FIN DE LA COOPTACION CORREISTA DEL SERVICIO EXTERIOR

FIN DE LA COOPTACION CORREISTA DEL SERVICIO EXTERIOR, por Gustavo Palacio Urrutia Una de las carteras de Estado más afectadas por el régimen autoritario de Rafael Correa, fue sin duda la de relaciones exteriores. Desde su inicio, el gobierno anterior … Seguir leyendo

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Reflexiones sobre la crisis en Venezuela

 

3D0D1F1D-FDCA-46F1-AB04-83BB71B66198Reflexiones sobre la crisis en Venezuela, por Gustavo Palacio Urrutia

La crisis de Venezuela, debatida por primera vez en extenso en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, amerita varias reflexiones sobre importantes temas de política internacional, de particular interés para los países latinoamericanos, incluido el Ecuador.

A continuación, varias consideraciones especialmente relevantes:

Conforme se señala en la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene como tarea fundamental el “mantenimiento de la paz y la seguridad mundial”. El hecho de que el Consejo de Seguridad analice el tema de la crisis política en Venezuela, pone en evidencia que ésta concierne a la paz y seguridad tanto en la región como a nivel mundial.

Las intervenciones de los países que participaron en debate del Consejo de Seguridad sobre Venezuela reflejan una disputa geopolítica entre los gobiernos democráticos de Occidente desarrollado, en particular de los Estados Unidos, y los regímenes totalitarios de Rusia y China, la cual tendría como contexto el inicio de una “nueva guerra fría”. La mayoría de oradores de más de 30 países calificaron al régimen de Nicolás Maduro como ilegítimo y dictatorial, al tiempo que reconocieron al Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Presidente Interino de Venezuela y se pronunciaron a favor de la realización inmediata de elecciones libres y transparentes. Varios de los representantes subrayaron los vínculos del régimen ilégitimo con los intereses de potencias extranjeras enemigas de la democracia. En este sentido se dejó en claro que la señalada disputa geopolítica en Venezuela estaría condicionada por la defensa de valores universales como la libertad, la democracia y la defensa de los derechos humanos. De parte de los regímenes totalitarios, incluida la dictadura de Maduro, no faltaron la ofensas y acusaciónes en contra de la mayoría de países latinoamericanos a los que calificaron de “satélites” de los Estados Unidos.

Lo ocurrido en el Consejo de Seguridad representa un giro sin precedentes en la postura de la mayoría de gobiernos democráticos respecto de Venezuela y de los regímenes populistas y autoritarios del llamado Socialismo del Siglo XXI. En el caso de los Estados Unidos, se observa un cambio significativo en su relación con América Latina, como resultado de varios factores entre los que cabe destacar la influencia creciente de los ciudadanos y residentes de origen latinoamericano en la política interna y externa de dicho país. De otra parte, el incremento del interés estadounidense en la región obedecería a una nueva concepción de la seguridad nacional, que percibe a los regímenes de corte totalitario, aliados al crimen organizado, incluido el narcoterrorismo, y a potencias rivales no democráticas con aspiraciones de control geopolítico, como una grave amenaza a la paz y la seguridad en el continente. Por primera vez en mucho tiempo, de manera consensuada, tanto republicanos como demócratas ubican a América Latina entre las prioridades de la agenda de política exterior de su país. La postura estadounidense cuenta con el respaldo de la mayoría de países del continente y no difiere de manera sustancial de la asumida por sus aliados europeos y otros gobiernos amigos defensores de la democracia.

Efectivamente, una revisión de los textos y contenidos de las intervenciones efectuadas durante la sesión del Consejo de Seguridad sobre Venezuela, pone de relieve la alarma que ha despertado en la comunidad internacional la alianza entre movimientos populistas dictatoriales que logran la “captura del Estado” – que elimina la división de poderes- con la denominada “Delincuencia Organizada Transnacional” tal como lo cataloga la declaración de Palermo de Naciones Unidas de 2000. Se trata de un nuevo escenario de amenazas sin precedentes a la libertad y la democracia, que obliga a los paises a plantearse nuevas alianzas estratégicas contra la tiranía y la corrupción, con la participación de los Estados democráticos así como del sector privado y de la sociedad civil.

La sesión del Consejo de Seguridad puede considerarse como consecuencia de la internacionalización de la lucha de los venezolanos contra la dictadura de Maduro, que viola de manera sistemática los derechos humanos de la población. En ese marco se debe destacar el impacto que ha tenido en la opinión publica mundial la terrible crisis humanitaria provocada por la migración masiva de venezolanos tanto hacia los países vecinos como hacia los Estados Unidos y Europa.

Si bien es cierto que la diplomacia norteamericana ha tenido un rol protagónico en el tratamiento de la crisis venezolana a nivel de Consejo de Seguridad de la ONU -así como a nivel de la OEA- no es menos relevante el aporte de los países latinoamericanos y de la Unión Europea. Este aspecto es clave pues la solución de la crisis política y humanitaria requiere de una activa diplomacia multilateral.

El pronunciamiento del Representante del Ecuador en el Consejo de Seguridad de adhesión a la declaración efectuada por los países del Grupo de Lima, en concordancia con la declaración del Presidente Lenin Moreno, realizada hace pocos días desde Davos, Suiza, de reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó, significó un giro de 180 grados de la política exterior ecuatoriana, que no atañe únicamente a la crisis de Venezuela, sino que también reincorpora aspectos de principios tradicionales de la política exterior del Ecuador. La nueva postura ecuatoriana reivindica y antepone la defensa de los derechos humanos (doctrina Roldós) al principio “westfaliano” de la soberanía nacional así como al de la etapa de descolonización de la post guerra sobre la “autodeterminación de los pueblos”, enunciado de manera demagógica por los gobiernos dictatoriales. La declaración ecuatoriana califica al régimen de Maduro no sólo como dictatorial, sino que lo vincula con el crimen organizado internacional. La intervención del Representante del Ecuador ante las Naciones Unidas además de reubicar al país en una posición muy cercana a la del Grupo de Lima, refleja su deseo de formar parte de una alianza estratégica de la región con los Estados Unidos en la lucha por la democracia, así como contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.

Dicho giro radical de la política exterior, para asegurar su continuidad y coherencia en términos de la defensa de los intereses del Ecuador, debería ir acompañado de una restructuración y reingeniería del Servicio Exterior, indispensables en los actuales momentos, tomando en consideración que éste estuvo cooptado por más de 10 años por el régimen dictatorial de Correa, aliado de varios de los regímenes populistas y dictatoriales del llamado Socialismo del Siglo XXI. El cambio de timón debe reflejarse en todos los órdenes del manejo de la Política Exterior, que comprende desde el diseño de estrategias de política exterior hasta la formación de los futuros y actuales diplomáticos de carrera. La reapertura de la Academia Diplomática es un paso necesario en dicha dirección, pero aún falta mucho por hacer. Entre las tareas pendientes cabe destacar el rediseño de una política de personal -que corrija las arbitrariedades e ilegalidades de la década correista- y el restablecimiento de la Junta Consultiva, organismo máximo de asesoramiento para la formulación de la política internacional. De manera particular es fundamental que los puestos de dirección y toma de decisiones del Servicio Exterior, tanto dentro como fuera del país, sean asumidos por funcionarios sin vínculos con el correismo y con la red internacional de regímenes antidemocráticos que han sido sus aliados. El Servicio Exterior, al igual que el resto de instituciones del Estado, debe basar su actuación en un código de ética, que inculque la lealtad de los funcionarios al pueblo y Estado ecuatorianos, y no a los partidos de gobierno de turno.

La liberación de Venezuela probablemente tenga un impacto trascendental a nivel mundial, en especial en el escenario político de la región latinoamericana, respecto de la lucha por la democracia y la libertad, contra el totalitarismo y el crimen organizado transnacional. Tal acontecimiento coloca en la mesa de discusión de los actores políticos latinoamerianos la posibilidad de conformación de una “Comisión Internacional contra la Impunidad”, similar o mejor a la establecida en Guatemala, como mecanismo para enfrentar una lucha desigual de los Estados Latinoamericanos, débiles institucionalmente, contra la alianza antes mencionada que vincula al populismo autoritario con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo. Para la región se torna imprescindible incluir la lucha contra la corrupción y el crimen organizado como elemento prioritario de la agenda de la política exterior.

La caída de la dictadura de Maduro representaría el fin del Populismo autoritario del llamado Socialismo del siglo XXI y podría significar adicionalmente la posibilidad de poner fin a las dictaduras de Ortega en Nicaragua y de Castro en Cuba. Para la consecución de dichas metas es imperativo primero asegurar que la salida del régimen de Maduro se produzca de forma pacífica, mediante el uso progresivo de la presión política de parte de la comunidad internacional, en el marco del respeto al derecho internacional. La toma real del poder de parte del gobierno de transición liderado por Juan Guaidó debe llevarse a cabo sin brindar al régimen criminal de Maduro ningún tipo de excusas que le permitan victimizarse y evadir la justicia, amparándose en el discurso chauvinista de la soberanía nacional y un supuesto golpe de Estado.

A mediano plazo, el fin del ciclo populista totalitario del llamado Socialismo del Siglo XXI, entraña oportunidades pero también amenazas para América Latina. La amenaza principal radicaría en que por causa del “efecto pendular” propiciado por la crisis política, económica y social de la última década, surja una nueva corriente populista totalitaria de extrema derecha que busque expandir su poder regional en base al discurso hegemónico de sentimientos ultranacionalistas y odio al “otro” en los distintos países, generando un nuevo golpe a la democracia, que termine agudizando los problemas sociales y el subdesarrollo en la región. La oportunidad radicaría en la posibilidad de que los países latinoamericanos, estimulados por el triunfo de la democracia y la libertad encarnados por Venezuela, emprendan la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, alternativo al del Estado Nación actual. Un modelo que promueva una integración regional respetuosa de la diversidad así como la construcción de una identidad multiétnica e intercultural; en el que prevalezca la igualdad de oportunidades para toda la población, con una educación universal en valores y el emprendimiento, en armonía con el medio ambiente, con el apoyo de un estado eficiente, administrado por una burocracia meritoria. Un modelo alternativo de democracia que plantee la satisfacción de las promesas incumplidas por la modernidad y la ilustración, tal como la imaginó Kant, de predominio de la razón, la justicia y defensa de los Derechos Humanos, en la conducción de la sociedad.

