El agravamiento de la crisis política y económica ha deslegitimado de manera significativa al régimen caudillista de Rafael Correa. Sin una base popular de apoyo, la ola creciente de protesta social lo coloca en una delicada situación de ingobernabilidad que podría obligarlo a concluir  de manera anticipada su mandato, como ha ocurrido con varios regímenes anteriores.

 Situación política grave y que, de manera similar a lo sucedido en el pasado, podría desembocar en su salida, de producirse la unidad y presión política conjunta de todos los sectores de la oposición amparados en el “derecho a la resistencia” consagrado en la constitución vigente. Unidad que llegaría a contar con el apoyo y legitimación democrática de la mayoría de la población, así como con el beneplácito de las Fuerzas Armadas, todo lo cual facultaría la salida constitucional del régimen vía la renuncia al cargo.

 La posibilidad de dicha unidad, sin embargo, aunque a simple vista parecería natural y lógica, tiene sus bemoles de complicación. Principalmente hay que considerar que si bien todos los representantes de la oposición respaldan las demandas de la  protesta popular en las calles, incluida la no reelección, catalogadas por el gobierno como inaceptables ya que presuponen el fin del correísmo, éstos difieren respecto de cuándo y cómo Correa debería dejar el poder.

 Las últimas semanas de agitación política han servido precisamente para que los diferentes líderes y sectores políticos de oposición expresen y justifiquen tanto discursivamente como mediante sus consignas y participación en las calles, con argumentos a favor y en contra, su posición respecto del fin del gobierno de Correa.

 Para comenzar observamos un grupo numeroso que continúa creyendo que, a pesar de la represión y el derramamiento de sangre provocado, hay que seguir insistiendo en el pedido (en las calles) de “rectificación” al “Presidente” de la República.  Son varios los políticos  y analistas que en dicho grupo plantean el tema desde una perspectiva netamente jurídica, de orden constitucional. Reproducen con acuciosidad el discurso legalista formal tan arraigado en la cultura política del país. Arguyen que a Correa se lo eligió por un determinado período y que la “voz del Pueblo” debe respetarse, sin importar las consecuencias. Hay otros que tienen una perspectiva similar, pero que argumentan desde el ámbito de la sociología y las ciencias políticas. A ellos les parece necesario que el pueblo ecuatoriano se mantenga dentro de los carriles de la “gobernabilidad democrática” y se supere la vergonzosa tradición de “tumbar presidentes”, que tanto daño, según ellos, le hace a la imagen del país, sin importarles las consecuencias de vivir bajo un régimen antidemocrático dirigido por un déspota dictador, para colmo claramente desequilibrado. Estiman que Correa, aunque sea un inepto, debe hacerse cargo de la grave crisis política y económica creada por su gobierno. Calculan que así se desgastará aún más y terminará arruinado políticamente.

Entre ambos grupos hay muchos ex correístas que guiados por la teoría populista de Laclau, puesta en práctica en Venezuela y luego en Ecuador con la ayuda de asesores españoles, contribuyeron a construir un andamiaje jurídico constitucional apropiado para que Correa pueda cooptar todos los poderes. Algunos de ellos incluso obtuvieron beneficios y prebendas durante su participación en el gobierno. Temen que apoyar la destitución inmediata de Correa pudiera ser interpretado como un reconocimiento de su responsabilidad respecto del creciente modelo autoritario y represivo.

 También hay quienes desde una  óptica discursiva aún más conservadora consideran que la presencia de Correa hasta el 2017 serviría de “lección política” para que “el Pueblo” aprenda a elegir (“la letra con sangre entra”)  bien a sus mandantes pues éste está mal acostumbrado y siempre elige caudillos populistas corruptos.

 Asimismo son varios los políticos que se escudan en sus funciones públicas, por considerar la situación poco clara, y optan por el silencio: piensan que en este momento no es un “buen negocio” sacar a Correa pues no recibirían nada en el “reparto del poder”, forma tradicional de ver la política en Ecuador. Estiman que en el 2017, cuando la cuota del poder se corresponda con el volumen de exposición mediática, posicionamiento de la imagen, nivel de popularidad, aportes económicos recibidos, capacidad de movilización de recursos, alianzas efectuadas, en lo que sería una elección muy dividida, tendrían más posibilidades que ahora.

