Reflexiones sobre la crisis en Venezuela, por Gustavo Palacio Urrutia

La crisis de Venezuela, debatida por primera vez en extenso en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amerita varias reflexiones sobre importantes temas de política internacional, de particular interés para los países latinoamericanos, incluido el Ecuador.

A continuación, varias consideraciones especialmente relevantes:

Conforme se señala en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene como tarea fundamental el “mantenimiento de la paz y la seguridad mundial”. El hecho de que el Consejo de Seguridad analice el tema de la crisis política en Venezuela, pone en evidencia que ésta concierne a la paz y seguridad tanto en la región como a nivel mundial.

Las intervenciones de los países que participaron en debate del Consejo de Seguridad sobre Venezuela reflejan una disputa geopolítica entre los gobiernos democráticos de Occidente desarrollado, en particular de los Estados Unidos, y los regímenes totalitarios de Rusia y China, la cual tendría como contexto el inicio de una “nueva guerra fría”. La mayoría de oradores de más de 30 países calificaron al régimen de Nicolás Maduro como ilegítimo y dictatorial, al tiempo que reconocieron al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela y se pronunciaron a favor de la realización inmediata de elecciones libres y transparentes. Varios de los representantes subrayaron los vínculos del régimen ilégitimo con los intereses de potencias extranjeras enemigas de la democracia. En este sentido se dejó en claro que la señalada disputa geopolítica en Venezuela estaría condicionada por la defensa de valores universales como la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos. De parte de los regímenes totalitarios, incluida la dictadura de Maduro, no faltaron la ofensas y acusaciónes en contra de la mayoría de países latinoamericanos a los que calificaron de “satélites” de los Estados Unidos.

Lo ocurrido en el Consejo de Seguridad representa un giro sin precedentes en la postura de la mayoría de gobiernos democráticos respecto de Venezuela y de los regímenes populistas y autoritarios del llamado Socialismo del Siglo XXI. En el caso de los Estados Unidos, se observa un cambio significativo en su relación con América Latina, como resultado de varios factores entre los que cabe destacar la influencia creciente de los ciudadanos y residentes de origen latinoamericano en la política interna y externa de dicho país. De otra parte, el incremento del interés estadounidense en la región obedecería a una nueva concepción de la seguridad nacional, que percibe a los regímenes de corte totalitario, aliados al crimen organizado, incluido el narcoterrorismo, y a potencias rivales no democráticas con aspiraciones de control geopolítico, como una grave amenaza a la paz y la seguridad en el continente. Por primera vez en mucho tiempo, de manera consensuada, tanto republicanos como demócratas ubican a América Latina entre las prioridades de la agenda de política exterior de su país. La postura estadounidense cuenta con el respaldo de la mayoría de países del continente y no difiere de manera sustancial de la asumida por sus aliados europeos y otros gobiernos amigos defensores de la democracia.

Efectivamente, una revisión de los textos y contenidos de las intervenciones efectuadas durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela, pone de relieve la alarma que ha despertado en la comunidad internacional la alianza entre movimientos populistas dictatoriales que logran la “captura del Estado” – que elimina la división de poderes- con la denominada “Delincuencia Organizada Transnacional” tal como lo cataloga la declaración de Palermo de Naciones Unidas de 2000. Se trata de un nuevo escenario de amenazas sin precedentes a la libertad y la democracia, que obliga a los paises a plantearse nuevas alianzas estratégicas contra la tiranía y la corrupción, con la participación de los Estados democráticos así como del sector privado y de la sociedad civil.

La sesión del Consejo de Seguridad puede considerarse como consecuencia de la internacionalización de la lucha de los venezolanos contra la dictadura de Maduro, que viola de manera sistemática los derechos humanos de la población. En ese marco se debe destacar el impacto que ha tenido en la opinión publica mundial la terrible crisis humanitaria provocada por la migración masiva de venezolanos tanto hacia los países vecinos como hacia los Estados Unidos y Europa.

Si bien es cierto que la diplomacia norteamericana ha tenido un rol protagónico en el tratamiento de la crisis venezolana a nivel de Consejo de Seguridad de la ONU -así como a nivel de la OEA- no es menos relevante el aporte de los países latinoamericanos y de la Unión Europea. Este aspecto es clave pues la solución de la crisis política y humanitaria requiere de una activa diplomacia multilateral.