 

 

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ANALISIS DE LOS COMICIOS DEL 19 DE FEBRERO

ANALISIS DE LOS COMICIOS DEL 19 DE FEBRERO

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NUEVO: ANALISIS DE LOS COMICIOS DEL 19 DE FEBRERO

Los comicios del 19 de febrero pasado tienen un significado especial por tres razones principales.

En primer lugar destaca el fraude realizado por el gobierno, sin precedentes en la historia reciente, tanto respecto de la elección de presidente y vicepresidente como de asambleístas, lo cual generó el rechazo de la población, así como de la mayoría de personalidades y líderes políticos del país.

Las pruebas e indicios de fraude son de toda índole, y van desde el contrabando y adulteración de papeletas y actas a favor del binomio oficial, el traslado irregular de dichas actas violando los procedimientos oficiales, hasta la destrucción de papeletas y actas con votos para la oposición, y la utilización en los recintos electores de bolígrafos –que portan el sello del CNE- con tinta que fácilmente se borra. Buena parte de las denuncias cuentan con las pruebas y testimonios de lo ocurrido, incluyendo numerosos videos difundidos por la propia ciudadanía. A lo señalado se debe agregar las observaciones de parte de la oposición relativas a la inconsistencia entre el número de votos obtenidos por la candidatura oficial, como ocurre en la provincia de Manabí, y el número de sufragantes, así como entre el número de votos obtenidos por los asambleístas correístas y el candidato oficialista a la presidencia, la cual resulta ilógica e incomprensible. Son numerosas también las denuncias de fraude realizadas por migrantes ecuatorianos en los consulados ecuatorianos en el exterior.

Conscientes del peligro, previo a los comicios, figuras de la oposición pidieron aclarar dudas sobre la elaboración del padrón electoral y la falta de una cadena de custodia adecuada. De otra parte, los medios independientes hicieron conocer la preocupación de varios expertos y peritos por la negativa del CNE a que se realice una auditoria al sistema informático utilizado para las elecciones. Vale la pena recordar que el sistema informático utilizado por el CNE ha sido cuestionado por sus constantes fallas y vulnerabilidad en varias elecciones anteriores durante los últimos 8 años por expertos informáticos y políticos de oposición. En opinión de varios analistas este habría sido modificado por el régimen dictatorial para la manipulación de los comicios una vez que se logró el control irrestricto de la institución electoral, cuyos directivos en la práctica responden a las órdenes del ejecutivo.

La falta absoluta de transparencia en el manejo de las elecciones de parte del gobierno de Correa refuerza la idea de que éste es uno de los más corruptos de la historia del Ecuador, con un discurso modernizador de corte fascista cuyo respaldo clientelar es minoritario (25-28%) y que sin la presencia de su máximo líder y caudillo a partir de mayo del 2017 tendría los días contados. La percepción ampliamente difundida de fraude en la ciudadanía incrementa a su vez la sospecha generalizada de que la dictadura por temor a rendir cuentas a la justicia bajo un nuevo régimen democrático, sería capaz de cometer cualquier acto ilícito a fin de mantenerse en el poder, en este caso mediante el establecimiento de un gobierno títere que lo reemplace. Al respecto fueron sintomáticas las disputas suscitadas al interior del CNE así como las expresiones de malestar a nivel de los mandos medios y altos de las Fuerzas Armadas el día de las elecciones, las cuales pusieron en evidencia la presión ejercida por Correa a fin de asegurar el triunfo del candidato oficialista. Las denuncias y manifestaciones de fraude fueron finalmente corroboradas por el propio Comandante del Ejercito, General Luis Castro, quien fue abruptamente destituido por Correa junto con otros altos mandos de las Fuerzas Armadas. Castro manifestó que el día de las elecciones se rompió la cadena de custodia a cargo del ejército y pidió a los soldados ecuatorianos estar alertas para defender la voluntad popular.

En base a los resultados oficiales obtenidos, se estima que para el caso de la Asamblea Nacional el fraude habría sido ejecutado con éxito, mientras que para la elección del binomio presidencial habría resultado fallido. Expertos en la materia consideran que esto pudo haber ocurrido en virtud de una inconsistencia en la manipulación y programación del sistema informático para obtener resultados porcentuales determinados. Error de programación que a su vez tendría que ver con una inesperada votación a favor del binomio de Guillermo Lasso y Andrés Páez, lo que no habría permitido adjudicar al binomio oficial el 40% de los votos validos requeridos para ganar la presidencia en primera vuelta.

Una mirada más detenida de las encuestas realizadas y de los resultados finales para la elección presidencial, plantea varias inquietudes y preguntas específicas de difícil respuesta. Una de ellas es cuál es el porcentaje real de votos obtenido por el binomio oficialista? La pregunta tiene sentido considerando que hasta sólo 10 días antes de las elecciones, el binomio correísta contaba con alrededor del 32% de intención de voto (CEDATOS) y existía una tendencia sostenida de varios meses a la baja del mismo, en gran parte vinculada a los escándalos de corrupción, la cual se estimaba continuaría agravándose debido sobre todo a las denuncias que se sucedieron en los días previos a la elección y que comprometen al propio Rafael Correa y a Lenin Moreno, pero de manera particular a Jorge Glas. Caída sostenida de la popularidad que se manifestó el mismo día 19 de febrero, cuando de manera espontánea en las calles de Quito la población rechazó con indignación la presencia de los candidatos oficiales al grito de “Fuera Correa Fuera” y “Fuera corruptos fuera”.

Lo expuesto configura un cuadro en el que bajo el supuesto de que el desprestigiado binomio oficialista hubiera obtenido un exagerado 39% de los indecisos -que en vísperas las elecciones se estima era de alrededor del 40%- su techo final en términos de votos válidos el día de los comicios no debería haber sobrepasado el 35%, lo cual incrementa las sospechas sobre la posibilidad de un fraude. Es interesante notar a su vez que el resultado oficial concedido a Moreno-Glas del 39,36% está muy cerca de la sumatoria de dicho porcentaje de 35% más los 5-7 puntos porcentuales, que según los expertos es el rango máximo posible de votos que se podrían “añadir” vía fraude al candidato de la dictadura. Alteración de la voluntad popular que podría descomponerse en dos partes: mediante votos traspasados vía informática y mediante la adulteración física de los votos en las actas.

Si bien no existe un pronunciamiento formal de parte de las empresas especializadas en el análisis cuantitativo de las elecciones sobre el porcentaje que habría representado el fraude, es de especial significación el sugestivo comentario de Polibio Córdoba, director de CEDATOS, durante una entrevista a inicios de marzo en Radio Visión, en el sentido de que los analistas políticos independientes deberían preocuparse por explicar la falta de coincidencia (2.41%) entre el resultado obtenido por el binomio Lasso-Páez conforme el exit poll de CEDATOS y lo asignado oficialmente por el sistema informático del CNE. En línea con lo indicado llama la atención que al comparar los resultados anunciados por el CNE y los resultados obtenidos vía el conteo rápido de Participación Ciudadana, el único candidato que obtiene saldos positivos (0.56% de los votos válidos) a su favor es Lenin Moreno, mientras que todos los demás candidatos obtienen saldos negativos. Lo curioso es que la suma de esos saldos porcentuales negativos de todos los candidatos de oposición corresponde también al 0.56% del total de los votos válidos (9’447.362), es decir igual al saldo porcentual favorable a Moreno. En términos de votos totales absolutos, las cifras difieren por muy poco: 50.776 para Moreno vs 55.634 para el resto de candidatos. Es interesante observar que los candidatos que más saldo negativo arrojan son Paco Moncayo y Guillermo Lasso. Por tratarse de un tema de trascendencia nacional y con la finalidad de comprobar o descartar la hipótesis de un posible fraude vía la introducción de un algoritmo en dicho sistema convendría realizar un estudio estadístico detallado de los resultados obtenidos, así como una auditoría del sistema informático .

Un segundo aspecto de relevancia tiene que ver con la respuesta de la ciudadanía frente a los cuestionados comicios y a las acusaciones de fraude. A lo largo del 19 de febrero se hizo patente el afán de los ciudadanos por brindar su colaboración voluntaria a diferentes partidos políticos para realizar control electoral. Al final de la jornada, luego de que las redes se abarrotaron de evidencias de fraude y de que el CNE empezara hacer notoria su falta de consistencia en los anuncios y entrega de resultados, se observó de manera casi simultánea la presencia de gente en la calle para protestar ante el organismo electoral. Desde esa noche hasta el día jueves 23 la ciudadanía hizo vigilia ante el CNE y su número fue en aumento hasta que el Presidente de la institución, Juan Pablo Pozo, se vio obligado a anunciar los resultados finales para la elección presidencial así como la convocatoria para una segunda vuelta el 2 de abril.

Así, lo que debía haber sido una fiesta cívica en la que los ciudadanos ejercen libremente su derecho al voto, se convirtió en una jornada de lucha por la defensa de la democracia y la voluntad popular. Un hecho social y político de gran trascendencia que será reconocido como una de las jornadas más importantes de la lucha de la sociedad civil contra la dictadura correísta. Sin duda las protestas masivas incrementaron la presión política e impidieron que el CNE cumpla con la consigna gubernamental de declarar como presidente electo ganador de la primera vuelta al binomio Moreno-Glas. La difusión oportuna de los exit poll de CEDATOS y Participación ciudadana a través de los medios independientes, nacionales e internacionales, brindaron mayor peso específico a dicha presión.