 Saben que en términos de la democracia electoral, en medio de la crisis y de la fragmentación social que existe en el país, bajo las actuales reglas vigentes, con incluso menos del 40% de los votos podrían aspirar a llegar al poder. Hay finalmente políticos, analistas, así como empresarios preocupados pero escépticos, que estiman que el pueblo no ha madurado lo suficiente para plantear la salida anticipada de Correa, y que el riesgo de ser acusados de  “conspiración” y sufrir posibles represalias del régimen es alto.

 Para todos ellos, el grito de “Fuera Correa Fuera” expresado por las multitudes de ecuatorianos que protestan en las calles, debe ser interpretado (sin que haya claridad ni homogeneidad en su explicación) no como lo que literalmente significa, sino como el pedido de rectificación y permanencia en el poder hasta 2017 antes mencionado.  Interpretación, a mi modo de ver, sin sustento, en particular si se analiza el contenido del resto de consignas que el pueblo grita contra el gobierno de Correa, que coinciden con el pedido de salida del poder.

 Un segundo grupo pienso lo constituyen la mayoría de ecuatorianos que salen a protestar, que va más allá de los líderes políticos y sociales salvo importantes excepciones, que plantean la consigna de  “Fuera Correa Fuera” y están convencidos de su mensaje de manera literal. Para ellos la posibilidad de que Correa permanezca en el poder hasta el 2017 constituye un peligro de agravamiento de la crisis  política y económica, así como de la represión y de fortalecimiento de un proyecto autoritario (incluso totalitario) de permanencia indefinida en el poder. Según su entender Correa ha dejado de ser un Presidente que goza de credibilidad y legitimidad democrática. Lo catalogan como un dictador que ha violado la constitución en varias ocasiones, que ha cooptado todos los poderes del Estado, que ha violado los derechos humanos de los ecuatorianos y ha puesto al país al borde del abismo en términos económicos y de gobernabilidad.

 En este segundo grupo es más común encontrar personas con una visión crítica y menos dócil con el poder del gobierno, inconformes con la hegemonía discursiva del poder correísta. Lo conforman individuos y grupos sociales dispuestos incluso a arriesgar el bienestar y seguridad de ellos y sus familias. Son personas respetuosas con las autoridades democráticamente elegidas pero irreverentes cuando abusan del poder y violan los fundamentos del sistema democrático. Allí están miembros del movimientos indígena, de gremios de trabajadores y empleados públicos, de los sectores sociales, de la clase media, incluso empresarios. Tienen como característica principal ser libertarios, de diferente tendencia ideológica, fieles al principio de que es preferible morir de pie antes que vivir de rodillas. Sus intereses están afincados más en valores humanistas universales que materiales. En términos de cantidad, tal vez todavía no representan a la mayoría de la población, pero sin duda conforman la tendencia que más crece a lo largo y ancho del país, pues sus ideas libertarias y de dignificación del ser humano ante el poder en la actual coyuntura resultan contagiosas. Son varios los líderes políticos y de opinión de oposición que forman parte de este grupo y que plantean se exija la renuncia de Correa.

 Hay también un tercer grupo, igualmente significativo, conformado por el ecuatoriano trabajador de la calle, empleados públicos, y/o emprendedor que están molestos con la situación política y económica, que desean un gobierno distinto, de carácter democrático, que repudian la represión y el abuso de poder del régimen correísta, pero que debido a su ocupación y responsabilidades, en medio de una aguda crisis económica, luchan por su supervivencia y se sienten impedidos de expresar su opinión como desearían. Es un sector que está dispuesto a salir a las calles, pero que para hacerlo espera la convocatoria de un líder o de las organizaciones sociales correspondientes.

Es interesante notar, en base al análisis presentado, que si bien existen diversos intereses y posturas sobre la salida de Correa, estos no superan en términos de impacto político los factores de coincidencia y acuerdo que favorecen un necesario proceso de unidad de los sectores opuestos al régimen.

 Así, por ejemplo, existe completo acuerdo en que Correa ha perdido legitimidad y en que no posee las cualidades necesarias para conducir los destinos del país en la actual situación de crisis nacional. Todos los sectores han expresado su rechazo a la acumulación de poder, la violación de los derechos humanos, la corrupción galopante, el incremento del narcotráfico, el discurso descalificador, racista y denigrante de la identidad ecuatoriana, así como su desacuerdo respecto del manejo de la economía, sus políticas clientelares, el despilfarro de los recursos, el endeudamiento público.

