del Estado, que ha violado los derechos humanos de los ecuatorianos y ha puesto al país al borde del abismo en términos económicos y de gobernabilidad.

 En este segundo grupo es más común encontrar personas con una visión crítica y menos dócil con el poder del gobierno, inconformes con la hegemonía discursiva del poder correísta. Lo conforman individuos y grupos sociales dispuestos incluso a arriesgar el bienestar y seguridad de ellos y sus familias. Son personas respetuosas con las autoridades democráticamente elegidas pero irreverentes cuando abusan del poder y violan los fundamentos del sistema democrático. Allí están miembros del movimientos indígena, de gremios de trabajadores y empleados públicos, de los sectores sociales, de la clase media, incluso empresarios. Tienen como característica principal ser libertarios, de diferente tendencia ideológica, fieles al principio de que es preferible morir de pie antes que vivir de rodillas. Sus intereses están afincados más en valores humanistas universales que materiales. En términos de cantidad, tal vez todavía no representan a la mayoría de la población, pero sin duda conforman la tendencia que más crece a lo largo y ancho del país, pues sus ideas libertarias y de dignificación del ser humano ante el poder en la actual coyuntura resultan contagiosas. Son varios los líderes políticos y de opinión de oposición que forman parte de este grupo y que plantean se exija la renuncia de Correa.

 Hay también un tercer grupo, igualmente significativo, conformado por el ecuatoriano trabajador de la calle, empleados públicos, y/o emprendedor que están molestos con la situación política y económica, que desean un gobierno distinto, de carácter democrático, que repudian la represión y el abuso de poder del régimen correísta, pero que debido a su ocupación y responsabilidades, en medio de una aguda crisis económica, luchan por su supervivencia y se sienten impedidos de expresar su opinión como desearían. Es un sector que está dispuesto a salir a las calles, pero que para hacerlo espera la convocatoria de un líder o de las organizaciones sociales correspondientes.

Es interesante notar, en base al análisis presentado, que si bien existen diversos intereses y posturas sobre la salida de Correa, estos no superan en términos de impacto político los factores de coincidencia y acuerdo que favorecen un necesario proceso de unidad de los sectores opuestos al régimen.

 Así, por ejemplo, existe completo acuerdo en que Correa ha perdido legitimidad y en que no posee las cualidades necesarias para conducir los destinos del país en la actual situación de crisis nacional. Todos los sectores han expresado su rechazo a la acumulación de poder, la violación de los derechos humanos, la corrupción galopante, el incremento del narcotráfico, el discurso descalificador, racista y denigrante de la identidad ecuatoriana, así como su desacuerdo respecto del manejo de la economía, sus políticas clientelares, el despilfarro de los recursos, el endeudamiento público.

Existe un claro acuerdo, finalmente, alrededor de un factor aglutinador (que se alimenta de todo lo anterior) de la mayoría de la población y líderes políticos: la oposición a que Correa continúe en el poder después del 2017. A todos les preocupa la falta de independencia de  los órganos de control del Estado, pero en particular del Consejo Electoral. Coinciden por ello en su decisión de continuar apoyando las movilizaciones de sus seguidores en las calles hasta que se escuchen las múltiples demandas exigidas por la población. Lo que en términos políticos prácticos representa para Correa una situación muy difícil de aceptar y mantener, en vista del carácter autoritario y represor de su gobierno.

A mi modo de ver, un paso importante que busca rescatar esos elementos de coincidencia de la oposición, para forjar en la práctica un proceso de unidad de acción, de carácter realista y  pragmático, ha sido realizado por la dirigencia del Movimiento Indígena y de los trabajadores durante las recientes históricas marchas y paros del presente mes de agosto, reiterado en la Asamblea Popular en Quito. Con un sentido de suspicacia política frente a la amenaza que significaría librar una lucha por separado contra la dictadura correísta, dicha dirigencia ha convocado a los sectores de oposición a unirse alrededor de una agenda común: el archivo de las enmiendas constitucionales, que incluye la no reelección indefinida, así como de varios otros puntos de especial interés para el movimiento indígena y los sectores populares.

Paso importante que por razones éticas y de supervivencia debería consolidarse aún más, y cristalizarse en la práctica política, en vista sobre todo de la brutal represión emprendida por el gobierno contra el pueblo ecuatoriano, en complicidad con un sector de la policía y las Fuerzas Armadas. Represión criminal que obliga a actuar en función de principios más que de ideología en la lucha contra el correísmo. Proceso de unidad que por dicha razón no debería marginar ni descalificar otros sectores que, aunque de distinta afiliación ideológica,  también han hecho un llamado a la unidad.