Resulta interesante notar que la ola de descontento que generó el fraude parcial y fallido del correísmo agarró desprevenido al gobierno, el cual a diferencia de ocasiones anteriores no ha sabido reaccionar con una estrategia coherente para aplacar los ánimos caldeados de la población. Por el contrario lo que sobresale es la descoordinación, así como las declaraciones incoherentes y contradictorias de las principales figuras del correísmo. De manera cínica, estos han llegado al extremo de declarar, como lo hizo José Serrano, que efectivamente sí ha existido fraude pero en contra de los candidatos de Alianza País y del binomio de Lenin Moreno y Jorge Glas. Anuncios que lejos de contribuir a engañar a la población aumentan el descrédito del régimen.

No es aventurado conjeturar que la indignación social generada, además de profundizar el desencanto existente a nivel de las capas medias, medias bajas y pobres de la población, tenga también un efecto adverso en el ánimo y la conciencia de la ya reducida base social, esencialmente clientelar del correísmo. Esto fue lo que se constató el mismo día de las elecciones entre los seguidores de Alianza País, en la sede de la organización, quienes en pocas horas pasaron de la euforia por una supuesta victoria anunciada por los exit poll del gobierno y celebrada con júbilo por Correa, Moreno y Glas, a un estado de aflicción que rememoraba la derrota electoral de febrero del 2014. A las 11 de la noche del día domingo 19 de febrero, en los alrededores de la central de Alianza País y de la plataforma levantada para el festejo, apenas quedaba un puñado de alicaídos miembros de dicha organización política, que desanimados por la falta de un anuncio de parte de sus líderes sobre los resultados optaron por retirarse.

En su desesperación frente a la creciente indignación popular durante la semana posterior a los escrutinios, el régimen optó por incrementar su campaña sucia contra el movimiento CREO, habiendo llegado al extremo de incitar sentimientos regionalistas de división nacional que pudieran eventualmente brindar réditos electorales. Este ha sido el caso de la provincia de Manabí, y del montaje de voz hecho al Presidente de CREO, César Monge. De forma complementaria el gobierno organizó una manifestación frente a la sede de CREO y del Banco de Guayaquil en Quito, en las que pequeños grupos de miembros de Alianza País lanzaron latas de atún y prendas de vestir que supuestamente habían sido parte de las donaciones enviadas por la sociedad civil a los damnificados de las provincias afectadas por el terremoto de abril de 2016. Afortunadamente estos hechos han merecido el rechazo de la ciudadanía entera y han puesto en evidencia la muy reducida capacidad de convocatoria de la dictadura para sus actos de violencia y división social. En el caso de la provincia de Manabí, han sido numerosas las voces de rechazo a la estrategia divisionista del régimen de incitar al regionalismo, así como de denuncias de un masivo fraude.

Una consecuencia de la crisis política que enfrenta el gobierno en vísperas de elecciones, y que no se puede obviar en el análisis, es la afectación de la misma en el propio Rafael Correa, quien como es conocido sufre de serios problemas de autocontrol emocional y propensión a la violencia, lo cual puede resultar peligroso para la toma de decisiones y para la gobernabilidad del país, en particular bajo el modelo autoritario y autocrático existente. Son varias las ocasiones en que el caudillo irritado agrede verbalmente e incluso amenaza a la población, contra quienes pareciera querer descargar su frustración y resentimiento por la falta de apoyo popular. Recientemente como parte de su campaña para desmentir el fraude, Correa se refirió a la falta de conciencia social de los sectores medios: “gracias a la revolución salieron de la pobreza, mejoraron estatus económico, entonces ya no votan con la chusma, sino que votan con la gente de bien, con los encorbatados”. Expresiones que denotan el racismo y clasismo en el discurso e idiosincrasia fascista del régimen. Asimismo en los últimos días en las redes sociales se viralizó un video en el que enojado por los reclamos airados de la ciudadanía, Correa amenaza con cerrar el hospital “Jaime Roldós” de la localidad de Ventanas. Conducta agresiva y peligrosa que lamentablemente se repite con bastante frecuencia.

Un tercer elemento de significación lo constituye el impacto en el plano político-electoral que los viciados y controvertidos comicios del 19 de febrero tendrán en la segunda vuelta, prevista para el 2 de abril. En primer término queda claro que los resultados de la votación obtenida, así como la reacción popular producida, reafirman la idea expresada por la población en varias encuestas de que la mayoría de los ecuatorianos (alrededor del 80%) desean un cambio de rumbo, el fin de la dictadura corrupta y su sustitución por un gobierno democrático, para lo cual están prestos a salir a la calle y enfrentar la fuerza pública si es necesario para impedir cualquier intento de fraude. Sentimiento que estaría reflejado precisamente en ese 64% de los votos validos a favor de los candidatos de oposición y que en una segunda vuelta serían capitalizados por la candidatura de Guillermo Lasso y Andrés Páez. Argumento que se refuerza por el hecho de que todos los candidatos de la oposición plantearon durante la campaña la idea del cambio de rumbo tanto en el ámbito económico como político frente a la del continuismo de la dictadura. Es interesante notar que, paradójicamente, la propia candidatura oficialista ha buscado incorporar como slogan de campaña la idea del cambio, como estrategia frente a su falta de credibilidad. Un caso anecdótico de dicha propuesta, prestada de la oposición, lo constituye el anuncio de Lenin Moreno de renegociar la “onerosa deuda con China” contraída por su propio gobierno como medida para aliviar la caja fiscal y salir de la crisis económica.

En ese contexto, y considerando lo señalado anteriormente sobre el real porcentaje de votación obtenido en la primera vuelta, las posibilidades de crecimiento y triunfo de la candidatura oficialista son limitadas, más aún si la presunción sobre un fraude para aumentar su “votación” en alrededor del 5-7% es verdadera. Situación de debilidad que se agrava en vista de que las denuncias de corrupción se han incrementado e incluso ampliado con la intervención inesperada de ex funcionarios correístas, perseguidos del régimen. Este es el caso de Pedro Delgado, primo del Presidente Correa quien ha develado casos graves de corrupción, incluido el lavado de dinero, que involucran al propio Correa así como a varios de sus altos funcionarios.

A lo mencionado se agrega la falta de preparación y escasa capacidad de comunicación de ambos candidatos, condición de desventaja que se ha puesto de manifiesto en las pocas entrevistas realizadas por los medios de comunicación y en el único debate al que asistió Lenin Moreno, donde tuvo un vergonzosa participación. La falta de preparación y confianza en sí mismo explica la renuencia de Moreno a participar en debates público, tal como se lo ha exigido el candidato de oposición Guillermo Lasso.

En el caso de la figura del candidato a la vicepresidencia, Jorge Glas, resulta obvio que se trata de un pesado fardo difícil de cargar y ocultar, y que representa el sentimiento de rechazo y de vergüenza nacional por el estado de degradación moral al que ha conducido el país el régimen correísta.

Con relación al binomio de Guillermo Lasso y Andrés Páez hay que destacar el buen desempeño que tuvo el binomio de oposición, reflejado en su importante repunte durante los últimos días de la campaña y en una amplia votación el día de las elecciones, hecho imprevisto que entre otros factores, como indicamos anteriormente, habría sido la causa principal para que el fraude informático programado por la dictadura no pudiera cristalizarse de forma fehaciente.

Estimo que la significativa votación obtenida por Lasso-Páez responde a varios factores. Por un lado es claro que fue el binomio de oposición que más se benefició del llamado voto útil, en contra de la dictadura, pero también el que mejor pudo llegar en términos racionales y emocionales a los diferentes sectores de la población. Esto último considero fue el resultado de su dedicación para recorrer y conocer de cerca los problemas del país, y de la presentación de una agenda y un programa de gobierno coherente con la situación de crisis económica y política que vive el país. Fue muy importante también su posición de lucha frontal contra la corrupción que encarna el correísmo; mensaje de campaña que distinguió también a otros líderes de oposición, como es el caso de Dalo Bucaram, y que representa un anhelo de justicia de la mayoría de ecuatorianos que claman se ponga fin a la impunidad.

Hay que destacar que ante el intento de fraude de la dictadura, el binomio Lasso-Páez tuvo un rol protagónico, con un gran poder de convocatoria, que mereció el respaldo de la ciudadanía no sólo en las urnas sino también en las calles, lo que le confirió un liderazgo indiscutible a nivel de toda la oposición. Dicho liderazgo adquiere mayor relevancia en vista de su llamado a forjar un gran acuerdo nacional de lucha contra la dictadura correísta, en el que se sientan representados todos los movimientos políticos y sectores de la sociedad ecuatoriana.

Desde una mirada sociológica es posible prever que la candidatura del binomio de la oposición representada en Guillermo Lasso y Andrés Páez durante la campaña para la segunda vuelta registre un crecimiento no sólo cuantitativo sino también cualitativo y que supere los límites del ámbito electoral, tomando en cuenta que se han creado las condiciones para que se convierta en la representación de una gran causa nacional de lucha contra una dictadura corrupta, por la democracia y la libertad. La única opción para superar la grave crisis económica y restaurar la institucionalidad democrática destruida por el régimen correísta. Además de los grandes acuerdos con los diferentes actores políticos y sociales, es de esperar que Lasso y Páez amplíen su cobertura territorial y trasmitan personalmente ese mensaje de esperanza y unidad nacional para el cambio, especialmente en aquellos sectores y regiones del país menos visitados. Una campaña intensa, con propuestas concretas y claras, idealmente puerta a puerta, que permitiría al binomio de la oposición lograr una mayor y más amplia adhesión de los votantes el próximo 2 de abril.