Existe un claro acuerdo, finalmente, alrededor de un factor aglutinador (que se alimenta de todo lo anterior) de la mayoría de la población y líderes políticos: la oposición a que Correa continúe en el poder después del 2017. A todos les preocupa la falta de independencia de  los órganos de control del Estado, pero en particular del Consejo Electoral. Coinciden por ello en su decisión de continuar apoyando las movilizaciones de sus seguidores en las calles hasta que se escuchen las múltiples demandas exigidas por la población. Lo que en términos políticos prácticos representa para Correa una situación muy difícil de aceptar y mantener, en vista del carácter autoritario y represor de su gobierno.

A mi modo de ver, un paso importante que busca rescatar esos elementos de coincidencia de la oposición, para forjar en la práctica un proceso de unidad de acción, de carácter realista y  pragmático, ha sido realizado por la dirigencia del Movimiento Indígena y de los trabajadores durante las recientes históricas marchas y paros del presente mes de agosto, reiterado en la Asamblea Popular en Quito. Con un sentido de suspicacia política frente a la amenaza que significaría librar una lucha por separado contra la dictadura correísta, dicha dirigencia ha convocado a los sectores de oposición a unirse alrededor de una agenda común: el archivo de las enmiendas constitucionales, que incluye la no reelección indefinida, así como de varios otros puntos de especial interés para el movimiento indígena y los sectores populares.

Paso importante que por razones éticas y de supervivencia debería consolidarse aún más, y cristalizarse en la práctica política, en vista sobre todo de la brutal represión emprendida por el gobierno contra el pueblo ecuatoriano, en complicidad con un sector de la policía y las Fuerzas Armadas. Represión criminal que obliga a actuar en función de principios más que de ideología en la lucha contra el correísmo. Proceso de unidad que por dicha razón no debería marginar ni descalificar otros sectores que, aunque de distinta afiliación ideológica,  también han hecho un llamado a la unidad.

A manera de conclusión hay que señalar que probablemente muy pronto será imposible para el gobierno y el país continuar en la situación de crisis política y descalabro económico provocada por el régimen, que se aferra a no escuchar las demandas de la población y a permanecer de manera indefinida en el poder.  Será entonces necesario que todos los ecuatorianos unidos exijamos a los líderes políticos y organizaciones sociales que se unan aún más alrededor de acuerdos puntuales y acciones programadas conjuntas, que convoquen a toda la población y  exijan públicamente una decisión de Rafael Correa sobre las demandas sociales a él planteadas: O acepta archivar las enmiendas constitucionales y su aspiración de permanecer indefinidamente en el poder o presenta su renuncia al cargo de presidente, conforme lo prevé la constitución. Pedido que en virtud de la legitimidad democrática que le brinda la unidad de todos los sectores políticos y la participación popular deberá gozar también del respaldo de las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Es de aspirar que la dirigencia del movimiento indígena, así como del movimiento obrero, sectores sociales y de los sectores medios de la población que lideran las grandes movilizaciones sociales puedan forjar un gran acuerdo nacional con una agenda puntual sobre lo que significará la salida tarde o temprano de Correa, y la reconstrucción de la institucionalidad democrática, que requerirá del esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Agenda que deberá ser lo suficientemente flexible para persuadir al resto de sectores del amplio espectro político, económico y social, a unirse alrededor de la causa común de la libertad y la democracia. En la misma línea estimo que es fundamental que dichos sectores tomen conciencia de que la superación del correísmo demanda la reorientación del actual modelo de desarrollo, hacia uno más incluyente y justo, en el que primen la defensa de los derechos humanos y del individuo. Un estado Plurinacional y multiétnico,  con el que convivan los diversos sectores económicos, políticos y sociales del país, en armonía con la naturaleza, condiciones imprescindibles para el desarrollo sustentable.

La posición en la que queda Correa frente a la cambiante coyuntura política, de creciente descontento, es a todas luces desfavorable tomando en cuenta los negros nubarrones en el ámbito económico. Si bien el tema requeriría un análisis más extenso me permito por ahora señalar que a pesar de la manipulación de las Fuerzas Armadas para reprimir a la población, hubieron señales claras de que no cuenta con el respaldo incondicional de la institución. Mi impresión es que los ciudadanos ecuatorianos que la conforman también repudian a Correa y que en su mayoría preferirían unirse a la lucha popular antes que servir los intereses y caprichos de un dictador perturbado.  Es interesante notar igualmente que incluso la Iglesia Católica, que también se ha expresado a favor de una solución pacífica, rechaza el capricho de Rafael Correa de no negociar con el pueblo ecuatoriano, y de querer permanecer indefinidamente en el poder.