A manera de conclusión hay que señalar que probablemente muy pronto será imposible para el gobierno y el país continuar en la situación de crisis política y descalabro económico provocada por el régimen, que se aferra a no escuchar las demandas de la población y a permanecer de manera indefinida en el poder.  Será entonces necesario que todos los ecuatorianos unidos exijamos a los líderes políticos y organizaciones sociales que se unan aún más alrededor de acuerdos puntuales y acciones programadas conjuntas, que convoquen a toda la población y  exijan públicamente una decisión de Rafael Correa sobre las demandas sociales a él planteadas: O acepta archivar las enmiendas constitucionales y su aspiración de permanecer indefinidamente en el poder o presenta su renuncia al cargo de presidente, conforme lo prevé la constitución. Pedido que en virtud de la legitimidad democrática que le brinda la unidad de todos los sectores políticos y la participación popular deberá gozar también del respaldo de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Es de aspirar que la dirigencia del movimiento indígena, así como del movimiento obrero, sectores sociales y de los sectores medios de la población que lideran las grandes movilizaciones sociales puedan forjar un gran acuerdo nacional con una agenda puntual sobre lo que significará la salida tarde o temprano de Correa, y la reconstrucción de la institucionalidad democrática, que requerirá del esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Agenda que deberá ser lo suficientemente flexible para persuadir al resto de sectores del amplio espectro político, económico y social, a unirse alrededor de la causa común de la libertad y la democracia. En la misma línea estimo que es fundamental que dichos sectores tomen conciencia de que la superación del correísmo demanda la reorientación del actual modelo de desarrollo, hacia uno más incluyente y justo, en el que primen la defensa de los derechos humanos y del individuo. Un estado Plurinacional y multiétnico,  con el que convivan los diversos sectores económicos, políticos y sociales del país, en armonía con la naturaleza, condiciones imprescindibles para el desarrollo sustentable.

La posición en la que queda Correa frente a la cambiante coyuntura política, de creciente descontento, es a todas luces desfavorable tomando en cuenta los negros nubarrones en el ámbito económico. Si bien el tema requeriría un análisis más extenso me permito por ahora señalar que a pesar de la manipulación de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población, hubieron señales claras de que no cuenta con el respaldo incondicional de la institución. Mi impresión es que los ciudadanos ecuatorianos que la conforman también repudian a Correa y que en su mayoría preferirían unirse a la lucha popular antes que servir los intereses y caprichos de un dictador perturbado.  Es interesante notar igualmente que incluso la Iglesia Católica, que también se ha expresado a favor de una solución pacífica, rechaza el capricho de Rafael Correa de no negociar con el pueblo ecuatoriano, y de querer permanecer indefinidamente en el poder.

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LECCIONES DE LA PROTESTA SOCIAL EN EL ECUADOR por Gustavo Palacio Urrutia

LECCIONES DE LA PROTESTA SOCIAL EN EL ECUADOR (16 de agosto del 2015)

Son varias las lecciones que nos dejan las recientes protestas que han estremecido al país.

Se han registrado conjuntamente uno de los levantamientos  del movimiento indígena, paro de trabajadores y movilizaciones de los sectores sociales de mayor significación en las últimas décadas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Son innumerables las imágenes, captadas por los lentes de cámaras, teléfonos inteligentes y drones, publicadas en internet, de ríos de gente (con cálculos que superan las 200.000 personas en Quito) que han salido a las calles en varias ocasiones para expresar su descontento y que amenazan con continuar la protesta hasta ser escuchados por el régimen correísta. Hecho social que se corresponde con el malestar mayoritario registrado en las redes sociales.

En las calles del país, en particular en Quito, se ha observado multitudes altamente concientizadas, consecuencia de un proceso de maduración política de varios años, que propugnan un cambio de políticas públicas y si es necesario de gobierno, y cuya energía rebasa las posibilidades de contención del régimen. Energía social que se deriva de la unidad del movimiento indígena con el movimiento de los trabajadores, así como de muchísimos gremios y  movimientos de ciudadanos, tanto de sectores populares como de la clase media, que si bien reivindican diferentes intereses,  tienen en común la lucha por la libertad y la democracia, lo que incluye el ser tratados de manera digna,  como mandantes de un gobierno, y no como entes oprimidos por un régimen autoritario.

Unidad solida que se evidencia en muestras inéditas de respeto mutuo, solidaridad, compañerismo que fortalece nuestra identidad de ecuatorianos y en la que influye de manera importante la espiritualidad y cosmovisión de los pueblos indígenas.

La respuesta del gobierno corrupto y mafioso de Correa, caracterizado por un discurso intolerante y racista, ha sido como se esperaba llena de prepotencia; ciega y sorda ante el clamor popular para que archive las enmiendas constitucionales con las que pretende dejar la puerta abierta para permanecer indefinidamente en el poder, o poner un gobierno títere para después él volver. Nadie de sus cercanos colaboradores o coidearios se atreve a contradecirlo y peor indicarle que la protesta social contra el correísmo se está convirtiendo en un enorme tsunami que amenaza con arrasar su gobierno y movimiento político. Reacción incontenible que también rebasa a la de la mayoría de líderes de oposición, en particular de centro y derecha, que salvo ciertas excepciones han manejado un discurso conciliador con la dictadura, pero que conscientes de la situación ya dejan entrever la posibilidad de terminación anticipada del correísmo.