Es importante subrayar que en el plano internacional, la candidatura de Lasso-Páez es la única que ha reivindicado la lucha por la libertad y la democracia para todos los países de la región que han sido víctimas de los regímenes represores y corruptos del populismo autoritario del siglo XXI, lo cual le da una dimensión política de carácter internacional.

Es interesante notar que según las nuevas proyecciones realizadas por CEDATOS, el binomio conformado por Guillermo Lasso y Andrés Páez ganaría las elecciones del 2 de abril con un margen de alrededor del 5%, con 52% de los votos válidos a favor de Lasso-Paéz. Una encuesta reciente de MsM otorga un margen de casi el doble a favor de la candidatura de la oposición. Es de esperar que las encuestas que se realicen en la última semana de marzo corroboren dicha tendencia. El analista ecuatoriano Jaime Durán expresó a CNN pocos días después de los comicios que “parece muy claramente” que el ganador de la segunda vuelta sería Guillermo Lasso, entre otros motivos “porque la gente está cansada de un gobierno que ha durado mucho y que habiendo durado mucho ha respetado muy poco los derechos individuales”.

Finalmente es de suponer que el tema del fraude en conjunto con el de la corrupción, la crisis económica y la prepotencia del régimen terminarán por influir no sólo en los indecisos y en quienes votaron por un candidato distinto a los dos binomios finalistas en la primera vuelta, sino incluso en los propios votantes correístas, a favor del binomio de Guillermo Lasso y Andrés Páez.

Al igual que lo señalamos en el análisis de coyuntura del 21 de enero anterior, debemos reiterar que la oposición debe actuar de forma conjunta para prevenir un nuevo intento de fraude de la dictadura correísta, que como sabemos se aferra al poder como única opción para no tener que rendir cuentas a la justicia por los desafueros cometidos durante 10 años. Sin duda, como se corroboró en la primera vuelta, será fundamental un mejor control ciudadano del proceso electoral, así como la movilización de la población dispuesta a defender la libertad y la democracia.

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ANALISIS DE COYUNTURA ELECCIONES FEBRERO 2017 (II) Oportunidades y riesgos

ANALISIS DE COYUNTURA ELECCIONES FEBRERO 2017 (II)

Oportunidades y riesgos

La coyuntura de crisis económica y política, así como de credibilidad en el régimen y su proyecto “modernizador” descrita en la primera parte (I) * del presente análisis ofrece una gran oportunidad para que alguno de los candidatos de la oposición derrote al binomio del correísmo a pesar de que se trata de un régimen dictatorial que juega con reglas a su favor y con la “cancha inclinada”.

Dicha oportunidad, sin embargo, de no ser aprovechada de forma adecuada, constituye un riesgo para el futuro del país y para que el correísmo continúe en el poder y en la impunidad a través de un gobierno títere.

La oportunidad radicaría por un lado en la tendencia marcada de la población de votar en contra del correísmo mediante un “voto útil” anti dictadura, anti corrupción, por la recuperación de la decencia, por la defensa de los derechos humanos, de la libertad política y económica. Es obvio, sin embargo, que si el mencionado voto útil se reparte entre tres o más de los candidatos de oposición, tal fragmentación favorecería al binomio oficialista, tomando en cuenta que para ganar la presidencia se requiere contar con apenas el 40% de los votos y mantener una diferencia del 10% respecto del segundo candidato más votado. Condicionamiento antidemocrático introducido en la constitución como parte del proyecto totalitario correísta para permanecer de forma indefinida en el poder.

Por otro lado dicha oportunidad de triunfo de la oposición se ampliaría si se lograra restablecer la confianza y esperanza de la población en que un cambio para enrumbar al país por el camino de la democracia y el progreso social sí es posible.

Es importante subrayar que el restablecimiento de dicha confianza a su vez dependerá de cuán claras sean las señales de los candidatos de oposición respecto de su decisión de luchar contra la corrupción del régimen correísta y de que no haya impunidad luego del triunfo electoral. Una condición no muy fácil de cumplir para todos los candidatos tomando en cuenta que Correa ha procurado realizar pactos de todo tipo con la mayoría de quienes fueron parte de la llamada “partidocracia”. Por ello es clave que el candidato más opcionado para enfrentar al correísmo no haya participado de la componenda para favorecer las políticas antidemocráticas de acumulación de poder y de corrupción del régimen.

Además de poseer estas credenciales fundamentales en el ámbito de la moral pública, para ganarse la confianza de los votantes, es imprescindible también contar con un programa de gobierno que genere esperanza e ilusión en la población y que garantice estabilidad en el ámbito tanto político como económico y social. Hay que subrayar que además de asegurar su triunfo en las futuras elecciones, la oposición debe generar las condiciones para que el populismo correísta sea erradicado y no pueda retornar al poder. Para ello se necesitara forjar un gran acuerdo nacional para el fortalecimiento de la democracia en el que confluyan todas las fuerzas de oposición. De forma ideal dicho acuerdo debería promovérselo inmediatamente después de que se inicie la campana para la segunda vuelta.

En el campo económico, se requiere de un plan coherente, que plantee reglas transparentes para los actores económicos, que permita restablecer la confianza del sector privado, nacional y extranjero, para la reactivación del aparato productivo. Plan que debe incluir una reingeniería de la gigantesca deuda externa y pública contraída de manera inescrupulosa por el correísmo.

Dicha reactivación económica deberá ir de la mano de un plan de desarrollo, sustentable en el tiempo, que refleje el carácter multiétnico y multicultural de la sociedad, que promueva la solidaridad entre los diferentes sectores de la población, en particular con los más vulnerables. Un modelo que permita el desarrollo de las capacidades intelectuales y creativas de las personas, que fomente la conciencia social y ambiental, para la introducción paulatina de nuevos patrones de producción y consumo en armonía con la naturaleza.

En el ámbito político, hace falta contar con un plan de restablecimiento de la institucionalidad democrática que permita desmontar el andamiaje de la concentración del poder montado por el correísmo, en el que se respeten los derechos de las mayorías así como de las minorías e individuos. Cabe pensar, tal como lo han planteado varios lideres de opinión, en la posibilidad de una consulta popular y/o una Asamblea Constituyente. Es fundamental en ese sentido reiterar el llamado a votar de forma conjunta por los candidatos a la presidencia y a asambleístas de la misma lista de oposición, para contrarrestar la estrategia gubernamental de cooptar la Asamblea.

Se debe enfatizar en que si bien la mayoría de la población votará a favor del candidato más opcionado, para erradicar el correísmo, en pro de una propuesta alternativa, de nada servirá contar con su apoyo si no se toman las medidas pertinentes para prevenir cualquier intento de fraude del régimen dictatorial. Son muy graves las múltiples denuncias realizadas por la oposición a la actuación y preparación de los comicios de parte del Consejo Electoral, lo que aumenta la desconfianza en una institución conformada únicamente por personas leales al correísmo. Tal como lo han confirmado varios expertos en sistemas de votación, es sobre todo preocupante la existencia de un padrón con los nombres de personas fallecidas, así como la falta de una cadena adecuada de custodia de las actas de votación y del proceso de escaneo de las mismas. Llama la atención asimismo la designación del ex presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, como jefe de la delegación de observadores de la OEA. Sujeto aliado del Alba, amigo personal del difunto Chávez, así como de Correa y Moreno, y sobre quien pesan serias acusaciones de corrupción. Para contrarrestar dichas amenazas la oposición, unida, además de tomar medidas para el control electoral, no debe descartar la movilización de los electores en las calles como medida para hacer respetar la voluntad popular.

Para finalizar debemos resaltar que de acuerdo a la mayoría de encuestas, el binomio conformado por Guillermo Lasso y Andrés Páez ocupa el primer lugar entre los candidatos de oposición, seguido de los binomios conformados por Cynthia Viteri-Mauricio Pozo, y por el de Paco Moncayo-Monserratt Bustamante. Cabe añadir asimismo que, en base a las tendencias registradas, la mayoría de analistas y encuestadores serios consideran que muy probablemente el proceso electoral incluirá una segunda vuelta. En esta misma línea, no se descarta que en dicha segunda ronda participen dos candidatos de la oposición. Hechos y opiniones que coinciden con la argumentación y reflexiones del presente análisis de coyuntura (I y II).

*https://librecuador.org/nuevo-analisis-de-coyuntura-elecciones-febrero-2017-i/

 

 

 

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ANALISIS DE COYUNTURA ELECCIONES FEBRERO 2017 (PARTE I)

img_coyuntura-politica-feb2017ANALISIS DE COYUNTURA ELECCIONES FEBRERO 2017 (I)*

 

La actual coyuntura política del Ecuador de inicio de la campaña electoral se presenta con varios aspectos relevantes dignos de analizar. A continuación me permito hacer algunas reflexiones en línea con los anteriores artículos de análisis publicados en librecuador.org. En vista de su extensión, el análisis de coyuntura se lo presenta en dos partes.

Principalmente se debe destacar el impacto de la crisis económica prolongada que vive el país, con varios trimestres seguidos de decrecimiento y que se expresa de forma dramática en el aumento del desempleo y la pobreza, lo cual es percibido por la opinión pública como responsabilidad del gobierno nacional. Situación que tiende a agravarse por el oneroso endeudamiento público sin precedentes, que habría sobrepasado el límite autorizado por la constitución, utilizado para cubrir el déficit fiscal, con fines políticos, y que pone en riesgo la sostenibilidad de la economía y de la propia dolarización.

De igual manera hay que subrayar el deterioro de la imagen del régimen producto de la corrupción generalizada que afecta incluso al primer mandatario, con su nivel más bajo luego de una cadena de escándalos mayúsculos de coimas y enriquecimiento ilícito, también sin precedentes: Panamá papers, Petroecuador, Odebrecht, entre los principales.