El pronunciamiento del Representante del Ecuador en el Consejo de Seguridad de adhesión a la declaración efectuada por los países del Grupo de Lima, en concordancia con la declaración del Presidente Lenin Moreno, realizada hace pocos días desde Davos, Suiza, de reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó, significó un giro de 180 grados de la política exterior ecuatoriana, que no atañe únicamente a la crisis de Venezuela, sino que también reincorpora aspectos de principios tradicionales de la política exterior del Ecuador. La nueva postura ecuatoriana reivindica y antepone la defensa de los derechos humanos (doctrina Roldós) al principio “westfaliano” de la soberanía nacional así como al de la etapa de descolonización de la post guerra sobre la “autodeterminación de los pueblos”, enunciado de manera demagógica por los gobiernos dictatoriales. La declaración ecuatoriana califica al régimen de Maduro no sólo como dictatorial, sino que lo vincula con el crimen organizado internacional. La intervención del Representante del Ecuador ante las Naciones Unidas además de reubicar al país en una posición muy cercana a la del Grupo de Lima, refleja su deseo de formar parte de una alianza estratégica de la región con los Estados Unidos en la lucha por la democracia, así como contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Dicho giro radical de la política exterior, para asegurar su continuidad y coherencia en términos de la defensa de los intereses del Ecuador, debería ir acompañado de una restructuración y reingeniería del Servicio Exterior, indispensables en los actuales momentos, tomando en consideración que éste estuvo cooptado por más de 10 años por el régimen dictatorial de Correa, aliado de varios de los regímenes populistas y dictatoriales del llamado Socialismo del Siglo XXI. El cambio de timón debe reflejarse en todos los órdenes del manejo de la Política Exterior, que comprende desde el diseño de estrategias de política exterior hasta la formación de los futuros y actuales diplomáticos de carrera. La reapertura de la Academia Diplomática es un paso necesario en dicha dirección, pero aún falta mucho por hacer. Entre las tareas pendientes cabe destacar el rediseño de una política de personal -que corrija las arbitrariedades e ilegalidades de la década correista- y el restablecimiento de la Junta Consultiva, organismo máximo de asesoramiento para la formulación de la política internacional. De manera particular es fundamental que los puestos de dirección y toma de decisiones del Servicio Exterior, tanto dentro como fuera del país, sean asumidos por funcionarios sin vínculos con el correismo y con la red internacional de regímenes antidemocráticos que han sido sus aliados. El Servicio Exterior, al igual que el resto de instituciones del Estado, debe basar su actuación en un código de ética, que inculque la lealtad de los funcionarios al pueblo y Estado ecuatorianos, y no a los partidos de gobierno de turno.

La liberación de Venezuela probablemente tenga un impacto trascendental a nivel mundial, en especial en el escenario político de la región latinoamericana, respecto de la lucha por la democracia y la libertad, contra el totalitarismo y el crimen organizado transnacional. Tal acontecimiento coloca en la mesa de discusión de los actores políticos latinoamerianos la posibilidad de conformación de una “Comisión Internacional contra la Impunidad”, similar o mejor a la establecida en Guatemala, como mecanismo para enfrentar una lucha desigual de los Estados Latinoamericanos, débiles institucionalmente, contra la alianza antes mencionada que vincula al populismo autoritario con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Para la región se torna imprescindible incluir la lucha contra la corrupción y el crimen organizado como elemento prioritario de la agenda de la política exterior.

La caída de la dictadura de Maduro representaría el fin del Populismo autoritario del llamado Socialismo del siglo XXI y podría significar adicionalmente la posibilidad de poner fin a las dictaduras de Ortega en Nicaragua y de Castro en Cuba. Para la consecución de dichas metas es imperativo primero asegurar que la salida del régimen de Maduro se produzca de forma pacífica, mediante el uso progresivo de la presión política de parte de la comunidad internacional, en el marco del respeto al derecho internacional. La toma real del poder de parte del gobierno de transición liderado por Juan Guaidó debe llevarse a cabo sin brindar al régimen criminal de Maduro ningún tipo de excusas que le permitan victimizarse y evadir la justicia, amparándose en el discurso chauvinista de la soberanía nacional y un supuesto golpe de Estado.

A mediano plazo, el fin del ciclo populista totalitario del llamado Socialismo del Siglo XXI, entraña oportunidades pero también amenazas para América Latina. La amenaza principal radicaría en que por causa del “efecto pendular” propiciado por la crisis política, económica y social de la última década, surja una nueva corriente populista totalitaria de extrema derecha que busque expandir su poder regional en base al discurso hegemónico de sentimientos ultranacionalistas y odio al “otro” en los distintos países, generando un nuevo golpe a la democracia, que termine agudizando los problemas sociales y el subdesarrollo en la región. La oportunidad radicaría en la posibilidad de que los países latinoamericanos, estimulados por el triunfo de la democracia y la libertad encarnados por Venezuela, emprendan la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, alternativo al del Estado Nación actual. Un modelo que promueva una integración regional respetuosa de la diversidad así como la construcción de una identidad multiétnica e intercultural; en el que prevalezca la igualdad de oportunidades para toda la población, con una educación universal en valores y el emprendimiento, en armonía con el medio ambiente, con el apoyo de un estado eficiente, administrado por una burocracia meritoria. Un modelo alternativo de democracia que plantee la satisfacción de las promesas incumplidas por la modernidad y la ilustración, tal como la imaginó Kant, de predominio de la razón, la justicia y defensa de los Derechos Humanos, en la conducción de la sociedad.