La ácida y torpe reacción del gobierno autocrático de Correa contra el pueblo ecuatoriano provoca que cada día pierda aún más legitimidad democrática, lo que le resta autoridad para dirigir los destinos del país, en particular en una situación de crisis política y económica como la que vivimos. En lo personal pienso que dicho proceso comenzó el mismo día de las elecciones de Febrero de 2013, cuando supuestamente Correa “ganó” las elecciones, pues dichos comicios se produjeron con “la cancha inclinada” en medio de escándalos de corrupción y denuncias de fraude con la complicidad de un consejo electoral dependiente de Correa, que permanecen en la conciencia popular hoy en día. Desde esta perspectiva, no sería coincidencia que tan sólo un año después el gobierno perdiera rotundamente las elecciones de gobiernos locales, como ocurrió en febrero de 2014. Las movilizaciones han ido fortaleciéndose e incrementándose desde entonces.

Al punto anterior hay que agregar los preocupantes síntomas de desequilibrio de la personalidad y conducta de Correa frente a la crítica situación a la que ha llevado al país: negación de la realidad, delirios de persecución y grandeza, cambios súbitos de estado de ánimo, alto grado de agresividad, que se manifiestan en su animadversión hacia la población, y se expresa en injustificadas órdenes de represión y criminalización de la protesta social. Cuadro que amerita que el mandatario sea atendido por especialistas en el campo de la psicología y/o psiquiatría de manera urgente.

La situación de crisis crea un país dividido, de manera antagónica, entre el pueblo soberano, representado por la mayoría de ciudadanos y sectores sociales, que expresan su descontento en la calle por ya varios meses,  después de varios años de resistencia, y un gobierno déspota, representado por un caudillo desequilibrado, montado sobre una estructura clientelar desvencijada.

El primero, el pueblo, cuenta con la legitimidad que emana de sí mismo, con la fuerza de la razón que surge de la democracia participativa y del derecho a la resistencia contemplado en la constitución; pueblo que ha dado muestras de valor y de arriesgar su vida si es necesario (varios lamentables sucesos, resultado de la represión del gobierno, ya se han registrado) para lograr un cambio en la política del gobierno o su destitución. El segundo, el caudillo, controla todos los poderes del Estado gracias a una constitución hecha y violentada a su medida, con su popularidad y legitimidad por los suelos, pero prevalido de las bayonetas y la militarización de los alrededores de Carondelet, único factor que le permite mantenerse en el poder. Autócrata represor que se empecina en continuar su políticas antipopulares sin escuchar al pueblo y/o a la oposición, sin importarle las consecuencias para la nación.

Ante dicha situación antagónica, que no puede prolongarse de manera indefinida por el bien del país, se torna imprescindible la intervención de las Fuerzas Armadas, institución que se ha resistido a la manipulación política del régimen, y  que como ha ocurrido en el pasado, en similares circunstancias, sería la única capaz de plantearle de manera frontal y realista al caudillo y su camarilla que ha llegado la hora de decidir: o acepta las demandas del pueblo sublevado en las calles, esto es archivar las enmiendas constitucionales y su pretensión de permanecer indefinidamente en el poder, o renuncia tal como lo contempla la constitución.

Disyuntiva que, cabe recordar, ha sido insinuada por el propio Rafael Correa aunque planteada a sus mandantes, al comentar en varias de sus alocuciones sobre las protestas sociales que “es el pueblo ecuatoriano el que ahora tiene que elegir”. Elección que como indicamos ha sido expresada de manera categórica en las calles, por lo que es  al  dictador a quien corresponde decidir.

Conociendo el talante intolerante del caudillo lo más probable es que se victimice y se vea “obligado” a optar por la segunda opción (para no exponerse a la “humillación” de ceder ante el pueblo ecuatoriano).  Si así fuera dicha renuncia requeriría se amplíe a todos los órganos del Estado cooptados artificiosamente por el correísmo, para dar paso a la constitución de un gobierno provisional de representantes de la sociedad civil y a elecciones anticipadas y/o una nueva Asamblea Constituyente, todo lo cual permitiría restaurar la tranquilidad en el país y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.

Una intervención de esa naturaleza no provocaría un deterioro de la ya seriamente afectada imagen del país, como algunos analistas estiman. Por el contrario, en vista del record acumulado de violación de los derechos humanos del régimen correísta, de medidas anti democráticas, de políticas clientelares, de la escandalosa corrupción gubernamental, de una política exterior de alianzas con gobiernos dictatoriales, y tomando en cuenta la tradición de democracia participativa anti autoritaria del pueblo ecuatoriano, aunque todavía imperfecta, la medida sería recibida con beneplácito por la mayoría de gobiernos democráticos a nivel internacional.  Muy importante será el rol que pudieran cumplir en este sentido los diplomáticos del servicio exterior de carrera, que no han actuado como colaboradores cercanos del régimen mafioso correísta, para explicar la delicada situación del país, así como las mencionadas medidas para la restauración del sistema democrático, ante la comunidad internacional.

 

 

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