Cabe recordar que el desencanto de la población con el régimen de Rafael Correa venía acumulándose desde hacía varios años, en particular a causa del autoritarismo y de la criminalización de la protesta social; lo cual se había evidenciado en las elecciones del 2014 así como con las protestas a lo largo del 2015 y 2016. Su punto más álgido, sin embargo, se produce tras el agravamiento conjunto de la crisis económica y del deterioro de la imagen del gobierno corroído por la corrupción. Combinación de un conjunto de factores que termina por hacer estallar el mito político-religioso, de fe ciega en el caudillo carismático y en su proyecto modernista de corte fascista* de la “revolución ciudadana”. Momento histórico de inflexión que marca el fin del correísmo en el Ecuador y del proyecto totalitario regional llamado “Socialismo del Siglo XXI”, en medio de un proceso electoral sin la participación del caudillo.

Es importante observar que, en respuesta a la crisis de credibilidad generada por la flagrante corrupción, el régimen correísta ha iniciado una campaña de propaganda cínica de “lucha contra la corrupción” con la que se intenta posicionar la idea de que en el Ecuador es normal ser corrupto, que ésta es parte de la idiosincrasia del país, de que en todo gobierno ha existido, tanto en el sector público como privado, para de esa manera diluir la responsabilidad de Correa y su grupo. Parte de una estrategia publicitaria para mantener su cada vez más reducida base social de apoyo.

De forma paralela, y sin ningún éxito, el régimen busca impulsar una campaña sucia y de persecución contra sus detractores políticos, que no por casualidad resultan además ser los candidatos más opcionados. Este es el caso del reciente hackeo de la cuenta de Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por CREO, y de otros políticos de oposición a los que se ha tratado de perjudicar con la publicación de mensajes forjados e información falsa. Un caso flagrante de persecución es el sufrido por el periodista Fernando Villavicencio, contra quien se dictó orden de prisión, conjuntamente con el ex asambleísta Cléver Jiménez, a fin de impedir que participe en las elecciones para la Asamblea Nacional, en la que hubiera tenido grandes posibilidades de ser elegido con amplia votación. A lo señalado hay que agregar la campaña de intimidación a los medios de comunicación, a través de la implementación de un concurso amañado de frecuencias, que tiene el objeto de amordazarlos durante el proceso electoral.

Detrás del “show mediático” y la represión se percibe asimismo una feroz lucha intestina provocada por el “mal reparto” de los frutos de la corrupción y por el vacío de poder que deja la salida irreversible del caudillo. Un ambiente políticamente caldeado en el que prolifera la creación de cortinas de humo y fabricación de acusaciones sin sustento de algunos ex aliados, utilizados como chivos expiatorios para distraer la atención y ganar tiempo hasta el día de las elecciones, pero que sólo ha contribuido a aumentar la desconfianza y el sentimiento de rechazo en la población. Correa por su parte, además de optar por ausentarse de manera inexplicable por casi un mes en vísperas de las elecciones, se ha asegurado de anunciar ante los medios de comunicación su intención de viajar lo más pronto a Bélgica, lo cual es interpretado como una maniobra para eludir la derrota electoral y para no tener que rendir cuentas a la justicia por todos los desafueros cometidos durante 10 años de despotismo.

En el campo netamente electoral es notoria la tendencia a la baja del binomio oficialista (menos de 30%) representado por Lenin Moreno y Jorge Glas, lo que ha incrementado el nerviosismo entre los miembros de Alianza País y sus aliados, muchos de los cuales empiezan a buscar “refugio” en la oposición. Debemos recordar que si bien Lenin Moreno no es hombre de la confianza de Correa, razón por la cual su binomio es Glas, era la única opción electoral que tenía Correa para asegurar su plan (come sapos) de continuación del régimen dictatorial, y que fue difundida incluso entre las filas de la oposición como una supuesta alternativa democrática para la “salida del correísmo”.

La caída de Moreno y de Glas se debe también a que se trata de un pésimo binomio, sin ningún carisma y sobre el que pesan graves acusaciones de corrupción. En el caso de Moreno se ha evidenciado su falta de preparación profesional, su poca motivación y mala comunicación con el público durante los mítines de campaña, así como la carencia de un mensaje y una propuesta creíble frente a la crítica situación que vive el país. Aún más graves son las acusaciones relativas a su falta de ética, uso de influencias, corrupción y enriquecimiento ilícito, entre las que cabe mencionar su “nombramiento” como enviado especial de Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Cargo inexistente que fue creado a pedido del gobierno correísta y negociado por el entonces Canciller Ricardo Patiño con el Secretario General Ban Ki-Moon, pero que no era parte ni del organigrama ni presupuesto de dicha organización, y que costó al erario nacional más de US 3 millones de dólares durante dos años, con la única pretensión de cuidar la imagen y subir el perfil del futuro posible candidato a la presidencia de Alianza País.

Igualmente espinosas son las denuncias sobre el pago de varias decenas de miles de dólares por “Charlas motivacionales” (US 10.000 cada charla) con los municipios de Quito y Cuenca (de lo que se sabe) a través de contratos con una fundación de su familia, así como la adquisición a través de un testaferro de una mansión en Salinas valorada en varios millones de dólares. Se debe recordar que ya en el año 2009 Fabricio Correa acusó a Lenin Moreno y a uno de sus familiares de corrupción en el negocio petrolero. Acusaciones no aclaradas satisfactoriamente y que han minado seriamente la falsa imagen de respetabilidad y generosidad de la “Evita Perón” de la revolución ciudadana construida por el aparato de propaganda correísta.

Respecto de Glas es conocido que se trata de un funcionario y amigo personal de Correa, que ha estado a cargo de los proyectos de infraestructura del supuesto “cambio de la matriz productiva” y en cuya gestión se han suscitado los mayores escándalos de corrupción de la administración correísta, y en los que están involucrados los principales funcionarios de su equipo de confianza.

La situación de ambos candidatos podría agravarse si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publica la lista de altos funcionarios del gobierno de Correa que recibieron coimas de parte de Odebrecht durante los 10 años de correísmo, y que se presume afectaría especialmente a Jorge Glas. Aspectos muy negativos que han sido aprovechados por la ciudadanía activa en las redes sociales para desenmascarar a ambos candidatos.

De otra parte, el rechazo en aumento al correísmo y el temor al continuismo han provocado que la ciudadanía reflexione sobre la importancia del voto, dando lugar a que surja la tendencia por ejercer un “voto útil” a favor de la candidatura más opcionada en los comicios de febrero, que asegure el fin del gobierno dictatorial y corrupto. Cabe añadir que dicha tendencia toma fuerza en vista de que a nivel de la opinión pública se propaga la convicción y el temor de que en su desesperación el régimen correísta estaría preparando un fraude electoral.

Este punto es muy importante, pues por primera vez en 10 años se observa a los funcionarios del gobierno con una actitud derrotista en vísperas de los comicios, lo cual se pone de manifiesto en las intervenciones electorales de Correa, así como de Moreno y Glas. Un ejemplo claro de lo señalado fue la pobre concentración realizada en Guayaquil para celebrar los diez años de la “revolución ciudadana”, en la que llamó la atención el pesimismo de Correa y su binomio, quien se lamentó de la falta de “conciencia de clase” de los estratos populares del Ecuador a diferencia de lo que, según él, ocurre con las clases acomodadas, enemigas de la revolución. Moreno por su parte, tampoco pudo ocultar el pesimismo que invade su campaña, develando sus resentimientos y complejos: “hace 10 años creíamos que Ecuador era el peor país del mundo, que los ecuatorianos éramos los peores habitantes del mundo, cuando un atleta fallaba decían es que es nuestra raza, así somos, no damos para más”.

Fue unánime la opinión de la prensa respecto del fracaso del mitin político en la ciudad natal de Correa, considerado como un presagio de la derrota de Alianza País en los próximos comicios, y que coincide con la evaluación de los 10 años de correísmo como la década perdida.

 

 

*Para más información sobre el tema ver artículo sobre “Fascismo y Modernismo correísta”:

https://librecuador.org/ensayo-fascismo-y-modernismo-correista/

*La segunda parte del análisis de coyuntura en el siguiente link: https://librecuador.org/nuevo-analisis-de-coyuntura-elecciones-febrero-2017-ii-oportunidades-y-riesgos/

 

 

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ARTICULO COYUNTURA: TRAGEDIA NACIONAL Y FALTA DE LEGITIMIDAD DEMOCRATICA

DESASTRE2016 TRAGEDIA NACIONAL Y FALTA DE LEGITIMIDAD DEMOCRATICA, por Gustavo Palacio Urrutia

En un reciente artículo de coyuntura me permití exponer las razones a favor y en contra por las que Rafael Correa debería o no renunciar. El resultado de la comparación de argumentos, tomados de la discusión que a nivel nacional existe sobre el tema en los distintos sectores de la sociedad, fue de forma abrumadora a favor de su salida anticipada.

Pienso que a raíz del terrible terremoto que enlutó al país, dicha discusión y conclusiones cobran aún mayor fuerza por razones complementarias de peso. A continuación  presento un análisis de este nuevo aspecto de la coyuntura.

Básicamente serían dos las razones adicionales, que en opinión de una buena parte de la ciudadanía existen para que Rafael Correa renuncie  tras la tragedia del terremoto:

1) El país está viviendo una terrible crisis, que además de política y económica ahora es también humanitaria. Para salir de dicha situación se requiere de un gobierno con gran capacidad de gestión y liderazgo, cualidades que Rafael Correa y su gobierno no poseen.

2) Rafael Correa y su gobierno están agudizando las crisis mencionadas. El caudillo y su régimen populista son el problema y no la solución al mismo. La solución de las crisis por lo tanto demanda en primer lugar la salida anticipada del régimen.

Veamos varios de los elementos que sirven de apoyo a estos planteamientos. En primer lugar hay que referirse a la ineptitud del gobierno para actuar frente al propio desastre. Desde el primer día se hizo evidente que el gobierno no tenía un plan de acción, un protocolo a seguir para este tipo específico de desastres, como ocurre en países como Chile, Japón u otros donde también hay un record histórico de terremoto, lo que determinó que se actuara de manera improvisada.

En el caso del país, es triste constatar que el gobierno no sólo que no se preparó para dicha eventualidad, sino que dicha falta de prevención ocurrió a pesar de que existía una profusa documentación con recomendaciones sobre el tema, de acuerdo a la cual desde 1906 aproximadamente cada 20 años se produce un sismo altamente destructivo, de alrededor de 8 grados en la escala de Richter. Es ampliamente conocido, tanto para el mundo académico como para la opinión publica en general, que el Ecuador se encuentra en una zona geográfica de alto riesgo sísmico por efecto del continuo choque entre las placas tectónicas de Nazca y Sud América. Patrón que hace suponer que en cualquier momento en los tiempos actuales puede ocurrir una catástrofe en la Costa Ecuatoriana, como efectivamente ocurrió el 16 de abril pasado.

Es sorprendente saber que importantes estudios actualizados, de carácter técnico sobre el riesgo sísmico del Ecuador, producidos por instituciones de prestigio como lo es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica del Ecuador, así como por varias universidades nacionales y extranjeras, incluida la controvertida Universidad Yachay, con profesores especializados en el tema y que en su mayoría forman parte de una red nacional de monitoreo de riesgo sísmico, no hayan sido tomados en cuenta por el régimen correísta para la elaboración y aplicación de políticas de prevención de riesgo.

Desde fines de los años 80 se han venido realizando varios seminarios internacionales con el aporte de varias universidades ecuatorianas, con el respaldo de la Oficina de Naciones Unidas para la reducción de riesgos (UNISDR) así como con el apoyo de la banca multilateral de desarrollo. Dichos eventos académicos han servido para desarrollar planes y programas de prevención de riesgos en los que se advierte de manera categórica sobre el inminente peligro de que se produzca un terremoto de 8 o 9 grados según la escala de Richter en el país. Como ejemplo cabe mencionar el “Proyecto Radius” impulsado en 1999 por la Universidad Católica de Guayaquil, para la creación de un Plan de reducción de riesgo de la ciudad; el seminario “Gestión de riesgos y prevención de desastres” realizado en la FLACSO, en Quito, en enero del 2001; el seminario “Gestión de riesgos y reducción de impactos de Desastres” realizado por la Municipalidad de Cuenca en 2008. En estos documentos, así como en el documento “Plan Nacional del Ecuador”, que forma parte de los documentos gubernamentales presentados al UNIDSR  se advierte sobre el inminente peligro sísmico que amenaza al Ecuador y la necesidad de contar con un programa nacional de prevención de riesgos y reducción de impactos.

Varias fueron las advertencias también en el sentido de que el cálculo del PIB ecuatoriano debe considerar obligatoriamente el riesgo de un desastre natural. Situación que debe ser prevista mediante la adquisición de los respectivos seguros tanto para el sector público como privado y de la ciudadanía en general. Así, es un acto de negligencia del gobierno correísta no haber puesto en práctica las recomendaciones pertinentes presentadas en dichos informes académicos y técnicos, incluidas las relativas a las normativas para construcción antisísmica y una adecuada contratación de seguros para obras de infraestructura. Sorprende también que dichos expertos no hayan colaborado con el régimen para la elaboración de un plan de prevención y mitigación en caso de terremoto en las diversas regiones del país. Tal falta de coordinación entre entidades gubernamentales y de la sociedad civil para el buen uso de los recursos científicos y técnicos refleja la negligencia e irresponsabilidad de un régimen populista que está más interesado en resaltar supuestos logros y obras de relumbrón, muchas veces con infraestructura de mala calidad y con sobre precios, que fortalecer la institucionalidad y coordinación con la sociedad civil para el progreso social.

El acto de negligencia señalado es sólo un ejemplo del insuficiente y mal trabajo realizado por el gobierno de Correa respecto de la necesidad de contar con un esquema de prevención y mitigación de desastres naturales en el país. Resulta paradójico y cínico que durante nueve años el aparato propagandístico de Correa haya hecho creer a la población que con la creación a inicios de su gobierno de la “Secretaria Nacional de Riesgos” posteriormente denominada “Secretaria de Riesgos” en reemplazo de la “Defensa Civil”, se había montado uno de los mejores “sistemas de prevención de riesgos”  y que “El Ecuador está mejor preparado que antes para enfrentar los desastres naturales”.

Contrariamente a lo divulgado por la propaganda oficial, y del ingente gasto realizado anualmente en materia de gestión de riesgos, la tragedia del terremoto demostró que el país no cuenta con un sistema eficaz de prevención y mitigación de desastres naturales que permita precautelar y salvar la vida de los ciudadanos. La mayoría de  los expertos extranjeros que vinieron al país para asistir en el rescate de víctimas y atención del desastre coinciden en constatar tan deplorable situación. Son varios los pronunciamientos que coinciden en destacar que de haber existido un mínimo de preparación y coordinación se habría podido salvar la vida de muchas más personas. Llamó la atención, por ejemplo, que los rescatistas ecuatorianos en su mayoría no contaran con herramientas de uso común e indispensable en casos de desastre, como son los equipos electrónicos para detectar a personas con vida, sepultadas bajo los escombros, los cuales afortunadamente fueron facilitados por los equipos de rescatistas de países amigos.

Después de varias semanas desde que ocurrió el desastre es penoso ver las condiciones de vida de los damnificados, de extracción humilde la mayor parte, sin adecuados campamentos ni servicios de atención; lo que hace prever que el país enfrenta un serio problema social que tiende a agravarse.

Hay que resaltar que el gobierno populista de Correa agravó la falta de prevención y preparación del país ante este tipo de desastres al haber destruido la institucionalidad y conformación de una burocracia, basada en la meritocracia, para el manejo profesional de estos temas. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con la tan venida a menos Cancillería Ecuatoriana, la desaparición de la defensa Civil, así como la eliminación de un fondo de ahorro y contingencia para prevención de desastres naturales, efectuada por decreto por el propio Rafael Correa.

El pésimo manejo del terremoto del 16 de abril se agrava además por el manejo político y económico del siniestro. Actualmente existe un rechazo generalizado a la pretensión del gobierno de utilizar con fines partidistas y electorales la tragedia nacional. Elemento que afecta el estado de ánimo y desconfianza de la sociedad en el régimen, lo que ha provocado serios roces con la población y las propias Fuerzas Armadas, institución encargada de supervisar y llevar alivio a las víctimas, y que el gobierno pretende cooptar para sus fines populistas.

En cuanto al aspecto económico, existe un consenso de parte de la mayoría de expertos y actores políticos en que los llamados “paquetazos económicos” que contemplan impuestos “regresivos” van en contra del interés nacional, que agravarán la crisis y afectarán en especial a los más pobres. De igual manera se estima que el endeudamiento sin precedentes en la historia nacional, recientemente incrementado con pretexto de la reconstrucción, es parte de la política económica irresponsable y oportunista del gobierno orientada a mantener su modelo populista, corrupto, autoritario y clientelar a costa de hipotecar el futuro económico del país y las próximas generaciones. Una reciente encuesta de CEDATOS reveló que el 67% de la población está en contra de las recientes medidas económicas del gobierno correísta. No es casual tampoco que la mayoría de la población, que ha expresado de forma contundente su solidaridad con las víctimas del terremoto, tenga desconfianza en el gobierno y en el manejo de los fondos públicos para la reconstrucción nacional. La gran mayoría desearía que se constituya un fideicomiso para el manejo de dichos recursos.

A los aspectos señalados se suma la incapacidad personal de Rafael Correa de ejercer un liderazgo fraterno a la altura de las trágicas circunstancias, de inspirar confianza y tranquilidad a la población, de brindar alivio y esperanza a quienes han sufrido de manera terrible el embate de la naturaleza. En pocas semanas Correa ha exhibido una actitud prepotente y deshumanizada ante las víctimas del desastre, desesperadas por la falta de organización y de ayuda oficial. Correa de manera descontrolada, con actitudes propias de un demente, ha incluso llegado al extremo de amenazar con encarcelar a quienes protesten por la difícil situación, lo que ha indignado aún más a la ciudadanía que no se resigna a vivir sin libertad.

Todos los aspectos mencionados de manera resumida, llevan a un gran tema que tiene que ver con un concepto mencionado también en artículos anteriores, relativo a la “legitimidad democrática” del gobierno de Correa. Para muchos analistas, el hecho de que la población considere que Correa no sólo es el causante de la crisis generalizada del país, sino también el obstáculo para la resolución de la misma es un reflejo del alto grado de conflictividad política y de dicha falta de legitimidad democrática. Coinciden en que, en las circunstancias de conflicto y falta de legitimidad del régimen, la mejor y posiblemente única alternativa posible para que el país pueda salir lo antes posible de su grave crisis económica, política y humanitaria es que Rafael Correa renuncie.

Para concluir es  importante resaltar que en la actual coyuntura se ha producido un aumento significativo de la concienciación de la ciudadanía respecto de la necesidad de una salida anticipada de Correa. Este aspecto se ha reflejado tanto en el aumento de la protesta de numerosos grupos ciudadanos críticos al régimen tanto en las calles como a través de las influyentes redes sociales.

Un gran ejemplo de lo primero lo constituyó la reciente marcha del primero de mayo, donde numerosos grupos de la sociedad civil se hicieron presentes para acompañar en su protesta a la clase trabajadora. En la multitudinaria demostración hubieron expresiones claras de rechazo al gobierno dictatorial, a su oportunismo político y sus políticas económicas. El tradicional grito de Fuera Correa Fuera fue acompañado de pedidos de fin de la dictadura, así como de prisión para el gobernante y su régimen.  La multitudinaria marcha del 1 de mayo, sorprendió a muchos analistas que estimaron  tendría un carácter apagado, sin contenido político, en virtud de los escasa convocatoria realizada para la marcha caracterizada por un tímido llamado a la solidaridad en abstracto. Actitud de la dirigencia sindical que ha optado por  “no hacer olas” en la actual coyuntura, y que no tomó en consideración que la solidaridad debe expresarse sobre la base de la participación política en las calles, pues la situación de los damnificados así como de la mayor parte de la población será afectada negativamente por la recesión económica provocada y agravada por la fallida política económica del régimen.

Con relación a las redes sociales, donde participan de forma activa un gran número de grupos ciudadanos de la amplia clase media, es interesante observar como durante las últimas semanas se han posicionado varios “hashtag” pidiendo de forma masiva la renuncia de Correa y la salida anticipada de su gobierno:  #RenunciaCorrea #QueremosTuRenuncia, #FiscalizarCorrrea.

A pesar del aumento de la indignación popular expresada con actos de protesta en las calles, acompañadas de exhortaciones para que Correa renuncie, aún persisten voces  influyentes de alto poder mediático, vinculadas a diferentes tiendas políticas de oposición y grupos de poder, que con una posición híper constitucionalista y fervor legalista arguyen que en bien del país, y para que el pueblo ecuatoriano escarmiente sus errores, Correa debe terminar su período.

Para ellos, la posibilidad de fraude y la pretensión del gobierno de aprovecharse políticamente de la tragedia nacional para obtener mayor respaldo clientelar no constituyen una amenaza real. Tampoco les resulta preocupante el aumento del endeudamiento ni la perdida de la institucionalidad democrática. Estas influyentes voces basan su postura (optimista en términos electorales) en el agravamiento de la situación política y económica en desmedro de la popularidad del gobierno y de que, a pesar del costo que la dictadura implica para el futuro del país, después de más de un año de protestas permanentes, ahora sólo faltan 8 meses para las elecciones de febrero del 2017, lo que permitiría cambiar el rumbo del país.

Llama la atención sin embargo que recientemente representantes de dichos grupos reconozcan abiertamente que Rafael Correa es la “enfermedad” y no parte del remedio. Es interesante también notar que en vista de la creciente indignación popular, sin canales para expresarse salvo las calles, llamen a la tranquilidad de la ciudadanía, a no salir a las calles,  y a esperar de manera estoica hasta las elecciones de febrero para derrotar a la dictadura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ARTICULO COYUNTURA: EXIGIR LA RENUNCIA DE CORREA Y SU GOBIERNO

protesta abril7EXIGIR LA RENUNCIA A CORREA Y SU GOBIERNO

Por Gustavo Palacio Urrutia

El multitudinario plantón de protesta de ayer, 7 de abril, en Quito y varias ciudades del país, confirma los señalamientos realizados en el análisis de coyuntura publicado con fecha 30 de marzo pasado en este medio digital, en el sentido de que se está produciendo de manera acelerada un proceso de erosión de la legitimidad democrática del régimen correísta.

Considero que como resultado de dicha erosión, en el seno de la sociedad ecuatoriana ha surgido una creciente demanda social para que Correa y su gobierno deijen el poder de forma anticipada. En la manifestación en Quito (ver videos), efectuada en la avenida de los Shyris, fueron innumerables las expresiones airadas de reclamo pidiendo la terminación del régimen correísta. Se trata de una demanda que gran parte de la ciudadanía aspira tenga efecto de manera inmediata, lo antes posible, no en mayo del 2017 como lo han venido afirmando ciertos líderes políticos y medios de comunicación que prefieren no profundizar en el tema, y que al parecer recién empiezan a percibir el alto grado de indignación popular contra el régimen.

Con el fin de contribuir a la discusión de la ciudadanía sobre este importante tema, me permito presentar un análisis comparativo de las argumentaciones discursivas a favor y en contra de que Correa y su gobierno dejen el poder de manera anticipada, vía la renuncia conforme lo contempla la constitución.

Los principales argumentos que se han ido decantando de quienes consideran que Rafael Correa debe terminar su período en mayo de 2017 son tres:

a) Correa debe permanecer en el poder para que el pueblo aprenda su lección. Según este argumento el problema político del país (la elección de un caudillo y un gobierno populista) radica en la falta de educación del pueblo ecuatoriano. Se asume que la experimentación de la situación de crisis y descalabro económico y político permitirá que el Pueblo escarmiente en carne propia el peso de sus errores por haber elegido un caudillo populista que atenta contra la democracia y el bienestar nacional. Dicho escarmiento dejará al final una valiosa enseñanza que será de provecho para el futuro de la sociedad.

El doloroso proceso de aprendizaje político contribuirá además a poner fin a la tragedia social producida por el correísmo una vez que se efectúen las elecciones de febrero de 2017. Una opinión un poco más moderna pero similar a la del ex presidente Carlos Alberto Arroyo del Río, de postura liberal pero excluyente, quien consideraba que el pueblo ecuatoriano no era muy lúcido y que era por lo tanto deber de la élite ecuatoriana guiarlo. Postura que, dicho sea de paso, comparte plenamente Rafael Correa, desde su posición de líder populista mesiánico.

b) Correa debe permanecer en el poder hasta el final de su período por razones de tipo jurídico, de preservación del orden democrático y constitucional. Conforme esta perspectiva, el Ecuador debe guiarse por la constitución y las leyes del país, que no permiten la destitución del Jefe de Estado. Se trata de una posición rígida y esquemática, que no considera lo estipulado en la propia constitución correísta respecto del “derecho a la resistencia” del pueblo ecuatoriano.

Visión que sobre todo deja a un lado el aspecto Meta Jurídico, clave para cuestionar y poner término a una dictadura de corte civil que ha quebrantado el estado de derecho, que atenta contra los intereses nacionales y bienestar de la población. Posición Meta jurídica que, conviene aclarar, prioriza los derechos civiles e individuales de la población, como esencia del derecho y como condición sine qua non de la democracia.

c) No hay quien se quiera hacer cargo del país. Debido a la difícil situación del país, tanto en lo económico como en lo político, se estima no existe ninguna posibilidad de que una persona “decente” con características de líder quiera hacerse cargo de los destinos de la Patria en reemplazo de Correa. En este mismo orden de pensamiento bajo la premisa mencionada se considera que en consecuencia tampoco cabe permitir que políticos oportunistas asuman el poder. Esto, se teme, podría resultar como el remedio que es peor que la enfermedad y terminar por desatar una debacle social. El argumento plantea como imprescindible la existencia de un líder, de grandes atributos, para sacar al país del atolladero. Visión sesgada, propia de la cultura politica caudillista, que obviamente excluye cualquier posibilidad de liderazgo democrático compartido, construido en base a consensos entre los diferentes sectores de la sociedad. Hay que resaltar sin embargo, que este tercer argumento, es tal vez el más importante para la evaluación que hace la ciudadanía frente a la coyuntura política.

Existe un cuarto argumento, pero al que la ciudadanía ya no le asigna mayor valor, producto del descontento y que hace relación con la hipótesis de que Correa en caso de verse obligado a renunciar, aprovecharía para victimizarse. Como se observa en las últimas demostraciones de protesta (incluidas las que se producen a través de las redes sociales) la ciudadanía exige, para que esto no ocurra, que sea cual sea la salida a la actual situación no se permita a Correa abandonar el país, a fin de que rinda cuentas a la justicia. Demanda social que amenaza como una “espada de Damocles” al caudillo.

Veamos ahora en contraposición a lo antes mencionado, cuales son los principales argumentos que justificarían la salida anticipada del poder del caudillo correísta, recogidos de la profusa discusión política que se desarrolla en el país.

1) Correa ha violado la constitución innumerables ocasiones con el fin de concentrar más poder, al punto de haber violentado los principios y las bases que garantizan el sistema de derecho. El ejemplo más importante de lo indicado es la falta de división de poderes y la existencia de unos órganos de control y una justicia sometidos a los intereses del caudillo.  No se puede permitir que dicha situación, de violacion  permanente de los principios esenciales de la democracia, continúe hasta mayo de 2017.

2) El gobierno de Correa con su equivocada política económica ha arrastrado al país a una terrible crisis económica, la cual podría agravarse aún mucho más hasta mayo de 2017. Se conoce que el gobierno está haciendo todo lo posible para, vía endeudamiento, aplazar la agudización de dicha crisis hasta que asuma una nueva administración. No es posible aceptar que un gobierno que no cuenta con la suficiente legitimidad democrática, de manera irresponsable juegue a trasladar el peso de la crisis al próximo gobierno y a dejar hipotecado el país en detrimento de la población. Se considera que es la obligación moral de la ciudadanía impedir que el gobierno continúe con su manejo inescrupuloso de la crisis. Se torna imprescindible por ello exigir la renuncia de Correa y el término anticipado de su gobierno.

3) Correa ha incrementado la deuda externa y pública a niveles sin precedentes, en condiciones onerosas que comprometen la las posibilidades de subsistencia de la población. Situación que va a retrasar al país en su desarrollo en varias décadas y que afectará seriamente las posibilidades de salir del subdesarrollo. No conviene por lo tanto a los intereses del país retrasar hasta el 2017 un cambio de timón en el manejo de las finanzas públicas.

4) El gobierno de Correa es considerado uno de los más corruptos de la historia. La lista de los casos de corrupción es muy extensa e involucra a las más altas autoridades del régimen. Un buen resumen de la situación se puede encontrar en: https://www.youtube.com/watch?v=p7p0arBskDI

La reciente reciente filtración y publicación de los “Panamapapers” así como el escándalo de los pases de la policía, que involucran a altos funcionarios del gobierno, son un buen ejemplo del nivel de corrupción gubernamental. Poner fin a la corrupción es un tema urgente, de alto interés nacional, y que sólo es posible conseguirlo con un nuevo gobierno democrático. Por ello es un imperativo inmediato que Correa y su gobierno renuncien lo antes posible.

5) El gobierno de Correa no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población, como lo revelan encuestas recientes. Si bien no se han realizado encuestas específicas sobre el tema -lo que llama la atención- es claro que la ciudadanía no sólo que no apoya al régimen correísta, sino que preferiría que otro gobierno este a la cabeza del país. Cabe señalar que el gobierno correísta a lo largo de los años se ha jactado de subrayar que su legitimidad radica en el apoyo de la mayoría de la población. Más allá de este principio que excluye a las minorías, de acuerdo a este argumento, no es saludable para la sociedad ecuatoriana que un gobierno dictatorial que no cuenta con el apoyo de la ciudadanía continúe hasta mayo de 2017 en el poder.

6) El gobierno de Correa controla todos los poderes del Estado, incluido el Consejo Electoral. Existe suficiente evidencia para sospechar que el régimen autoritario cometió fraude en ocasiones anteriores y que estaría dispuesto a hacerlo nuevamente en 2017. Se trata de un riesgo para la democracia ecuatoriana que no se debe aceptar, pues pone en peligro el futuro de la soberanía y democracia del país.

7) El gobierno de Correa ha tenido una política internacional de apoyo a regímenes corruptos y dictatoriales, que contradice el tradicional apoyo del Ecuador a gobiernos democráticos amigos y a la defensa de los derechos humanos. El movimiento Alianza País desde sus inicios y luego desde el poder ha sido parte de una red internacional de regímenes corruptos antidemocráticos, con un plan totalitario a nivel regional. Dejar que la política exterior del país continúe en manos de un gobierno corrupto de tendencia totalitaria es hacerle daño a la democracia a nivel regional y mundial.

8) El gobierno de Correa ha denigrado la imagen del Ecuador tanto a nivel nacional como internacional, con un discurso populista autoritario, a menudo cáustico y procaz, acompañado de actitudes ofensivas a la dignidad de las personas, que lo ha convertido en objeto de crítica y burla de parte de la opinión pública mundial. Es preferible que el gobierno antidemocrático de Correa termine su mandato de forma anticipada, a que se siga ofendiendo a los ecuatorianos y se deteriore aún más la imagen del país a nivel internacional.

9) El gobierno del Ecuador ha fomentado el racismo, así como la intolerancia política y social. El discurso populista de Rafael Correa se caracteriza por denigrar a los indígenas, afro descendientes y mestizos del Ecuador. Dejar que continúe en el poder un gobierno dictatorial cuyo discurso oficial agrede la dignidad humana es inaceptable en democracia.

10) El gobierno del Ecuador ha violado de manera sistemática los derechos humanos, siendo considerado por reconocidos activistas defensores de los derechos humanos como uno de los regímenes más represivos de la historia moderna del Ecuador. En especial ha destacado la violación de la libertad de expresión, acompañada de una abierta persecución a los periodistas críticos al gobierno. Igual de vergonzosa ha sido la política de criminalización de la protesta social, así como la persecución a líderes de los movimientos sociales, de la sociedad civil, del movimiento indígena y de los trabajadores. Como es conocido, durante varios años el gobierno de Correa ha tratado incluso de desmantelar el sistema interamericano de Derechos Humanos. No se puede permitir que un régimen antidemocrático que menoscaba los derechos humanos continúe en el poder hasta mayo de 2017.

11) El régimen de Correa ha destruido la institucionalidad del país, fundamental para asegurar el desarrollo económico y social. El régimen correísta utilizó a los diferentes Ministerios del país con fines políticos. Creo una red clientelar de funcionarios públicos, como base de apoyo social, que violentó el principio de la meritocracia que existía en el país. Un caso revelador del tema es el de la Cancillería Ecuatoriana, donde la nómina de funcionarios se incrementó de 700 más de dos mil funcionarios. Muchos de dichos nuevos funcionarios, seleccionados sobre la base de su lealtad incondicional al régimen correísta, no cuentan con los requisitos mínimos de admisión que han existido en la carrera. Cabe recordar que la Academia Diplomática, creada en 1982 y encargada de los exámenes de admisión y del curso para la formación de terceros secretarios, fue abolida por el gobierno correísta.No conviene a los intereses del país esperar hasta mayo de 2017 para iniciar la tarea de la reconstrucción institucional.

12) Como parte de su plan de destrucción de la institucionalidad democrática, el régimen correísta ha tratado por diferentes medios ilegítimos de cooptar a las fuerzas armadas. Es de suponer que en su afán de colocar un gobierno títere, gracias a contar con una “cancha inclinada” a su favor y un Consejo Electoral correísta, el régimen buscará controlar y manipular politicamente la institución militar. Para conjurar tal amenaza resulta urgente exigir la renuncia del régimen correísta.

13) El gobierno correísta se ha caracterizado por una política extractivista, de destrucción de la mega diversidad del Ecuador. Pese a haber contado con enormes recursos económicos, gracias a los altos precios del petróleo, el régimen no ha sabido fomentar la construcción de un modelo de desarrollo sustentable. En su lugar ha fomentado, con fines políticos populistas, el consumo y el endeudamiento improductivo. El país no puede esperar 14 meses para parar la destrucción de la biodiversidad, en lugares de incalculable valor ambiental como es el caso del Yasuní.

14) Uno de los rubros en que más despilfarra el gobierno, a pesar de la grave crisis por la que atraviesa el país, es el de propaganda. Con fines netamente políticos, el régimen mantiene un costoso aparato de propaganda que difunde de manera atosigante un discurso populista binario de confrontación social, que polariza la sociedad. Es necesario poner fin de manera inmediata a este dañino aparato de propaganda fascista y no esperar hasta mayo de 2017.

15) En su desesperación por tener mayor liquidez, el régimen ha empezado a “meter la mano” (como lo hizo con la justicia) a diversos fondos de ahorro de diversos sectores sociales. Esta política ha puesto en riesgo el funcionamiento del sistema de seguridad social. Las nuevas medidas anunciadas de utilización del dinero electrónico son consideradas por la mayoría de analistas como una amenaza que pone en riesgo a la dolarización. Este es un riesgo innecesario y de potenciales funestas consecuencias que el país debe evitar. Por ello es necesario exigir la renuncia de Correa y su gobierno ahora, y no esperar hasta mayo del 2017.

16) Existe suficiente evidencia para considerar que el caudillo sufre de serios trastornos psicológicos, que lo afectan negativamente en lo que tiene que ver con la toma de decisiones de interés nacional. No se justifica por lo tanto, que en las actuales condiciones del país, de menoscabo de su democracia y economía, continúe al frente del país una persona que no está en capacidad mental para gobernar, y que por el contrario, por el enorme poder que ha concentrado en sus manos, constituye un verdadero peligro para la sociedad.

Es claro que existe un desbalance discursivo argumental abrumador, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, a favor de la tesis de la salida anticipada del gobierno, vía la renuncia. Resulta obvio que los riesgos que entraña la terminación anticipada del gobierno son muchísimo menores a los de la opción contraria. Esto a pesar de la carga ideológica y ética de dicha argumentación, por una salida democrática e inmediata a la crisis política.

Sin embargo de lo señalado, y de las lógicas conclusiones que arroja el análisis comparativo, no es fácil que este se traduzca en acciones concretas en la práctica política y social. El ejercicio subjetivo de la política, como expresión discursiva del poder político y social, parecería indicar que si bien la mayoría de la ciudadanía ha procesado y comparte la abrumadora argumentación a favor de una salida democrática anticipada, como lo es la renuncia del primer mandatario; una buena parte de la misma aún se muestra dubitativa sobre cómo lograr que esta aspiración por rescatar al país se convierta en realidad.

En otras palabras, aunque muchos ciudadanos están convencidos de que Correa debe irse, no está claro cómo se puede lograr este objetivo sin que se produzca un daño mayor al país. Desazón que refleja que aún gravitan y conviven en la mente de la ciudadanía elementos que pugnan a favor y en contra de la salida anticipada del régimen.

Estimo que parte de la respuesta a esta interrogante de la ciudadanía ya fue anticipada en el párrafo concerniente a la crítica al argumento C a favor de que Correa permanezca en el poder hasta el 2017. El comentario sobre el tema alude a la posibilidad de conformar un gobierno con un liderazgo compartido, en base a consensos de los actores políticos y sociales.

Se refiere a la posibilidad concreta de un nuevo gobierno interino, que con la legitimidad que brinda el apoyo de la mayoría de la población, tal como ocurrió con la figura de Clemente Yerovi en 1966, se haga cargo de manera temporal de los destinos del país. Un gobierno provisional pero con la participación de mujeres y hombres probos que convocaría a elecciones anticipadas, y que además llame a un referéndum y/o a una nueva Asamblea Constituyente, para rescatar la democracia y la economía nacional. Cabe recordar que este planteamiento ha sido formulado tanto desde la perspectiva jurídica como política por varias figuras de la vida pública nacional (ver artículo de 15 de febrero de 2016).

Cuando la mayoría de la ciudadanía, que expresa su indignacion en las calles, tome conciencia de esta alternativa de que sí es factible un liderazgo compartido, representativo de toda la sociedad, con o sin la participación de los líderes políticos tradicionales, sólo será cuestión de días la renuncia del dictador. No está por demás señalar que en tales circunstancias, debido a su  erosionado poder, tendría que inevitablemente rendir cuentas a la justicia.

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